La Legislatura de La Rioja informó oficialmente que el proyecto de Presupuesto 2026 ingresó este 30 de octubre a la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo provincial, será tratada el próximo jueves 6 de noviembre, cuando tome estado parlamentario.
Sin embargo, la discusión legislativa comenzará en un contexto de fuerte incertidumbre: el gobierno de Ricardo Quintela presentó su plan de gastos y recursos sin contar todavía con una previsión clara sobre las partidas que la Nación asignará a la provincia en el Presupuesto nacional 2026.
Cabe destacar que, a nivel nacional, el Congreso continúa con las reuniones informativas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras la administración de Javier Milei sigue ejecutando un esquema reconducido del ejercicio 2023, prorrogado por segundo año consecutivo ante la falta de aprobación parlamentaria de nuevas leyes de gastos.
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El polémico Presupuesto de Milei
De acuerdo con un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno nacional proyecta una caída real del 39,1% en los recursos destinados a las provincias respecto de 2024, y del 36,7% en comparación con 2025.
En el caso de La Rioja, el impacto sería particularmente severo. Según los cálculos de CEPA, los fondos que llegarían el próximo año serían incluso menores que los del primer año de gestión de La Libertad Avanza. De mantenerse la tendencia observada entre enero y septiembre de este año, el recorte consolidaría el tercer año consecutivo de pérdida del poder adquisitivo de los gobiernos provinciales.
El Presupuesto nacional presentado por Milei en septiembre prevé para La Rioja una asignación total de $1.431 millones para todo 2026, lo que equivale a apenas $119 millones mensuales en concepto de fondos coparticipables.
A este escenario se suma la eliminación de los denominados “fondos extras”, una asistencia especial que históricamente recibía La Rioja desde mediados de los años 80, cuando la provincia cedió un punto de coparticipación durante la gestión de Raúl Alfonsín. Ese mecanismo de compensación fue interrumpido en diciembre de 2023 por la administración libertaria.
Sin esos recursos extraordinarios, la provincia enfrenta un panorama de estrechez presupuestaria que compromete la ejecución de políticas sociales, el pago de salarios públicos y la inversión en infraestructura.
En declaraciones recientes, el gobernador Quintela insistió en la necesidad de “empatizar con la sociedad y cuidar a los sectores más golpeados por el ajuste”. Mientras tanto, la Legislatura provincial se prepara para debatir un Presupuesto que, más allá de los números locales, estará marcado por la tensión con la Casa Rosada y el reclamo por una distribución más equitativa de los recursos nacionales.
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