El diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, criticó duramente las políticas del Gobierno de Javier Milei, especialmente aquellas orientadas a desfinanciar y cerrar organismos claves para el desarrollo del país, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el legislador advirtió que estas decisiones “no sólo afectan la renta económica, sino también la renta social”, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a pequeños y medianos productores.
“El INTA ha sido una herramienta fundamental para garantizar el acceso a tecnología y conocimiento para aquellos productores que el gran mercado no considera rentables. Ha tenido una estructura participativa donde los productores y el Estado, tanto nacional como provinciales, generaron soluciones tecnológicas para mantenerlos dentro del sistema productivo”, explicó el funcionario.
En este sentido, el exministro calificó las decisiones del Gobierno nacional como un acto de “violencia” ejercido con “destrato y desaprensión social”. Para Basterra, el cierre y desfinanciamiento del INTA, sumados a los recortes en ciencia, tecnología y educación universitaria, constituyen “un proceso de destrucción de las bases científicas y tecnológicas que profundiza la dependencia externa”.
“Nuestro pueblo no será libre si no desarrollamos el conocimiento. Atentar contra el INTA, las universidades y la ciencia es atentar contra el ser nacional. Argentina es uno de los pocos países con cinco premios Nobel, todos surgidos de la universidad pública. Desmantelar esto es entregar nuestra soberanía tecnológica y territorial”, sostuvo.
Basterra también reflexionó sobre el contexto social y político que permitió la llegada de Milei al poder: “Es cierto que veníamos de una situación económica compleja y que la gente decidió castigar a quienes no respondieron a sus expectativas. Pero creo que Argentina no se merecía tener un Presidente que entrega absolutamente la soberanía del país”.
En cuanto a la política económica, el legislador cuestionó las recientes declaraciones de Milei ante la Sociedad Rural. “Ese espacio representa claramente un interés sectorial que celebra su abordaje ideológico. Milei se jacta de haber eliminado las retenciones a las economías regionales, pero lo que hizo fue aumentarlas al inicio de su gestión para luego bajarlas al nivel que estaban durante nuestro gobierno. Es un acto de pura demagogia”, subrayó.
Finalmente, Basterra ratificó que “las retenciones deben existir bajo un sistema equitativo y justo, sectorizadas por tamaño de explotación, regiones y productos, hasta que la economía pueda fluir normalmente. Ningún país desecha este tipo de instrumentos”.
Los datos económicos de la provincia
Según un reciente análisis publicado por la Consultora POLITIKÉ con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, Formosa es la provincia con menor desigualdad económica en la región del NEA de acuerdo al Índice de Gini. Este indicador refleja una distribución de ingresos familiares más equitativa que en la mayoría de las provincias del país, incluso a pesar de la pérdida de poder adquisitivo registrada en todo el territorio argentino.
La menor dispersión de los ingresos en Formosa durante 2024 destaca el esfuerzo de la provincia por mantener un equilibrio en su estructura económica, lo que se traduce en una menor brecha social en comparación con otras jurisdicciones del país.
En cuanto al análisis del salario promedio en el sector público del Norte Grande, basado en los datos del cuarto trimestre de 2024, Formosa se posiciona como el cuarto aglomerado con los mejores salarios de la región. Solo Salta, Corrientes y Posadas superan a la provincia en este aspecto. Este análisis incluye a los empleados públicos de organismos nacionales, provinciales y municipales, así como a personal de las fuerzas de seguridad, salud y educación.
El informe refleja que Formosa logró mantener una competitividad salarial dentro de la región del Norte Grande, lo que refuerza su capacidad para retener talento humano y brindar mejores condiciones laborales para los empleados del sector público, un factor importante para el bienestar de la población y la estabilidad social.
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