El reclamo por el acceso al comedor en la Universidad Nacional de Formosa dejó de ser un conflicto interno para convertirse en un caso con interés nacional en el ámbito académico. La Federación Universitaria Argentina denunció "persecución política" contra estudiantes que fueron sancionados luego de participar en protestas por deficiencias en el comedor universitario, las cuales derivaron en amenazas y el uso de seguridad privada para amedrentar a los manifestantes.
En aquella oportunidad, uno de los focos de la controversia se centró en la figura de Zully Rivero, docente y funcionaria de la institución, además de esposa del rector Augusto César Parmetler, alineado a las políticas del presidente Javier Milei, quien fue registrada al increpar a los alumnos mientras era escoltada por custodios contratados con fondos de la universidad.
Ante estos hechos, los centros de estudiantes de diversas facultades declararon el estado de alerta y asamblea permanente, lo que interpretó el accionar institucional como un mecanismo de persecución y presión política. Este conflicto se suma a un historial de tensiones bajo la gestión de Parmetler, marcada por denuncias previas de hostigamiento y la apertura de juicios académicos colectivos contra más de 50 docentes en 2025.
En diálogo con medios locales, esta semana los estudiantes Anahí Molas y Maximiliano Portillo, aseguraron que "no se pide nada regalado, solo poder comer". La situación se agravó cuando el Rectorado avanzó con sanciones contra quienes participaron de las protestas.
Algunos estudiantes denunciaron prohibiciones de ingreso al campus por hasta 30 días, lo que perjudica su recorrido académico. Al respecto, aseguraron: "Nos están impidiendo cursar. En mi caso, estoy haciendo prácticas y si no asisto puedo perder el año o no recibirme, solo me restan tres materias".
Críticas al rectorado
Los estudiantes señalaron que el nuevo esquema resulta excluyente, especialmente para ingresantes y estudiantes con menores recursos, al exigir un abono mensual cercano a los 30 mil pesos. "Lo que se pide que se permita comprar la comida dentro de la universidad", plantearon.
La FUA intervino formalmente y envió una nota al rector Augusto César Parmetler, en la que calificó las sanciones como "autoritarias e ilegítimas". El presidente del organismo, Joaquín Carvalho, expresó el "más enérgico repudio" y advirtió que la medida "lesiona el derecho de los estudiantes y cercena el diálogo democrático".
Desde la Federación sostuvieron que lo ocurrido en Formosa representa un antecedente preocupante para el sistema universitario. "No se puede avalar la criminalización de la protesta ni que se vulneren principios históricos como la autonomía, el co-gobierno y la libertad de expresión", señalaron.
Menos viandas y dificultades de acceso
Entre los puntos más cuestionados, los estudiantes denunciaron una fuerte reducción en la cantidad de raciones. "El año pasado se entregaban alrededor de 800 viandas por día. Ahora no llegan ni a 250. Y los fondos, según se sabe, son los mismos", afirmaron.
También advirtieron sobre problemas de accesibilidad debido al traslado del servicio fuera del campus porque, según indicaron, "hay compañeros en silla de ruedas o con dificultades visuales que tienen que ir hasta la recova", y añadieron que esto hace que entre clases no haya tiempo material para hacer ese recorrido.
El reclamo, que comenzó como una demanda por alimentación, derivó en una disputa más amplia sobre derechos estudiantiles: "Tenemos miedo de ir a la universidad. Esto ya no es solo un reclamo por comida, es por el derecho a estudiar".
Mientras la FUA exigió la anulación de las sanciones y se ofreció a mediar, los estudiantes anticiparon que podrían avanzar por la vía judicial si no hay respuestas. "Se llegará hasta las últimas instancias. Esto no es solo por la FUA, es por todos los estudiantes", concluyeron.
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