Las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que reducirán la frecuencia de los colectivos a partir de este miércoles y argumentaron la decisión por no poder afrontar la suba de costos que produjo el fuerte aumento del precio del combustible a raíz del conflicto en Medio Oriente. Desde el Gobierno rechazaron la medida y la calificaron como una estrategia extorsiva para obtener más subsidios.
A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado. En ese marco, advirtieron que la situación se volvió “insostenible”.
“Nos vemos obligados a reducir la frecuencia de los servicios”, indicaron, y agregaron que la medida responde a la “imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación”. Las empresas también cuestionaron la falta de respuesta oficial a los reclamos que, aseguran, fueron realizados previamente. Además, advirtieron que la continuidad del sistema está “en serio riesgo” si no se adoptan medidas urgentes.
Impacto en los usuarios: menos frecuencia y posibles demoras para un servicio encarecido
La reducción de servicios implicará, en la práctica, mayores tiempos de espera y potenciales complicaciones para millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público en el AMBA.
Aunque no se detalló qué líneas serán afectadas, desde el sector anticiparon que la medida comenzará a regir de forma inmediata, lo que genera incertidumbre entre los usuarios. Para peor, la instrumentación de la medida se da en paralelo a una nueva suba en el precio del boleto de las líneas que circulan en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
La actualización se desprende del mecanismo vigente en ambas jurisdicciones, que establece que las tarifas se ajustan mensualmente sumando dos puntos porcentuales al último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Como el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 2,6% en la región del Gran Buenos Aires, el aumento final para los colectivos locales será del 4,6%.
En el Gobierno sostienen que las empresas buscan más subsidios
Según pudo averiguar El Destape, desde el gobierno nacional rechazaron de plano el anuncio y cuestionaron tanto la forma como el fondo de la decisión empresaria. Una fuente cercana al Ministerio de Economía calificó el comunicado como una “medida intempestiva” y señaló que no hubo una notificación formal previa.
“Es más para la tribuna, a modo de extorsión”, afirmaron desde el Gobierno, al tiempo que sostuvieron que el objetivo de las empresas es presionar para obtener un aumento en los subsidios.
Además, remarcaron que en los últimos dos meses se habilitaron incrementos en las tarifas, lo que —según la visión oficial— ya implicó una mejora en los ingresos del sector.
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Detrás de la disputa aparece un problema estructural del sistema de transporte: el equilibrio entre subsidios estatales, tarifas y costos operativos. Mientras las empresas sostienen que el aumento del gasoil desfasó completamente sus cuentas, el Gobierno considera que el sector ya recibió compensaciones a través de subas tarifarias recientes.
La discusión gira en torno a quién debe absorber el impacto de los costos: el Estado, a través de subsidios, los usuarios, mediante aumentos de tarifas, o las propias empresas.
La tensión entre transportistas y el Gobierno no es nueva, pero se intensifica en un contexto de inflación elevada y presión sobre los costos operativos. El precio del combustible, principal insumo del sector, se convirtió en un cisne negro que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio debido al vendaval de la guerra en Medio Oriente que desató Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la recepción de los usuarios también juega un rol central: con salarios que corren por detrás de la inflación, cualquier ajuste tarifario profundiza la depresión de los ingresos.
Por ahora, el conflicto sigue abierto y sin una solución inmediata a la vista. Mientras las empresas avanzan con la reducción de servicios, el Gobierno se mantiene firme en su postura y descarta, al menos por ahora, una actualización de subsidios en los términos que reclama el sector.
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