El Senado se prepara para debatir este jueves el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por Javier Milei. La iniciativa deroga la llamada Ley de Tierras, norma sancionada en 2011 que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, y que encuentra su principal antecedente en La Rioja.
Todo se remonta al año 2008, según explicó el senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, concurrió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para presentar el proyecto del Gobierno nacional.
El antecedente clave es el escándalo por la venta de Valle Hermoso, un paraje rural de La Rioja que fue rematado por el Banco Nación y adquirido por el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. La operación incluyó la compra de unas 200.000 hectáreas que contenían un pueblo entero con sus familias adentro, escuelas, una iglesia y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia.
“¿Cuáles son los intereses que usted defiende?”, le preguntó Rejal a Sturzenegger, tras relatar la venta de tierras en su provincia en un remate del Banco Nación. “Un rabino norteamericano compró un pueblo entero con la gente adentro, la iglesia, la escuela, las casitas. Cuando se habla con tanta liviandad a por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poco más. A usted capaz no le interesa entregar la soberanía, pero a muchos sí nos interesa”, le dijo Rejal al ministro.
"En el Senado, reafirmé mi rechazo a la derogación de la Ley 26.737, que protege nuestras tierras. Esta ley nació para frenar la extranjerización y defender nuestros recursos", expresó el funcionario a través de sus redes sociales.
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La operación inmobiliaria implicó que los pobladores locales quedaran desamparados y expuestos a litigios de desalojo bajo jurisdicciones y cortes internacionales, como la de Nueva York. Además, la adquisición afectaba directamente las nacientes hídricas de una de las zonas más áridas del país, poniendo bajo control privado extranjero un recurso estratégico.
El caso generó un escándalo nacional a partir de un informe de Telenoche Investiga y llevó a Libersohn a presentar una denuncia ante la Corte Federal de Nueva York, que finalmente quedó en la nada. En julio de 2010, el Ministerio del Interior de la Nación, entonces a cargo de Florencio Randazzo, intervino para suspender la operación, impulsó una investigación sobre el procedimiento y denunció “irregularidades” en los trámites y boletos de compraventa.
Uno por uno, los puntos más críticos de la reforma de la ley de tierras
El proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa Javier Milei y que se debatirá en el Senado busca derogar la norma sancionada en 2011 que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En primer lugar, la iniciativa elimina el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, lo que abre la posibilidad de que se triplique la superficie en manos foráneas. En segundo lugar, habilita la adquisición de territorios estratégicos que hasta ahora estaban protegidos: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos que abastecen a millones de personas y zonas de frontera sensibles.
Además, el proyecto apunta a derogar el artículo 10 de la ley vigente, que prohíbe a extranjeros comprar tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes. Esto permitiría que se entreguen ríos y lagos para proyectos turísticos exclusivos, generación de energía o instalación de grandes centros de datos. A su vez, la reforma modifica el decreto/ley de 1944 sobre tierras en zonas de frontera: con la autorización de la provincia y el silencio administrativo del Estado nacional, se habilitaría la extranjerización de áreas limítrofes, lo que especialistas advierten podría facilitar el contrabando y el narcotráfico.
Por otro lado, la iniciativa mantiene la prohibición de que Estados extranjeros o empresas con participación estatal directa adquieran tierras, pero deja vía libre a ciudadanos y sociedades privadas. Esto es relevante porque, según cifras oficiales, actualmente hay 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, con predominio de ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España, que concentran la mitad de la tierra extranjerizada.
Finalmente, el proyecto se inscribe en un paquete más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluye la ley de glaciares, el régimen de inversiones (RIGI), la ley de lobby y la ley de sociedades anónimas. En conjunto, estas medidas buscan flexibilizar regulaciones ambientales y patrimoniales para favorecer inversiones extranjeras, aunque críticos sostienen que implican la entrega de recursos estratégicos y un debilitamiento de los controles estatales.
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