La Convención Constituyente de Formosa inició una nueva semana de debates en torno a la reforma de la Constitución provincial, con avances significativos en áreas fiscales, laborales y sociales. Durante la sesión del lunes, los convencionales aprobaron modificaciones a los artículos 54 y 62, sumaron tres incisos al artículo 82 y crearon dos nuevos artículos, consolidando un paquete de reformas que buscan actualizar la Carta Magna a las demandas actuales de la sociedad formoseña.
Uno de los cambios más relevantes fue la modificación del artículo 54, referido a las fuentes de financiamiento de la provincia. La nueva redacción incorpora como recursos los empréstitos, los fondos del régimen federal de coparticipación y los ingresos derivados de competencias no delegadas. El convencional Adrián Muracciole explicó que la modificación “adecuará el texto a las condiciones recientemente aprobadas sobre el endeudamiento provincial”. En ese sentido, sostuvo que era necesario aclarar que los empréstitos forman parte de las fuentes de financiamiento y que la provincia cuenta con recursos propios que deben ser defendidos.
Otro punto central de la jornada fue la reforma del artículo 62, que regula la elaboración, presentación y aprobación del Presupuesto Provincial. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo deberá presentar el presupuesto treinta días antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, con el objetivo de garantizar un análisis más exhaustivo por parte de los legisladores. Además, se estableció la obligación de mantener el equilibrio fiscal consolidado del sector público.
La modificación también fija que todos los poderes del Estado, incluidos el Legislativo, el Judicial, el Tribunal de Cuentas y los entes autárquicos, deberán ajustar sus presupuestos a las pautas generales. Asimismo, al cierre de cada ejercicio, deberán cumplir con las previsiones fiscales aprobadas. Muracciole, como miembro informante, subrayó la importancia de esta reforma: “Es fundamental para que en un futuro ningún irresponsable comprometa las finanzas públicas del pueblo de Formosa. Garantiza que el Estado siga siendo eficiente en la administración de los fondos, que no se endeude y que cumpla con sus obligaciones hacia la población”.
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En el plano laboral, la convención aprobó la incorporación de tres nuevos incisos al artículo 82, orientados a fortalecer la protección de los trabajadores. El primero prevé mecanismos de control y sanciones efectivas para asegurar el respeto a los derechos laborales. El segundo protege frente al acoso y cualquier forma de violencia en el ámbito laboral, con especial mención a la violencia de género. El tercero promueve la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación en el empleo.
La convencional Graciela Acosta celebró este avance: “Estamos dando un paso fundamental en la defensa de los derechos laborales en toda su dimensión. El trabajo debe ser un ámbito de respeto, no de miedo. Cuando protegemos al trabajador y a la trabajadora, protegemos la dignidad humana”. En la misma línea, la convencional Blanca Almirón remarcó que con esta reforma “se envía un mensaje claro: en nuestra provincia no hay lugar para la explotación, la violencia ni la discriminación”.
Otro de los artículos incorporados reconoce a la actividad física y el deporte como derechos humanos fundamentales. La norma establece que el Estado fomentará la práctica deportiva en todas las etapas de la vida, poniendo énfasis en el deporte comunitario como herramienta de inclusión y desarrollo social. El convencional Mario Romay destacó que esta decisión “garantiza que cada formoseño tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse en su comunidad. El deporte no es un lujo, sino una herramienta de integración, formación de valores y construcción colectiva. Es una política esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial”.
Finalmente, se incorporó un nuevo artículo en la sección del Poder Judicial, que reafirma que la justicia emana del pueblo y será administrada exclusivamente por magistrados designados conforme a la Constitución, bajo la autoridad de la ley. Con esta incorporación, los convencionales buscan consolidar la legitimidad del sistema judicial y su independencia, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.
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