La situación judicial del senador nacional Francisco Paoltroni se volvió más compleja en los últimos días tras la condena dictada por la Justicia de Formosa, que lo obliga a abonar una multa superior a los 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. A este escenario se suman antecedentes de infracciones previas cometidas en 2017 y 2018, que según autoridades provinciales aún no fueron regularizadas.
El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial N° 6, ratificó las sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) tras comprobarse la realización de desmontes sin autorización en un establecimiento rural. La resolución se apoya en informes técnicos, inspecciones oculares y registros satelitales que forman parte del expediente.
En su defensa, el legislador de La Libertad Avanza planteó la existencia de inmunidad parlamentaria para evitar la ejecución de las multas, además de cuestionar su responsabilidad sobre el predio al momento de los hechos. Sin embargo, ambos argumentos fueron desestimados por la Justicia, que consideró que no corresponden a los alcances previstos en la Constitución Nacional y que existen pruebas suficientes que lo vinculan con el terreno en cuestión.
La causa de Paoltroni
El marco normativo vigente en Formosa establece que los desmontes requieren de un Permiso de Cambio de Uso de Suelo, regulado por la Ley Provincial 1.660 de Ordenamiento Territorial, en concordancia con la Ley Nacional 26.331 de Protección de Bosques Nativos. Este procedimiento exige la presentación de estudios técnicos, ambientales y sociales antes de iniciar cualquier intervención productiva.
Desde la cartera productiva explicaron que estos permisos incluyen declaraciones juradas, evaluaciones sobre el impacto ambiental y social, y un seguimiento posterior mediante controles, incluso con tecnología satelital, para garantizar el cumplimiento de lo autorizado.
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En este contexto, el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, aseguró que las infracciones atribuidas al senador no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una conducta reiterada en el tiempo. Según detalló, en 2017 y 2018 Paoltroni, en su rol de socio de la firma CONAGRI S.A. y apoderado de terceros, llevó adelante desmontes sin autorización en establecimientos ubicados al sur de Estanislao del Campo y Brouchard.
Los desmontes
Las superficies intervenidas alcanzaron las 1.173 y 340 hectáreas respectivamente, y derivaron en sanciones económicas que, si bien fueron reducidas en su momento, continúan impagas. Las multas aplicadas ascendieron a $563.000 y $345.000 pesos, montos que, actualizados a valores actuales, representarían cerca de 59 millones de pesos.
El funcionario indicó que la reiteración de infracciones y el incumplimiento en el pago de las sanciones fueron factores determinantes para avanzar con la ejecución judicial de la multa más reciente. Rodríguez también rechazó los planteos de persecución política esgrimidos por la defensa del senador y afirmó que existe un amplio registro de sanciones similares aplicadas a distintos productores en la provincia.
En ese sentido, precisó que desde la implementación del régimen de ordenamiento territorial se impusieron más de 43 multas por desmontes irregulares, mientras que otros 19 casos se encuentran actualmente en evaluación. En relación con la estrategia jurídica del legislador, el ministro cuestionó la solidez de los argumentos presentados y sostuvo que el proceso administrativo respetó todas las instancias legales, e incluye el derecho a descargo y defensa.
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