La crisis institucional en la Universidad Nacional de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el procesamiento judicial del rector Augusto Parmetler y su suspensión por 90 días. La decisión, vinculada a la designación de su esposa en un cargo no docente sin concurso, profundizó el conflicto interno dentro de la casa de estudios y encendió nuevas alarmas sobre el funcionamiento institucional de la universidad.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ANTUF), el secretario general Milciades Olmedo advirtió que la situación refleja una “crisis interna gravísima” y cuestionó directamente las irregularidades denunciadas hace años dentro de la gestión universitaria.
La causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada en 2020 por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Según explicó Olmedo en comunicación con NEA Hoy, el eje del expediente gira en torno a la incorporación irregular de personal sin respetar los mecanismos establecidos por el convenio colectivo universitario.
“El ingreso a la universidad tiene que ser por concurso. Eso no se cumplió”, sostuvo el dirigente gremial al referirse a la designación de la esposa del rector en un cargo no docente. Olmedo remarcó además que la medida judicial alcanza a ambas partes involucradas. “La suspensión es para los dos: uno por haber nombrado y la otra por aceptar el nombramiento”, señaló.
El titular de ANTUF aclaró que el procesamiento no implica el cierre definitivo de la causa y anticipó que el expediente continuará en instancias superiores. “Seguramente será apelada y seguirá avanzando judicialmente”, explicó.
Sin embargo, desde el gremio aseguran que el problema excede el expediente puntual y responde a una disputa interna mucho más profunda dentro de la universidad. “Lo preocupante es todo esto que está haciendo implosión en nuestra universidad de adentro hacia afuera. Hay un problema interno gravísimo y judicial”, advirtió Olmedo.
Persecución ideológica y abuso de poder: el método UNaF
La tensión institucional dentro de la UNaF viene escalando desde hace meses y ya incluye denuncias cruzadas, conflictos en el Consejo Superior y cuestionamientos por sanciones y juicios académicos contra docentes. “Hay más de 50 docentes sometidos a juicio académico por opinar distinto. Eso es inédito en el sistema universitario nacional”, denunció Olmedo, quien alertó sobre un clima interno cada vez más conflictivo.
Según informó la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cerca de 50 docentes investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) fueron denunciados de forma simultánea por "incompatibilidad ideológica" con las actuales autoridades universitarias.
Olmedo también expresó preocupación por el escenario abierto tras la suspensión del rector y advirtió sobre riesgos institucionales para el funcionamiento normal de la universidad. “Estamos en una incertidumbre que puede ser peligrosa. El comunicado del rector intenta mostrar normalidad, pero no está en plenitud la institucionalidad”, sostuvo.
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Recientemente, el rector también suspendió a tres decanos, medida que fue rechazada de manera contundente por los propios afectados, quienes denunciaron irregularidades en el proceso y persecusión política detrás de la resolución.
Los decanos suspendidos —Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria— cuestionaron la legalidad de su apartamiento y advirtieron sobre un “grave daño institucional” que, según sostuvieron, impacta no solo en las autoridades académicas, sino también en docentes, estudiantes y el normal funcionamiento de la universidad.
El último conflicto en el que se vieron envueltas las autoridades universitarias tuvo lugar cuando la Justicia Federal resolviera restituir a estudiantes que habían sido suspendidas por el rector tras participar de protestas vinculadas al funcionamiento del comedor universitario.
La situación se originó a partir de reclamos relacionados con el servicio del comedor universitario, donde estudiantes denunciaron problemas vinculados a la reducción de viandas y restricciones en el acceso al beneficio. De esta forma, la justicia señaló el alcance de los derechos estudiantiles en el ámbito universitario.
Con estos antecedentes, Olmedo pidió acelerar los tiempos judiciales y avanzar en todas las investigaciones abiertas dentro de la universidad, incluidas las denuncias impulsadas por el propio Parmetler contra decanos y otros sectores internos. “Exigimos que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que la universidad pueda funcionar con normalidad”, concluyó el dirigente sindical.
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