El fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre áreas estratégicas volvió a encender señales de alarma en torno al estado de las rutas argentinas. Desde Formosa denunciaron que la administración de Javier Milei prácticamente eliminó los fondos destinados a seguridad vial y mantenimiento de infraestructura carretera, en el marco de una nueva modificación presupuestaria.
El defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, cuestionó la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, mediante la cual se profundizaron los recortes en áreas como salud, educación, transferencias a provincias y obra pública.
Según expuso Gialluca, uno de los sectores más afectados fue el de infraestructura vial. El programa destinado a obras de seguridad en rutas nacionales sufrió un recorte del 98,9% respecto de una partida original de $19.499 millones, lo que deja únicamente una asignación simbólica.
Recortes millonarios y obras paralizadas
Gialluca denunció que el presupuesto destinado al mantenimiento de puentes y estructuras viales fue eliminado en su totalidad, mientras que las partidas para rehabilitación y repavimentación de rutas sufrieron una reducción superior a los $97 mil millones.
El impacto también alcanza de manera directa al nordeste argentino. De acuerdo a la Defensoría, en la región NEA ya se registran recortes por más de $6.600 millones en obras viales, y afecta proyectos de mantenimiento y mejoras sobre rutas nacionales estratégicas.
Preocupación por el aumento de siniestros viales
Desde el organismo provincial advirtieron que el deterioro de las rutas nacionales podría profundizar la cantidad de accidentes y víctimas fatales en todo el país. Gialluca sostuvo que la situación “alcanzó un punto de no retorno” y aseguró que el abandono de la infraestructura vial ya representa “una tragedia humanitaria”.
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En ese marco, remarcó que las estadísticas de fallecidos en siniestros viales "ya superan las bajas sufridas durante la Guerra de Malvinas", lo que vincula directamente el incremento del riesgo vial con la falta de mantenimiento y la paralización de obras públicas.
Otro de los cuestionamientos apuntó al destino de los recursos vinculados al sistema vial y de seguridad vial. El ombudsman provincial señaló que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con mecanismos de autofinanciamiento provenientes de aportes incluidos en seguros automotores, aunque denunció que existe incertidumbre respecto al uso efectivo de esos fondos.
Asimismo, cuestionó que el Estado nacional aún percibe impuestos sobre los combustibles que, por ley, deberían destinarse a infraestructura vial. Según indicó, se trataría de montos que superarían el billón de pesos y que actualmente serían retenidos por el Ministerio de Economía para fortalecer el superávit fiscal.
El debate por la “provincialización” de rutas
La Defensoría también alertó sobre el avance del Decreto 253/2026, que habilita el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Para Gialluca, la medida implica trasladar responsabilidades de mantenimiento sin garantizar los recursos económicos necesarios para sostenerlas, en un contexto donde las provincias también enfrentan fuertes restricciones financieras.
El funcionario provincial vinculó estas decisiones con la política de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional para cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional, aun cuando ello implique, según sostuvo, reducir inversiones en infraestructura, salud, educación y seguridad vial.
En ese escenario, desde Formosa advirtieron que el deterioro de las rutas nacionales no solo afecta la conectividad y la logística regional, sino también la seguridad cotidiana de miles de personas que circulan por corredores viales cada vez más deteriorados.
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