A pocas horas de que el Senado de la Nación diera media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y luego de que el oficialismo debiera retirar los capítulos vinculados a la flexibilización de la Ley de Tierras y a la modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego, el gobernador Ricardo Quintela envió a la Cámara de Diputados de La Rioja un proyecto para reforzar la protección de las tierras rurales de la provincia.
La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial, incorporado con la reforma sancionada el 22 de julio de 2024, y establece un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre inmuebles rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras. El objetivo es fijar límites, prohibiciones y mecanismos de control destinados a preservar el territorio provincial y sus recursos estratégicos.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que la tierra no debe ser entendida únicamente como un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino como un recurso estratégico vinculado a la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable.
El texto advierte que la concentración de grandes extensiones en manos extranjeras puede comprometer el control sobre recursos naturales esenciales, especialmente cuando se trata de zonas de frontera, cuencas hídricas, acuíferos, áreas naturales protegidas y territorios con valor ambiental o cultural.
Por ese motivo, la iniciativa declara de orden público e interés provincial estratégico el régimen de protección de las tierras rurales alcanzadas por la futura ley.
Un límite del 3% para la propiedad extranjera y zonas protegidas
Uno de los principales ejes del proyecto consiste en establecer un límite máximo del 3% de la superficie rural de La Rioja que podrá estar en manos de personas o empresas extranjeras. Ese porcentaje no solo regirá para el conjunto de la provincia, sino también para cada uno de sus departamentos, con el objetivo de evitar procesos de concentración territorial en determinadas regiones.
Además, la propuesta incorpora un límite por nacionalidad, de modo que una misma procedencia extranjera no pueda concentrar una porción significativa del territorio provincial. La iniciativa también establece amplias restricciones respecto de las tierras que podrán ser adquiridas o utilizadas por ciudadanos y empresas extranjeras.
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Entre otras prohibiciones, impide la compra, locación, concesión o constitución de derechos reales sobre inmuebles ubicados en franjas de seguridad de frontera, predios que contengan ríos, acuíferos, nacientes de agua o zonas de recarga hídrica.
La restricción alcanza además a áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a programas de agricultura familiar, colonización estatal y otros espacios considerados estratégicos para el desarrollo de la provincia.
Sanciones para quienes incumplan la ley
Como parte del nuevo esquema de fiscalización, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, organismo que tendrá la responsabilidad de relevar de manera permanente la situación dominial de los inmuebles rurales y controlar las operaciones alcanzadas por la normativa.
Asimismo, establece que toda operación en la que intervengan personas o empresas extranjeras deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación, documento que será requisito obligatorio para su inscripción en los registros correspondientes.
Desde el Ejecutivo consideran que esta herramienta permitirá fortalecer los mecanismos de control y evitar operaciones que vulneren los límites establecidos por la legislación provincial. En este marco, el proyecto incorpora además un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento.
Entre las medidas previstas figura la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, la aplicación de multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y la obligación de vender o desprenderse de las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de 360 días.
También dispone la realización de un relevamiento obligatorio de todos los actuales titulares extranjeros de tierras rurales dentro de los 180 días posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.