La Defensoría del Pueblo de Formosa rechazó la derogación de la Ley de Tierras porque "implica la entrega de recursos"

La Defensoría del Pueblo de Formosa expresó su rechazo al proyecto de ley denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que su aprobación implicaría un cambio profundo en el régimen de control de las tierras rurales y la "entrega de recursos naturales" estratégicos.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, sostuvo que la iniciativa constituye una nueva "ley ómnibus" porque modifica distintas normativas y, según afirmó, afecta especialmente a los sectores más vulnerables. En ese marco, señaló que uno de los principales objetivos del proyecto es derogar los artículos de la Ley Nacional de Tierras que establecen límites a la compra de grandes extensiones por parte de personas y empresas extranjeras.

Según explicó el funcionario, actualmente existen en Argentina alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie equivalente al territorio de la provincia de Santa Fe y que representa aproximadamente el 5% del territorio nacional. Además, aseguró que la legislación vigente todavía permitiría la adquisición de otros 26 millones de hectáreas sin necesidad de modificar la norma, por lo que rechazó el argumento de que las restricciones actuales desalientan las inversiones.

Ante el inminente tratamiento del proyecto en el Senado, la Defensoría remitió notas formales a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel; al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y a los titulares de los distintos bloques parlamentarios, solicitando el rechazo de la iniciativa.

Desde el organismo provincial advirtieron que la aprobación del proyecto no solo debilitaría la soberanía nacional, sino que también facilitaría la apropiación de recursos naturales por parte de intereses extranjeros. En ese sentido, Gialluca sostuvo que la mayoría de los países del mundo mantienen restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros, especialmente en zonas consideradas estratégicas.

El ombudsman afirmó que el debate no gira en torno al derecho de propiedad privada, sino al control de recursos naturales vinculados al desarrollo nacional. En esa línea, remarcó que muchas inversiones extranjeras se concentran en regiones fronterizas donde existen reservas de bosques nativos, yacimientos minerales, corredores logísticos y áreas relacionadas con el Sistema Acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios de agua dulce del planeta.

Asimismo, alertó que Formosa sería una de las provincias más expuestas a los efectos de una eventual reforma debido a sus características geográficas. Recordó que cerca del 60% de sus límites corresponden a fronteras internacionales, lo que convierte a su territorio en un espacio de alto valor estratégico desde el punto de vista productivo, ambiental y geopolítico.

Finalmente, Gialluca advirtió que la sanción de la ley posibilitaría que grandes corporaciones internacionales adquieran de manera ilimitada tierras rurales en la provincia, incluyendo zonas vinculadas al Acuífero Guaraní y a la Cuenca del Río Pilcomayo, por lo que insistió en que el proyecto representa un riesgo para la soberanía y el control de los recursos naturales del país.