La ciudad de Córdoba fue escenario de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, en la que el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, cuestionó al Gobierno nacional por excluir a su provincia del esquema de reforzamiento de fronteras impulsado por Nación.
El encuentro reunió a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, ministros provinciales y representantes de fuerzas federales para debatir políticas vinculadas a la seguridad. Sin embargo, González advirtió que durante la exposición de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se mencionaron operativos en provincias como Salta, Misiones, Chaco y Corrientes, sin incluir a Formosa.
Al comenzar su intervención, el funcionario dejó en claro su postura política y explicó por qué decidió no acompañar el documento final del encuentro. “Es la primera vez desde 2007 que no voy a firmar el documento”, afirmó, y sostuvo que la decisión responde a la falta de participación del gobernador formoseño, Gildo Insfrán, en la discusión de las políticas. En ese sentido, remarcó: “No puedo firmar el convenio cuando el gobernador de mi provincia no es convocado para discutir política”.
El planteo se dio luego de que, según relató, la ministra de Seguridad nacional expusiera los operativos vigentes en distintas provincias sin mencionar a Formosa. González citó que se habló de intervenciones en “Salta, Misiones, Chaco y Corrientes”, lo que interpretó como una definición implícita de los límites prioritarios de la seguridad fronteriza.
“De esa manera, me entero entonces de que la frontera nacional no está en el río Pilcomayo, sino en el río Bermejo”, ironizó, al advertir que la provincia queda excluida de ese esquema. Según explicó, esta omisión implica que Formosa “queda desde el Bermejo al norte”, fuera del alcance de las políticas nacionales.
El ministro consideró que esta situación refleja una falta de federalismo en la toma de decisiones. “El federalismo se construye con gestos concretos”, afirmó, y advirtió que no se trata de una cuestión administrativa sino de una definición política que impacta en la seguridad de la población.
En esa línea, insistió en que las políticas públicas deben discutirse de manera integral y con participación de todas las jurisdicciones. “Tenemos que discutir el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, y a quiénes van a beneficiar las acciones”, sostuvo.
González también amplió su crítica al enfoque general del Gobierno nacional en materia de seguridad. Planteó que no se pueden analizar estas políticas de manera aislada sin considerar otras variables sociales, como "también las políticas de educación”.
En particular, cuestionó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad sin una planificación integral. Según expresó, en un contexto de crisis económica y social, medidas de ese tipo pueden profundizar desigualdades. “Bajar la edad de imputabilidad significa estigmatizar a determinados sectores”, advirtió, al tiempo que describió un escenario donde “familias endeudadas recurren a la escuela para poder comer”.
Asimismo, reiteró que la seguridad de las fronteras es una responsabilidad primaria del Estado nacional, que debe garantizarse a través de las fuerzas federales. En ese marco, alertó sobre la falta de presencia y recursos en algunas zonas limítrofes. Finalmente, el ministro insistió en la necesidad de construir políticas públicas desde una mirada integral y con respeto institucional. “El respeto del federalismo arranca con el respeto de cada uno de nosotros”, concluyó.
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