La situación salarial de los trabajadores estatales de San Luis continúa deteriorándose. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la responsabilidad es del gobernador Claudio Poggi tras aplicar recortes que provocaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo, salarios por debajo de la línea de pobreza y un creciente nivel de endeudamiento entre los empleados públicos.
"Este Gobierno como ninguno en el resto del país inicia su gestión diciembre de 2023 pagando el sueldo en cuotas. Ningún otro gobierno lo hizo", aseguró a El Destape el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica. "Solamente en el año 2024 se perdió más del 60% del salario con relación a la inflación", explicó y remarcó que, al menos hasta junio de este año, desde diciembre 2023, se perdieron “casi 90 puntos” en relación a la inflación según datos del INDEC.
En el año de 2024, aseveró Gatica, la provincia estableció un superávit de 180.000 millones de pesos durante todo el año, lo que equivale a tres masas salariales completas que la provincia habría ahorrado al no pagarle el aumento salarial de los trabajadores del Estado, además de recortar los presupuestos en educación, salud y otros ministerios.
“Se mandó una carta documento al Gobierno provincial porque, hasta hace unos días, en la página del Banco Central de la República Argentina estaban publicados los fondos que tenía San Luis del año 2025; había 32 millones de dólares y 2.300 millones de pesos que el Banco Central de la República Argentina publicaba como que era la plata que tenía la provincia”, señaló Gatica al remarcar la contradicción entre el dinero que tendría la provincia y los pocos aumentos que se les dio a los trabajadores.
"En esta provincia no hay paritaria, los gremios estatales pidieron ámbitos de diálogo con el Gobierno provincial, pero Poggi no escucha los reclamos", repasa Gatica. “No se puede negar que Nación ajusta a las provincias con las coparticipaciones. Pero a ese ajuste la provincia produce otro ajuste más sobre los trabajadores estatales”, detalló mientras recuperó la construcción de una mesa intersindical.
La compleja situación socioeconómica de la provincia, advirtió Gatica, empujó a que "seis de cada diez trabajadores hoy tienen que endeudarse para cubrir sus necesidades mínimas acá en nuestra provincia". Sobre ello, precisó que el 30% de ese sector, es decir, tres de cada diez empleados, ya se encuentra en situación de mora absoluta, lo que los deja excluidos del acceso a créditos y tarjetas tras haber suspendido sus pagos para poder priorizar la cobertura de la canasta básica.
Los números que preocupan
El sindicato comparó la inflación acumulada y los incrementos salariales. Según la información difundida, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 228,5%, mientras que los salarios de los trabajadores estatales aumentaron un 138,77% en el mismo período.
Asimismo, el INDEC informó que el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles registró una suba acumulada del 497,2%; Educación aumentó un 402,5%; Comunicación, un 352%; Bienes y servicios varios, un 268,8%; Transporte, un 261,2%; Salud, un 217,9%; Recreación y cultura, un 205,4%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 199,4%; y Prendas de vestir y calzado, un 126%.
Los salarios, a la baja
El conflicto se profundizó luego de que el gobernador Claudio Poggi anunciara, a finales de marzo de este año, que los salarios estatales serían abonados mediante un "fondo anticrisis" y anticipara la posibilidad de aplicar nuevos recortes. El mandatario defendió esa decisión al sostener que se trata de una herramienta financiera prevista por la Provincia para afrontar el actual contexto económico.
Frente a ese planteo, ATE cuestionó la justificación oficial y sostuvo que los informes publicados por el Ministerio de Economía de la Nación muestran una situación financiera provincial que, según el gremio, no respalda la necesidad de aplicar un ajuste sobre los trabajadores. Por ese motivo, el sindicato envió una carta documento al Gobierno provincial para exigir precisiones sobre el estado de las cuentas públicas y las razones de las medidas anunciadas.
Finalmente, Gatica detalló que desde el organismo reclaman a Poggi una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido, el pase a planta permanente de trabajadores, recategorizaciones y el cese de todas las formas de violencia laboral.
San Luis y su delicado momento en gestión
Desde la asunción de Claudio Poggi en diciembre de 2023, San Luis enfrenta una profunda crisis socioeconómica: marcada por la pérdida de 344 empresas registradas hasta marzo de 2026, y una caída del 7,22% que supera la media nacional del 5,2%. Este retroceso se alinea con una baja del 8% en el empleo formal (4.417 puestos menos), un desplome del 51,5% en el salario real docente y un aumento de la pobreza en el Gran San Luis al 30,1%.
El impacto es especialmente severo en la construcción, que sufrió una contracción interanual del 10,5% en el empleo por la paralización de la obra pública, afectando a toda su cadena de valor local; una realidad que contrasta con la postura del gobernador, quien niega la existencia de una crisis económica provincial.
En ese marco, entre 2023 y 2026, San Luis lideró la caída del salario real docente con un desplome del 51,5% de su poder adquisitivo, muy por encima del 34,4% de Salta y a contramano de mejoras como la de Santa Cruz con el 13,6%, lo que requeriría una recomposición del 106,1% para recuperar lo perdido. Este ajuste se inscribe en un contexto donde la pobreza en el Gran San Luis alcanzó el 30,1% y la canasta básica superó los $1.400.000, lo que llevó a ATE a denunciar sueldos estatales por debajo de la línea de pobreza, una realidad que el gobernador Claudio Poggi insiste en negar al rechazar que exista una crisis económica.
Finalmente, la situación de la salud pública no es mucho mejor. ATSA San Luis denunció una pérdida del 50% en el poder adquisitivo del sector salud y advirtió sobre medidas de fuerza ante la falta de respuestas de Claudio Poggi. El gremio ejemplificó que un sueldo de enfermería de marzo de 2024 ($584.115,53) debería llegar a $1.160.387,33 en abril de 2026 para no perder contra la inflación. Este reclamo se da en una provincia con la pobreza récord del 30,1%, inflación del 33,5% (superior a la nacional), caída del empleo industrial y un recorte de fondos nacionales de $1.183.000 por habitante; indicadores críticos que el gobernador insiste en negar.
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