El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, informó que el Gobierno nacional recibió otro revés judicial que lo obliga a pagar en octubre las pensiones por discapacidad suspendidas en la provincia. La Cámara Federal de Resistencia rechazó el Recurso Extraordinario Federal y elevó lo dispuesto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el organismo evalúan que el presidente Javier Milei tiene cada vez menos instancias y exigirá el pago retroactivo desde su suspensión.
El Organismo de la Constitución provincial llevó tranquilidad a miles de beneficiarios formoseños anticipando el pago de la pensión. Pese a que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) notificó que se reanudarán entre el 8 y 9 de octubre, el organismo provincial expresó que la medida constituye una “burla descarada” hacia las personas con discapacidad y anunció que continuará con acciones judiciales.
La decisión se enmarca en un amparo colectivo presentado por la Defensoría junto a los beneficiarios afectados. En agosto, la jueza federal N° 1 de Formosa, Belén López Macé, había ordenado a la ANDIS restituir los haberes en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el organismo nacional —representado por la abogada Luisa Armoa— recién ahora presentó un cronograma administrativo que culminaría con el pago en la segunda semana de octubre.
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, había calificado la situación como una “retención arbitraria e ilegal” y recordó que la suspensión de las pensiones respondió a una auditoría “cuestionada por presuntas irregularidades y manejos fraudulentos”. “Hablamos de personas con discapacidad no laborativa a quienes se les retuvo su único ingreso, en muchos casos sin previo aviso. El nivel de crueldad que se exhibe es alarmante”, señaló en comunicación con medios locales.
Si bien la Defensoría celebró que se abone entre el 8 y 9 de octubre, advirtió que seguirá reclamando sanciones económicas más severas contra la ANDIS hasta que se abonen la totalidad de las pensiones. En este sentido, Gialluca adelantó que pedirá el mantenimiento y aumento de las multas impuestas, al considerar que las actuales “no resultan suficientes para garantizar el cumplimiento de la sentencia”.
El funcionario también anticipó que se impulsará una causa penal contra el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, a quien responsabiliza por el incumplimiento de la orden judicial. Además, informó que se notificará a la titular de la UDAI Formosa de la ANSES, Patricia Arias, para que tome conocimiento de la situación.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de continuar con todas las vías legales hasta lograr la restitución plena de los haberes y la responsabilidad penal de los funcionarios nacionales involucrados. “No vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad, que son quienes más necesitan de la protección del Estado”, concluyó Gialluca.
MÁS INFO
El operativo gratuito en la restitución de las pensiones
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició este lunes en su sede de Formosa capital un operativo especial para asistir de manera gratuita a las personas que fueron dadas de baja arbitrariamente de sus pensiones por discapacidad. La atención se mantendrá hasta el viernes 26 de septiembre.
El procedimiento surge a partir de una medida cautelar judicial obtenida por la Defensoría del Pueblo de Formosa, que intervino al detectar que el Gobierno nacional había dado de baja pensiones sin auditorías previas ni instancias de descargo, lo que fue considerado irregular por la Justicia. Gracias a estas gestiones, se logró además extender el plazo para la presentación de la documentación correspondiente.
Según informaron medios locales, las pensiones restituidas se abonarán con retroactivo e incluirán los haberes de julio, agosto y septiembre para todos los beneficiarios alcanzados por la medida. Para completar el trámite, quienes se acerquen a la oficina de ANSES deberán presentar la documentación que respalde su situación dentro de un plazo de 90 días; de lo contrario, la pensión volverá a interrumpirse.
Desde la Defensoría del Pueblo destacaron que el operativo resulta clave para proteger a las personas afectadas y evitar que queden desamparadas. Subrayaron que la medida permitió restituir los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que nadie pierda su cobertura económica por una decisión administrativa arbitraria.
Cerrar sesión