El Gobierno encabezado por Ricardo Quintela resolvió congelar las tarifas de los principales servicios públicos hasta el 31 de agosto de 2026, en una medida orientada a sostener el acceso a prestaciones esenciales frente al impacto de la situación económica nacional. La decisión también incluye una reducción del 20% en las cuotas de viviendas sociales.
El decreto establece que, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, se mantendrán sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 30 de abril para servicios clave como energía eléctrica, agua potable y saneamiento, transporte urbano de pasajeros y conectividad. Estas prestaciones son brindadas por empresas con participación estatal provincial, entre ellas EDELAR SAU, Aguas Riojanas SAU y La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.
Además, la normativa dispone un beneficio directo para los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU), quienes accederán a una reducción extraordinaria del 20% en el valor de sus cuotas. Estos montos también permanecerán congelados durante el mismo período, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial señala que la medida responde a un contexto de aumento sostenido en el costo de los servicios esenciales, vinculado a decisiones de política económica nacional, como la eliminación de subsidios y la desregulación de precios. Según se indica, estas modificaciones impactaron de manera directa en el poder adquisitivo de la población.
El Gobierno riojano remarcó que el acceso a servicios como el agua, la energía y la conectividad tiene rango constitucional en la provincia, por lo que garantizar su disponibilidad forma parte de una responsabilidad central del Estado. En ese marco, se definió sostener las tarifas pese al esfuerzo fiscal que implica para las cuentas públicas.
El decreto también instruye a los organismos competentes —entre ellos el Ministerio de Agua y Energía, la Secretaría de Transporte y el EUCOP— a garantizar la continuidad, calidad y regularidad de los servicios durante la vigencia de la medida. Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas fue facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
Desde el Ejecutivo destacaron que la decisión busca proteger el poder adquisitivo de los hogares riojanos y evitar que los aumentos en servicios esenciales profundicen las dificultades económicas, en un escenario de alta presión sobre los ingresos familiares.
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