El Tribunal Superior de Londres dictaminó el viernes que la prohibición británica del grupo propalestino Palestine Action como organización terrorista era ilegal, aunque la medida seguirá vigente temporalmente y el Gobierno ha anunciado que recurrirá la decisión.
Palestine Action fue proscrita en julio, tras haber emprendido cada vez más "acciones directas" contra empresas de defensa vinculadas a Israel en Gran Bretaña, a menudo bloqueando entradas o rociando pintura roja.
Gran Bretaña argumentó que las acciones cada vez más intensas del grupo equivalían a terrorismo. Entre ellas se incluía una incursión en 2024 en la mayor empresa de defensa de Israel, Elbit Systems , en la que, según los fiscales, los activistas causaron daños por alrededor de un millón de libras y un agente de policía fue golpeado con un mazo, y que culminó en junio con un allanamiento de la base aérea de Brize Norton de la Royal Air Force.
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Los abogados que representan a Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action en 2020, argumentaron en una vista celebrada el año pasado que la medida era una restricción autoritaria del derecho a la protesta.
Al resumir la sentencia del tribunal, la jueza Victoria Sharp dijo que "Palestine Action es un grupo que promueve su causa política mediante la delincuencia y el fomento de la delincuencia".
Sin embargo, el Tribunal Superior dictaminó que la prohibición era una interferencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión.
La prohibición seguirá vigente hasta que se resuelva cualquier recurso, lo que significa que expresar apoyo sigue siendo un delito penal y ser miembro conlleva una pena máxima de 14 años de prisión.
"Tengo la intención de recurrir esta sentencia ante el Tribunal de Apelación", dijo la ministra del Interior, Shabana Mahmood.
La prohibición equiparaba a Palestine Action con el Estado Islámico o Al Qaeda y, desde entonces, más de 2.000 personas han sido detenidas por llevar carteles en apoyo al grupo, aunque la sentencia del viernes podría dar lugar a que se retiren los cargos penales.
Con información de Reuters
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