El titular de REFSA S.A., Fernando De Vido, rechazó las versiones que atribuyen a la provincia de Formosa la responsabilidad por el encarecimiento del servicio eléctrico. Según explicó, el esquema tarifario depende exclusivamente de decisiones del Gobierno nacional. “Ni REFSA ni la provincia de Formosa son responsables de los elevados costos en la generación y transporte de la energía”, sostuvo el funcionario al medio local GUAU.
El funcionario aclaró que tanto la generación como el transporte de energía tienen costos definidos por Nación. En ese sentido, remarcó que ni la empresa provincial ni el gobierno local tienen injerencia en esos valores. Fue así como De Vido puso el foco en la evolución de los precios desde la llegada de Javier Milei al poder. Según detalló, el costo de la potencia pasó de 80 mil pesos por megavatio en diciembre de 2023 a 8 millones en la actualidad: "El sistema eléctrico está estrictamente regulado”.
“El aumento fue de 100 veces. Está publicado en el Boletín Oficial”, enfatizó sobre la magnitud del impacto en las tarifas de luz que reciben los usuarios. Además, explicó que gran parte del monto que pagan los usuarios no queda en la provincia, sino que se transfiere directamente al Estado nacional, tanto por el costo energético como por el IVA del 21%.
Subsidios y menor cobertura: el impacto en los usuarios
Uno de los puntos más sensibles señalados por el funcionario es la reducción de subsidios dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. De Vido advirtió que hubo cambios en el esquema que afectan directamente a los consumidores. Entre ellos, la disminución del tope subsidiado: en verano era de 550 kWh, pero desde marzo bajó a apenas 150 kWh.
Esto implica que más consumo quedará fuera del subsidio, lo que se traducirá en nuevas subas en las boletas. “La próxima factura vendrá con aumentos no solo por el precio, sino porque se subsidia mucho menos”, alertó.
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El titular de REFSA también cuestionó el modelo energético nacional, al considerar que los recursos “se transfieren a una minoría” y que existe una fuerte concentración en pocas empresas del sector. En esa línea, defendió el carácter estatal del servicio en la provincia: “En Formosa no está privatizado”, diferenció el esquema local del nacional.
Finalmente, reconoció el malestar social por el impacto de las tarifas de luz, pero insistió en la necesidad de “individualizar responsabilidades” y entender el origen de los aumentos en las políticas económicas implementadas a nivel nacional.
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