La cadena del gas natural comprimido (GNC) contará desde mayo del 2026 con un nuevo esquema de contratos y tarifas a partir de la Resolución 409/2026 del ENARGAS, publicada en el Boletín Oficial.
Según indica el texto, la norma introduce modificaciones de alcance general en el sistema de transporte de gas natural que, en la práctica, impactan sobre la disponibilidad, los costos y la previsibilidad del combustible que utilizan más de un millón y medio de vehículos en el país.
El eje de la medida es un rediseño de las condiciones contractuales y operativas del transporte de gas, en línea con la emergencia energética vigente. El Gobierno justificó la medida en adecuar la infraestructura a cambios en las fuentes de abastecimiento y en la dinámica de las cuencas productivas, lo que se traduce en la obligación para las licenciatarias de celebrar nuevos contratos o adaptar los existentes, con vigencia mínima hasta abril de 2028 y entrada en vigor a partir del 1° de mayo.
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De acuerdo con la resolución del Enargas, este reordenamiento implica un cambio relevante en la lógica de funcionamiento del sistema. Las estaciones de GNC dependen de un suministro estable para sostener precios competitivos frente a las naftas y el gasoil. En ese contexto, cualquier modificación en la asignación de capacidad de transporte o en los costos asociados termina trasladándose al precio final del metro cúbico, con efectos directos sobre la demanda.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la actualización de los factores de carga, que en algunos casos se elevan hasta el 45 por ciento. Se trata de una variable clave en la estructura tarifaria, ya que define cómo se distribuyen los costos del sistema entre los distintos segmentos de usuarios. Para el GNC, este cambio puede implicar una reconfiguración de su ecuación económica, en un contexto donde el diferencial de precios respecto de los combustibles líquidos explica buena parte de su expansión reciente.
Contratos de largo plazo
El Gobierno también avanzó en la consolidación de contratos de transporte firme de largo plazo, con un mínimo de diez años para garantizar el abastecimiento de la demanda no interrumpible. La medida busca otorgar previsibilidad al sistema, aunque al mismo tiempo introduce compromisos más rígidos que podrían trasladarse a los contratos de suministro del sector, reduciendo márgenes de maniobra para estaciones y comercializadores.
En paralelo, la resolución reconoce como servicio firme a los mecanismos de intercambio y desplazamiento de gas, una herramienta que apunta a optimizar el uso de la infraestructura existente. Desde el punto de vista operativo, esta decisión podría mejorar la disponibilidad del recurso en determinadas regiones, especialmente en momentos de alta demanda estacional, aunque su impacto concreto dependerá de la implementación y de las condiciones de mercado.
Según el ente regulador, ese marco había quedado desactualizado frente a la nueva configuración del sistema energético, atravesado por cambios en los flujos de producción y abastecimiento. En particular, el crecimiento de desarrollos no convencionales y la reconfiguración de la oferta introducen tensiones que el Gobierno intenta ordenar mediante una mayor centralización de las condiciones contractuales. El trasfondo de la medida es un mercado en expansión. Impulsadas por la brecha de precios, las conversiones a GNC vienen creciendo con fuerza y en marzo alcanzaron su nivel más alto desde 2022.
El fenómeno se extiende tanto a vehículos particulares como al transporte público y a la logística pesada, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura y obliga a redefinir las reglas de funcionamiento del sistema. De acuerdo con lo manifestado por el sector, una eventual suba de costos derivada del nuevo esquema de transporte podría erosionar la competitividad del GNC, especialmente si se reduce la diferencia con los combustibles líquidos.
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