Yacyreta: investigan a una ex funcionaria de Milei y Macri por haber negociado retiros millonarios

Dolores Dolberg fue dos veces funcionaria nacional de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la represa que comparten la Argentina y Paraguay.

09 de abril, 2025 | 16.57

Los últimos días en la represa Yacyretá del lado argentino están siendo movidos por denuncias de irregularidades. Los cañones apuntan a Dolores Dolberg, secretaria del Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el organismo que comparten Argentina y Paraguay que administra la represa. Dolberg había sido nombrada por primera vez en la EBY en 2016 con el respaldo del gobierno de Mauricio Macri y se retiró en 2018. Pero la misma abogada fue nombrada en 2024 bajo el paraguas político del ex secretario de Energía de Javier Milei, Eduardo Rodriguez Chirillo. La funcionaria cercana a Macri que asumió en la EBY el año pasado en representación del gobierno argentino se volvió a retirar este año.

A Dolberg se la acusa de recibir dos retiros voluntarios por los cuales cobra una suma de 12 millones de pesos mensuales hasta su jubilación. La denuncia se publicó en La Política Online. Pero, ahora, la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo, y en particular a la Secretaría de Energía, para que aclare la situación laboral de la secretaria de la EBY.

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Dolberg se habría acogido al programa de retiro voluntario en 2018, por el cual habría cobrado 2 millones de pesos durante cuatro años. En este caso, el director de la EBY por parte del gobierno argentino era el misionero Martín Goerling.

Pero Dolberg también habría hecho lo mismo en 2025, acumulando en total 12 millones de pesos por mes ente ambos retiros. En este caso, el director ejecutivo argentino actual es Alfonso Peña, cercano al ex presidente Macri y nombrado ni bien asumió Milei en la Casa Rosada. Incluso, en esta última etapa una de las tareas que tenía Dolberg era justamente diseñar el esquema de retiros voluntarios para los trabajadores de la EBY.

Colaboradores de Stolbizer señalaron a El Destape que “este caso no es el único. Nosotros ya tuvimos casos en distintas áreas sobre situaciones de conflicto de intereses de funcionarios del gobierno nacional”. Y añadió que “(el de Milei) es un gobierno que transita una línea delgada entre los funcionarios que vienen del sector privado y que ocupan cargos públicos, pero que terminan generando regulaciones en favor de los sectores donde estuvieron trabajando hasta antes de ser nombrados funcionarios nacionales”.

“Vemos malos desempeños de funcionarios que ponen en juego los recursos públicos de empresas y organismos nacionales que, según ellos, es donde quieren reducir el gasto público, pero en muchos de ellos, como en Yacyretá, vemos gastos innecesarios con funcionarios que cobran lo que no deberían cobrar”, señalaron cerca de Stolbizer.

“En caso de confirmarse la veracidad de la información publicada estamos frente a un hecho de gravedad administrativa, institucional y política que permite que funcionarios públicos se beneficien con recursos del Estado, dictando normas para favorecer sus propios intereses, generando una manifiesta incompatibilidad por parte de quien, sin ningún miramiento, decide moldear las políticas públicas según su conveniencia”, señalan los fundamentos del pedido de informe de Stolbizer, quien también pidió el acompañamiento a los demás diputados “en post de garantizar el acceso a la información pública y la transparencia en los asuntos públicos”.

Pedido de informe

El pedido de informe de la diputada fue presentado hace poco más de una semana. Solicita que se aclare si Dolberg “se ha acogido al Programa de Retiro Voluntario ofrecido por la mencionada entidad al personal de la Margen Izquierda, mediante la Resolución N°2687/2024, de fecha 26/7/2024”. En caso afirmativo, dice el pedido de Stolbizer, le pide al gobierno que “indique los términos de la adhesión al programa en función de su posición dentro de la estructura escalafonaria y de su antigüedad del organismo y de su antigüedad en el mismo”.

También pide que se informe si un agente de la EBY que haya aceptado voluntariamente ser parte de un programa de retiro puede seguir ocupando un cargo de índole político dentro de la entidad. Además, le reclama al gobierno nacional que indique si Dolberg “se ha acogido a los beneficios de un Programa de Retiro Voluntario anterior al actual promovido por la EBY para sus empleados”.

Esta situación cobra mayor gravedad en un contexto de ajuste del gasto público como el que implementa el Gobierno de Javier Milei. Más de 40.000 empleados públicos despedidos, infinidad de programas y áreas de gobierno desfinanciadas, reducción de beneficios en medicamentos para los adultos mayores, incrementos de tarifas de los servicios públicos, suspensión de la obra pública, pérdida de fuentes de empleo y del poder adquisitivos de los salarios y de las jubilaciones son sólo algunos indicadores del gobierno de la Libertad Avanza”, subraya el pedido de informe.