Luego de conocerse un proyecto de ley que propone una reducción del 100% de los impuestos a los combustibles líquidos para la Patagonia, la Defensoría del Pueblo de Formosa solicitó al Senado de la Nación que las provincias del Norte Grande sean incorporadas. El objetivo es limitar las diferencias entre las distintas regiones argentinas.
El planteo fue realizado en el marco del análisis que lleva adelante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre una iniciativa impulsada por el senador José María Carambia. El proyecto contempla una exención total de impuestos para las provincias patagónicas, mientras que para el resto del país prevé una reducción del 50%.
Desde la Defensoría sostuvieron que una medida de estas características debe contemplar también la realidad del Norte Grande, donde los costos energéticos, logísticos y productivos representan una carga significativa para las familias y los sectores económicos. El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, señaló en diálogo a medios locales que el valor de los combustibles impacta de manera directa sobre los precios de bienes y servicios esenciales, y recordó que la carga impositiva representa entre el 35% y el 36% del precio final de un litro de nafta.
Un reclamo basado en las asimetrías regionales
Entre los argumentos presentados ante el Senado, el organismo destacó que Formosa enfrenta condiciones estructurales diferentes a las de otras regiones del país y que requieren respuestas específicas por parte del Estado nacional. Uno de los puntos centrales es la ausencia de una red de gas natural domiciliaria e industrial con cobertura suficiente, situación que obliga a gran parte de la población y de los sectores productivos a depender de combustibles líquidos y gas envasado para cubrir necesidades básicas.
Según explicaron, esta realidad incrementa los costos de producción, transporte y consumo, lo que afecta tanto a las familias como a las actividades económicas locales. A ello se suma el impacto de las altas temperaturas que predominan durante buena parte del año en la región, lo que genera una mayor demanda energética para refrigeración y conservación de alimentos, además de mayores costos operativos para distintos sectores.
El impacto sobre la producción y el costo de vida
La Defensoría también remarcó que la distancia que separa a Formosa de los principales centros de refinación y abastecimiento del país provoca un encarecimiento de la logística y el transporte. Ese factor repercute directamente en el precio de productos esenciales como alimentos, medicamentos y bienes de consumo cotidiano, lo que genera una desventaja comparativa respecto de otras regiones.
Además, el organismo puso el foco en la importancia del gasoil para la actividad agropecuaria, uno de los motores productivos de la provincia. El combustible es fundamental para el funcionamiento de maquinaria agrícola y el traslado de la producción, por lo que cualquier incremento impacta sobre los costos del sector.
También se mencionó la situación socioeconómica provincial y la competencia comercial con Paraguay como elementos que deben ser considerados al momento de definir políticas tributarias relacionadas con los combustibles.
Un llamado al federalismo real
Desde la Defensoría del Pueblo sostuvieron que el federalismo no puede limitarse a una declaración de principios, sino que debe traducirse en políticas concretas que permitan corregir desigualdades históricas entre las distintas regiones del país.
En ese sentido, solicitaron que Formosa y el resto de las provincias del Norte Grande sean incorporadas al esquema de exención total previsto para la Patagonia. El reclamo cobra especial relevancia en momentos en que el Gobierno nacional postergó hasta el 1 de julio la actualización plena de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que podría derivar en nuevos aumentos de las naftas y el gasoil.
Para la Defensoría, avanzar con beneficios diferenciales únicamente para una región implicaría profundizar las brechas existentes, mientras que una política más amplia permitiría aliviar costos, fortalecer las economías regionales y garantizar un trato más equitativo para millones de argentinos que viven en el norte del país.
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