Formosa se ubicó entre las cuatro provincias con menor stock de deuda pública del país durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un informe privado sobre la situación financiera de las jurisdicciones. El pasivo de la provincia representa apenas el 0,1% del total de las deudas consolidadas por los distritos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El desempeño también se destacó por la evolución de la deuda en el último año. Formosa redujo un 14,9% su pasivo en términos reales respecto del mismo período de 2025, una de las mayores bajas registradas entre las provincias y la segunda más importante del NEA, detrás de Corrientes. La reducción le permitió ubicarse entre las jurisdicciones que más achicaron sus compromisos financieros durante el período analizado.
La situación se enmarca en una política fiscal que la provincia sostiene desde hace más de dos décadas. Formosa acumula 24 años consecutivos de resultados financieros superavitarios y, según los datos oficiales citados en el informe, cerró 2025 con un resultado positivo equivalente al 1,2% de sus ingresos. Durante el primer trimestre de 2026, ese superávit alcanzó el 4,6%.
Uno de los ejes de esta política es la decisión de no recurrir al endeudamiento para financiar gastos corrientes. El crédito se reserva para proyectos de infraestructura considerados estratégicos, con financiamiento de organismos multilaterales y plazos extendidos. Esta estrategia también se refleja en el nivel de deuda por habitante: Formosa registra un stock per cápita de $48.076, frente a un promedio nacional de $703.608.
El escenario provincial contrasta con la situación general de las finanzas públicas de las jurisdicciones. Durante el período analizado, la deuda del conjunto de las provincias con el Estado nacional aumentó un 21,7%, mientras que las transferencias totales recibidas por los distritos registraron una caída del 18% entre 2023 y 2026, de acuerdo con los datos citados en el informe.
En este contexto, la situación fiscal de Formosa adquiere una dimensión particular: mientras la provincia redujo su nivel de endeudamiento y mantiene una política de equilibrio de sus cuentas, las administraciones provinciales enfrentan un escenario de menores recursos provenientes de Nación. El contraste plantea un desafío para las economías regionales, que deben sostener sus gastos y niveles de actividad en un contexto marcado por el ajuste y la reducción de las transferencias.
Las provincias en la era Milei
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional, las provincias enfrentan una caída sostenida de los recursos que reciben de Nación, en un escenario marcado por el ajuste fiscal y el retroceso de la actividad económica. Durante el primer trimestre de 2026, las transferencias totales a las jurisdicciones cayeron un 8,3% real interanual, mientras que la menor recaudación también impactó sobre los fondos coparticipables.
La reducción de recursos se suma a los recortes en las transferencias discrecionales y a la paralización de obras públicas, lo que profundizó las dificultades financieras de distintas administraciones provinciales. En ese contexto, algunos gobernadores debieron recurrir a anticipos de coparticipación para afrontar gastos corrientes y vencimientos de deuda, mientras crece el reclamo por la falta de fondos nacionales y la pérdida de capacidad para sostener políticas públicas e infraestructura.
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