Desde Formosa presentaron una solicitud a la Auditoria General de la Nación para que se investigue tras la presunta apropiación indebida de fondos nacionales y cuyo objetivo debería destinarse a la reparación y mantenimiento de rutas nacionales. Los mismos serían provenientes del impuesto al combustible y de otros recursos.
Esto fue anunciado por el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, y quién sostuvo que el titular del Distrito 22 de Vialidad Nacional, Victor Padilla, debe impulsar acciones necesarias que le competen para recuperar, ampliar y modernizar las rutas nacionales en Formosa. Y por esto mismo, solicitó que se dejen de lado posturas ideológicas rígidas y se adopten criterios técnicos y de gestión que reflejen un verdadero compromiso social.
En diálogo con La Mañana Online, el defensor del Pueblo de Formosa advirtió que el Gobierno nacional, entre los meses de septiembre y octubre, profundizó una serie de reformas estructurales en el ámbito vial del país. Señaló que se disolvieron organismos, se crearon otros cuyas funciones aún no fueron reglamentadas, lo que generó un vacío normativo y operativo. Esta situación, indicó, ha derivado en conflictos laborales, un incremento de los siniestros viales, la paralización de decisiones estratégicas y el riesgo de que empresas privadas asuman tareas operativas en un contexto poco claro, vulnerando los principios constitucionales de seguridad jurídica, responsabilidad del Estado y previsibilidad legal.
“¿Quién no tiene un familiar o conocido que haya sufrido un accidente de tránsito?”, cuestionó el funcionario y añadió: “Estamos hablando de vidas humanas, pero también del altísimo costo económico que implica la atención de la accidentología: ambulancias, hospitales, cirugías. Por eso, la inversión en rutas es también una política de salud”.
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Rutas en mal estado
Gialluca reiteró que más de la mitad de las rutas nacionales del país se encuentran en mal estado, un deterioro que no comenzó este año, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo. En este contexto, señaló que usuarios y transportistas expresan su preocupación ante la falta de claridad sobre quién se hará cargo del mantenimiento, la asistencia y la atención de emergencias en las rutas nacionales.
Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo se manifestó el rechazo al plan del Gobierno nacional de delegar la responsabilidad en las provincias o avanzar hacia la privatización del sistema vial. Se advirtió que las jurisdicciones no disponen de recursos propios suficientes ni reciben las transferencias correspondientes, como la recaudación del impuesto a los combustibles. Además, en los últimos dos años las provincias han debido sostener con fondos propios servicios esenciales como salud, educación y seguridad, lo que les impide asumir la administración de las rutas nacionales.
Además, explicó que el modelo de concesiones no es viable por los elevados costos, el largo plazo de recuperación y los riesgos económicos; el precio de los peajes resultaría insostenible: "(Los privados) no invertirían, por ejemplo, en reparar la Ruta Nacional Nº 86 a la altura de Estancia Laguna u otras zonas del norte argentino, donde Vialidad Nacional siempre tuvo presencia activa”.
Acciones judiciales
Frente a este panorama, Gialluca indicó que se han iniciado las acciones judiciales correspondientes, advirtiendo que el Gobierno nacional está desmantelando un organismo clave para la integración territorial del país y que, de no actuar con rapidez, el colapso de la infraestructura vial podría tener consecuencias muy graves.
Por ello, se demanda un plan integral, consensuado y sostenido en el tiempo que contemple la recuperación, ampliación y modernización de la infraestructura vial. Indicando que se tiene que trabajar de manera conjunta, aplicando criterios técnicos y demostrando un compromiso social hacia los usuarios de las rutas.
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