Mientras los diputados de La Libertad Avanza en Formosa votaron en contra y criticaron públicamente la Ley de Emergencia Pública, el municipio libertario de Las Lomitas decidió adherirse formalmente a esa misma norma para garantizar funcionamiento, financiamiento y previsibilidad administrativa.
La decisión quedó oficializada en el Boletín Oficial provincial N.º 12.945. Allí consta que el intendente Pablo Basualdo firmó el Decreto Municipal N.º 1.645 adhiriendo a la Ley Provincial N.º 1.746/2025, que prorrogó la Emergencia Pública Provincial hasta el 31 de diciembre de 2027.
El dato político cobra mayor relevancia porque Basualdo forma parte del espacio libertario y es hijo del diputado nacional Atilio Basualdo, uno de los principales referentes de ese sector en la provincia.
La situación generó cuestionamientos debido a que, mientras el municipio se acogía a la ley, los diputados provinciales libertarios Mara Amarilla Venturini, Emilia Maciel y Esteban López Tozzi rechazaban públicamente la herramienta y votaban en contra en la Legislatura junto a sectores aliados del radicalismo.
Desde La Libertad Avanza vienen sosteniendo que las leyes de emergencia otorgan facultades extraordinarias al Estado y representan mecanismos de concentración de poder. Sin embargo, en Las Lomitas la propia gestión libertaria terminó adhiriendo formalmente a esa herramienta para sostener el funcionamiento municipal.
El Ejecutivo local sostuvo que “corresponde adherirse a la precitada norma legal” teniendo en cuenta la situación actual del municipio y el carácter de orden público de la ley provincial. Además, la decisión fue ratificada posteriormente por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza Municipal N.º 932, aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria, lo que dejó en evidencia un amplio respaldo político local a la medida.
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Quién es Atilio Basualdo
El intendente Basualdo, quien inició su carrera política dentro del Partido Justicialista, dio un giro hacia LLA con el impulso de la exdiputada provincial Gabriela Neme, y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, quienes lo promovieron y respaldaron en esta transición política. Sin embargo, este apoyo no sirvió en su momento: como candidato para convencional constituyente en las elecciones provinciales, su fórmula solo sacó el 11,21%, frente al 67,33% que cosechó la fórmula peronista.
En paralelo a su proyección electoral, Basualdo se vio envuelto en episodios que generaron controversias en la provincia. Uno de los más resonantes está vinculado a un presunto pedido que habría realizado al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de un gendarme. Este agente había encabezado un operativo exitoso contra el contrabando en Las Lomitas, donde fueron decomisados productos que, según la denuncia, habrían sido enviados por el yerno del propio intendente. La solicitud de apartarlo del distrito, interpretada como una maniobra para proteger intereses personales, habría contado con la anuencia de la cartera nacional dirigida por Patricia Bullrich.
Otro cuestionamiento recae en su actividad empresarial. Basualdo es propietario de BM Combustibles, una estación de servicio emplazada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86. De acuerdo con la documentación judicial, la ocupación de esos predios es ilegal. La Dirección Nacional de Vialidad promovió una causa de desalojo y logró resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia. No obstante, la medida aún no fue ejecutada por la administración nacional, lo que mantiene el litigio abierto y en suspenso.
El caso más grave que lo involucra es investigado por la jueza Gabriela Plazas. Basualdo enfrenta acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. El hecho se originó durante un operativo policial en el que un empleado municipal embistió con su vehículo a efectivos de la policía provincial, ocasionando heridas y dándose luego a la fuga. Aunque el acusado permanecía prófugo, fue fotografiado en una fiesta junto al intendente, lo que alimenta sospechas de encubrimiento y protección política.
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