Desde la provincia de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo reuniones con autoridades del Consejo Federal del Notariado Argentino y del Colegio de Escribanos de la provincia con el fin de poder digitalizar el sistema notarial y avanzar en los nuevos desafíos del sector.
Durante el encuentro, se abordaron principales desafíos del sector con especial énfasis en al incorporación de herramientas digitales y la capacitación profesional del notariado. En ese marco, el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Diego Molina, destacó el trabajo conjunto con el Ejecutivo provincial y subrayó la importancia del respaldo institucional.
En este mismo, la presidenta del Colegio de Escribanos de La rioja, Ana Cecilia Montero, valoró el espacio de diálogo generado con el Gobierno. Fue así que destacó la necesidad de adaptar la actividad notarial a las nuevas tecnologías y remarcó los ejes centrales del encuentro. Fue así que el mismo concluyó con el compromiso de continuar trabajando de manera articulada en la modernización.
Repudio por la privatización de línea eléctrica pública
El Gobierno de La Rioja manifestó un fuerte rechazo a la decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar prioridad de uso a una empresa privada sobre una línea eléctrica de 500 kV considerada clave para el desarrollo energético regional. Desde la Provincia advirtieron que se trata de una infraestructura financiada con recursos públicos y no descartaron avanzar con acciones judiciales si la medida no se revisa.
El planteo fue formalizado ante el organismo nacional y será debatido en una audiencia pública convocada en los próximos días. La controversia gira en torno a la línea de extra alta tensión Nueva San Juan–Rodeo, actualmente operativa en 135 kV, cuya ampliación a 500 kV forma parte de un proyecto estratégico que busca integrar el sistema energético de las provincias cordilleranas.
Según explicó el secretario de Energía riojano, Alfredo Pedrali, la resolución del ENRE habilita a una empresa privada a utilizar con prioridad cerca del 90% de la capacidad remanente de la línea. “No se puede entregar a un privado una infraestructura que se construyó con el esfuerzo de todas las provincias”, cuestionó el funcionario en comunicación con medios locales, quien advirtió que la medida limita el acceso de terceros y condiciona el crecimiento productivo de la región.
La línea en cuestión fue financiada durante años con aportes del Estado nacional y de distintas provincias, a través del Consejo Federal de Energía. En ese marco, desde La Rioja consideran que otorgar exclusividad sobre su uso implica un perjuicio para las jurisdicciones que participaron en su financiamiento.
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