El funcionamiento de Vialidad Nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. El ajuste, la reducción de recursos y una ola de despidos alteraron de manera profunda la capacidad operativa del organismo encargado de mantener y administrar la red vial del país. La combinación de recortes presupuestarios, pérdida de personal técnico y paralización de obras no solo afecta a los trabajadores, sino también a la seguridad y conectividad en todo el territorio.
El recorte aplicado sobre Vialidad Nacional tuvo un impacto inmediato en su tarea central: el mantenimiento de rutas. Según detalla el informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, la reducción presupuestaria obligó a frenar obras en ejecución, suspender contratos de conservación y limitar tareas básicas como bacheo, señalización y desmalezado.
En un organismo cuya función es preventiva, la falta de intervención temprana acelera el deterioro de la infraestructura vial. El resultado es una red cada vez más degradada, con rutas nacionales en estado crítico y mayores riesgos para el tránsito pesado, el transporte de pasajeros y la producción regional.
Despidos y vaciamiento técnico
Uno de los efectos más severos del ajuste fue la pérdida de personal calificado. Ingenieros, técnicos, inspectores y trabajadores con décadas de experiencia quedaron fuera del organismo o fueron reubicados sin funciones claras.
En diciembre de 2023, Vialidad poseía un total de 5.540 trabajadores en todo el país. A partir de marzo del 2024 comenzaron los despidos, aprietas y sugerencias para que la gente renuncie llegando a un total de 700 desvinculaciones, las cuales contemplan ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas como para mencionar las tareas más destacadas.
Al día de hoy, el organismo posee 4.800 trabajadoras y el gobierno nacional anuncio un retiro voluntario, con el claro objetivo que se desvinculen unas 900 personas (un 20% de la dotación actual), a eso debe sumarse ya 15 meses de sueldos totalmente congelados lo que genera una situación de mucho malestar y de que el sueldo no alcanza.
Para el presupuesto 2026 se consolidó un ajuste en términos reales del 75% comparados al presupuesto del 2023, mientras que durante el 2024 y 2025 se alcanzó una subejecución de casi el 50 %, y encima sin siquiera invertir los fondos específicos que corresponden vía impuesto a los combustibles líquidos.
La reducción de planteles no solo implicó menos manos para trabajar, sino también la pérdida de conocimiento acumulado. El documento advierte que Vialidad Nacional funciona hoy con dotaciones mínimas en muchos distritos, lo que impide realizar controles, supervisar obras tercerizadas o responder con rapidez ante emergencias climáticas.
Parálisis de obras estratégicas
El ajuste también alcanzó a proyectos considerados estratégicos para el desarrollo productivo y la integración federal. Tramos clave de rutas nacionales quedaron inconclusos, con frentes de obra abandonados o ralentizados al extremo. Esta situación afecta de manera directa a economías regionales que dependen del transporte terrestre para sacar su producción, encareciendo costos logísticos y restando competitividad. Además, la paralización de obras genera un deterioro adicional: lo que no se termina, se arruina.
Impacto en la seguridad vial
La combinación de menos mantenimiento, menos personal y obras detenidas tiene una consecuencia directa: el aumento del riesgo vial. Rutas sin demarcación, banquinas destruidas y calzadas deterioradas elevan la probabilidad de siniestros, especialmente en corredores de alto tránsito.
El informe señaló que Vialidad Nacional perdió capacidad de planificación y control, pasando de un rol activo a uno meramente reactivo, condicionado por la escasez de recursos y la urgencia permanente.
Otro efecto del ajuste es el retroceso de la presencia del Estado en el interior del país. Distritos con extensas redes viales quedaron virtualmente desatendidos, dependiendo de soluciones provisorias o del esfuerzo de gobiernos provinciales y municipales.
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Del rol estratégico al funcionamiento mínimo
Históricamente, Vialidad Nacional fue una herramienta clave de integración territorial, desarrollo económico y seguridad vial. Hoy, según el diagnóstico del documento, el organismo opera en modo de supervivencia, concentrado en sostener lo indispensable y sin capacidad real de expansión o modernización.
El ajuste, lejos de ser solo una variable fiscal, modificó de manera negativa el funcionamiento cotidiano del organismo: menos recursos, menos personal, menos obras y menos control. Pero el deterioro de Vialidad Nacional no se agota en el presente. La falta de inversión sostenida genera un pasivo de infraestructura que demandará más recursos en el futuro para ser revertido. Cada año sin mantenimiento adecuado multiplica los costos de recuperación.
En definitiva, el ajuste y los despidos no solo achicaron al organismo: cambiaron para peor su funcionamiento, debilitando una política pública esencial para la conectividad, la producción y la seguridad en todo el país.
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