El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que comenzará las gestiones para recuperar la zona del yacimiento de Josemaría, ubicada en el departamento sanjuanino de Iglesia. Actualmente, en ese territorio hay proyecto un minero estratégico que se encuentra en plena etapa de desarrollo y que el mandatario señaló como una gran oportunidad laboral para los riojanos.
En una entrevista televisiva, Quintela habló sobre la histórica disputa limítrofe con la provincia de San Juan y el convenio que definió los límites entre ambas jurisdicciones. El mandatario dijo que el yacimiento, según los expertos, tiene uno de los emprendimientos mineros más relevantes de Argentina.
En caso de judicializar el conflicto se una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que es el organismo con competencia originaria en las disputas entre provincias. La Rioja, en este marco, podría obtener una redefinición de la frontera que le otorgue participación directa en las regalías y el control territorial de la porción correspondiente del yacimiento.
Una disputa legítima
La disputa entre las provincias de La Rioja y San Juan se centra en el control territorial y económico del proyecto minero Josemaría, que alberga un recurso de enorme valor estratégico. Proyectado para ser un motor de desarrollo en la región, Josemaría requerirá una inversión masiva y se estima que su vida útil de explotación se extenderá por al menos 30 años.
Quintela explicó que las anteriores gestiones realizaron una "entrega" territorial provincial, tras un acuerdo que califica de "ilegítimo e ilegal". La magnitud del proyecto es significativa, ya que el gobernador riojano Ricardo Quintela destacó que demandará unos 4.000 trabajadores durante la fase de construcción y mantendrá una dotación estable de 1.200 empleados una vez que esté en operación.
Bajo la premisa de "compartir con la hermana provincia de San Juan" el espacio que alega fue sustraído, el gobernador Quintela busca asegurar lazos directos con la futura riqueza minera. Su estrategia incluye la exigencia de una "política agresiva en el buen sentido" para el desarrollo del cobre, oro y litio en la región. La condición explícita impuesta por La Rioja es que los trabajadores y proveedores mineros del proyecto Josemaría sean prioritariamente de origen riojano, y de esta forma asegurar un flujo de beneficios económicos directos para su provincia.
Es importante señalar que esta tensión por la mina Josemaría no es un hecho aislado. El diferendo territorial ya había emergido en 2021, aunque en aquel momento se evitó tensar la cuerda con el entonces gobernador Sergio Uñac, que defendió la postura sanjuanina y argumentó que las regalías y todos los beneficios del yacimiento correspondían en su totalidad a su provincia.
La reactivación de este conflicto territorial por el yacimiento minero subraya el interés estratégico de La Rioja por asegurarse nuevas fuentes de ingresos, especialmente en un contexto de crisis fiscal provincial. Esta disputa promete desatar un complejo debate legal y político sobre la soberanía territorial y la distribución de la riqueza.
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