El Gobierno Nacional busca consolidar, en materia tributaria, un sistema de recaudación regresivo donde paguen más quienes menos tienen. Esto queda en evidencia en el proyecto de Presupuesto 2026: mientras casi el 80% de los recursos del Estado se desprenden de los impuestos que recaen sobre salarios, consumo y jubilaciones, Bienes Personales (lo pagan quienes más riqueza acumulan) aporta menos del 1% a la recaudación total. Se suma el reciente anuncio que fija la quita temporal de las retenciones al sector agroexportador, y que beneficia –sobre todo- a los grandes grupos exportadores de la actividad. En otras palabras, la promesa oficial de “menos impuestos” no parece ser para todos ya que, en la práctica, no hay novedades positivas para la mayoría de la población que sostiene una pesada carga mientras se “libera” a los que mayor patrimonio concentran.
De hecho, un punto no menor tiene que ver con la situación del gasto tributario (recursos que el Estado deja de recaudar para promover ciertos sectores, zonas, grupos, pero que se sostienen indefinidamente en el tiempo sin revisión de su impacto y objetivos). En detalle, en el Presupuesto libertario el monto que se pierde de recaudar por esas exenciones impositivas (representan 3,4% del PBI / $35.300.707 millones) más que alcanzaría para cubrir lo asignado por la gestión de Javier Milei a áreas clave como Educación, Asistencia social y Obra Pública (entre todas suman $21.011.173 millones).
Otro ejemplo claro: el dinero que el Estado no recaudará por las exenciones vigentes a empresas de la Economía del Conocimiento -como la reconocida firma Mercado Pago/Mercado Libre- duplica los gastos necesarios para el funcionamiento del Hospital Garrahan.
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Menos peso a los ricos, más a los laburantes
El proyecto de Presupuesto 2026 consolida un programa económico que busca profundizar la recesión como ancla, a la vez que ajusta en partidas sociales y productivas, y aumenta la dependencia de nuestro país con el FMI, el Banco Mundial y -todo indica- con el propio Tesoro norteamericano. En ese marco, un aspecto donde hay que poner la lupa es en la estructura tributaria que puede mejorar o agravar aún más las desigualdades sociales existentes. En ese sentido, el proyecto de Presupuesto del oficialismo profundiza la característica regresiva del sistema tributario, es decir, busca que paguen más quienes menos tienen.
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Un dato concreto: mientras el 78% de los recursos del Estado dependen de los impuestos que recaen sobre los salarios, el consumo y las jubilaciones, el aporte de Bienes Personales (recae sobre la riqueza acumulada) a la recaudación total es menor al 1% y se reduce interanualmente.
Al respecto, el equilibrio de las cuentas al que pretende llegar el gobierno de Javier Milei supone el ingreso de recursos impositivos por $96,2 billones y de Aportes y contribuciones de la Seguridad social por $55,0 billones. “Estas proyecciones se basan en una estimación de recaudación para ambos casos que es 0,47 puntos superior a la proyectada para el año 2025”, explicó un informe de los economistas Claudio Lozano, Jaime Farji y Agustina Haimovich, entre otros.
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De esa manera, según el Presupuesto que comenzará a tratarse esta semana en comisiones del Congreso nacional, la captura tributaria pasaría de 21,3% del PIB en 2025 a 21,7% en 2026, y ese aumento busca “compensar la pérdida de 0,1 puntos del PIB de recaudación patrimonial por Impuesto a los Bienes Personales con nuevos aumentos en los impuestos a los Combustibles (subiría +48% real interanual en 2026) Impuesto a las Ganancias; +7%; al Monotributo impositivo (+17%) y mayores aranceles a las importaciones (+11%)”, explicaron.
Esto significa que, con excepción de la reducción en Bienes Personales -ya prevista en la Ley 27.743- y la decisión de seguir aumentando la carga de los impuestos a los combustibles y a los ingresos de los trabajadores, "el nuevo presupuesto refuerza la política tributaria actual que recae sobre los hombros de los trabajadores y sobre el consumo básico de sectores populares".
Beneficios para pocos
Otro aspecto interesante tiene que ver con lo que sucede con el llamado gasto tributario, que refiere al monto que el Estado deja de recaudar por un tratamiento impositivo diferencial que exime a ciertos grupos, zonas y actividades de algún impuesto.
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En el Presupuesto 2026, estas exenciones llegan a representar el 3,4% del PBI, unos 35.300.707 millones de pesos. Este monto supera con creces el presupuesto destinado a áreas clave del Estado como Educación, Universidades, Asistencia social, Obra Pública y Ciencia, que entre todos ellos suman 21.011.173 millones de pesos.
Por último, dos casos que arrojan claridad sobre las prioridades de la política económica actual: las exenciones a empresas de la Economía del Conocimiento (491.000 millones de pesos) duplican los recursos que serían necesarios para afrontar los gastos de funcionamiento del Hospital Garrahan (230.400 millones de pesos), mientras el dinero que el Estado no recaudará por no cobrar impuesto a las Ganancias al Poder Judicial (880.000 millones de pesos), supera ampliamente al gasto total del sistema penal (665.000 millones de pesos).