La consultora POLITIKÉ analizó las tarifas eléctricas en todo el país y observó el valor de las facturas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kWh/mes en hogares de ingresos bajos y medios, a partir del último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET. Los resultados muestran que la factura eléctrica promedio en Argentina es de $41.097 para hogares de ingresos bajos y de $47.868 para hogares de ingresos medios.
Al analizar los datos por provincia, se observa que Formosa es la segunda jurisdicción del país con la factura eléctrica más baja para ambos niveles de ingreso. Los valores a octubre de 2025 son de $14.813 para hogares de ingresos bajos (N2) y $19.586 para hogares de ingresos medios (N3).
Esta situación se explica, en parte, por el subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías N2 y N3, señalaron desde POLITIKÉ.
Desde la consultora señalaron que este subsidio cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura determinado por el Gobierno nacional. En el caso de los hogares de ingresos bajos (N2), el VAD representa alrededor del 32% del total de la factura, por lo que el usuario solo abona aproximadamente $10.072,84.
De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica dispuesto por el Gobierno nacional, lo que posiciona a Formosa como la segunda provincia con la tarifa eléctrica más baja del país, según destacó la consultora POLITIKÉ.
Modernización laboral y tensiones por la desregulación
Además, POLITIKÉ examinó distintos aspectos del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, que propone una profunda actualización del marco laboral, introduciendo modificaciones sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y en la Ley de Trabajo Agrario N° 26.727.
Desde la consultora explicaron que la normativa laboral vigente en Argentina se fundamenta en el Principio Protectorio, que contempla la regla del in dubio pro operario (ante la duda, se falla en favor del trabajador) y el Principio de Irrenunciabilidad, por el cual los derechos mínimos reconocidos no pueden ser renunciados ni reducidos.
Este proyecto introduce modificaciones que socavan estos principios, trasladando riesgos y costos hacia el trabajador y reduciendo el costo laboral para el empleador, especialmente en el ámbito previsional e indemnizatorio, marcaron.
Asimismo, puntualizaron que la reforma implica un riesgo sistémico para los derechos laborales, concentrado en tres aspectos principales. Primero, el riesgo de “salario gris”, ya que la ampliación de ítems no remunerativos (como beneficios en medicina o tecnología) disminuye las contribuciones sociales y, por ende, el salario computable para la jubilación y la indemnización por despido. Segundo, el riesgo de desprotección judicial, dado que el tope a los intereses y el pago en cuotas de sentencias laborales desvalorizan los créditos y debilitan la función reparadora de la justicia. Por último, el riesgo de pérdida de calidad de vida laboral, a través del banco de horas que flexibiliza la jornada y otorga mayor discrecionalidad a las empresas sobre el tiempo del trabajador.
En conjunto, el proyecto plantea un escenario que prioriza la reducción de costos empresariales, pero a expensas de la estabilidad, el descanso y la seguridad económica de los trabajadores, debilitando los mecanismos históricos de protección que equilibraban la relación entre capital y trabajo en el país, señalaron desde POLITIKÉ.
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