Junto al rechazo al veto presidencial frente a la Ley de Emergencia de Discapacidad en el Congreso de la Nación, la jueza federal María Belén López Macé ordenó al Gobierno nacional restituir de manera inmediata las pensiones por discapacidad en Formosa, lo que marcó un antes y un después en la agenda de derechos sociales de la provincia.
Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación Camino Azul, expresó a NEA Hoy la necesidad de controles justos para el uso de pensiones: “Nosotros no estamos en contra de las auditorías. Es necesario que existan controles pero lo que no puede pasar es que esas auditorías afecten a las personas que más necesitan. Hemos visto cómo, por no poder completar en diez días la documentación exigida, se suspendieron pensiones y tratamientos a personas que realmente tienen discapacidad”.
En esta línea, Santa Cruz subrayó que reducir el debate a una cuestión monetaria es desconocer lo esencial: la vida de las personas. “Cuando hablamos de suspensión no es solo de dinero, sino también de terapias, tratamientos, medicamentos que son esenciales en las personas con discapacidad. Yo no imagino a una persona con autismo sin su medicación. Hemos tenido casos de adolescentes que quedaron sin medicamentos y eso es devastador para la familia. En uno de esos casos, la provincia tuvo que intervenir y garantizar la continuidad. Eso debería ser responsabilidad de Nación”, expresó.
La presidenta de la asociación, además, relató que desde el Gobierno nacional no tuvo respuestas claras y criterios con respecto al recorte de pensiones: “Les preguntamos qué criterios usaban para decidir quién sigue cobrando y quién no, y no supieron contestar. Me dijeron que las pensiones solo debían cobrarlas las personas postradas. Eso es una burla. Hay muchísimas otras discapacidades, como el autismo, que requieren apoyo permanente. No podemos aceptar que se reduzca el concepto de discapacidad a una cama”.
El acompañamiento del Gobierno provincial
Por otra parte, Santa Cruz destacó que, si bien el panorama nacional es crítico, Formosa cuenta con un sistema de contención que otras provincias no tienen, ya que la presencia del Estado provincial amortigua el impacto de las políticas nacionales de ajuste.
“En Formosa tenemos hospitales gratuitos, escuelas especiales, CDI, centros ocupacionales inclusivos y programas que acompañan a las familias. En otras provincias, las familias deben pagar por todo eso y no lo pueden sostener. Cuando fuimos a recorrer otros lugares nos dimos cuenta de lo que tenemos acá. Acá, gracias a los servicios públicos gratuitos, el impacto no se siente tanto, pero si algún día se recortara ese respaldo provincial, las familias estarían en la misma situación crítica que en el resto del país”, indicó la funcionaria.
Por último, la presidenta de Camino Azul celebró el trabajo articulado entre asociaciones y el Gobierno provincial, destacando que en muchas ocasiones las pensiones provinciales llegan donde las nacionales son denegadas o demoradas durante años. “No podemos trabajar solas como asociaciones; necesitamos hacerlo en conjunto. Todo lo que hemos logrado es porque lo hicimos acompañadas por el Estado provincial”, concluyó Florencia Santa Cruz.
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