La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se ubicó en el centro de la discusión pública luego de que circulara un documento que oficializaría las tasas y contribuciones universitarias para el año 2025, bajo la resolución rectoral N° 876, fechada el 16 de octubre. Asimismo estudiantes aseguran que también están solicitando el pago para inscribirse a carreras de grado.
Según publicó Medios Provincia, el texto presuntamente firmado por el vicerrector Luis Oviedo detalla una serie de aranceles para trámites administrativos y académicos, lo que encendió las alarmas en el ámbito educativo universitario, en un contexto en el que organizaciones polìticas y sociales advierten sobre un posible proceso de arancelamiento de la educación pública, en sintonía con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
Con importes que van desde los $3.000 por una certificación simple hasta los $120.000 por una solicitud de colación o envío de documentación ante la Secretaría de Educación de la Nación. Entre el documento se informa que una certificación de materias rendidas costaría $16.000, mientras que otros procedimientos varían según el área o dependencia donde se realicen.
Estudiantes en alerta
En diálogo con El Destape, estudiantes de dicha Universidad resaltaron: "Desde la Secretarìa estudiantil de la UNLAR anunciaron que ahora aspirantes a las carreras de grado y pregrado debían pagar como requisito obligatorio 15 mil pesos para poder iniciar su cursada". "Esto esta justificando a partir de la necesidad de elaborar certificaciones y tramites administrativos. El problema es que es una violación al Artículo 1 de nuestro Estatuto Universitario", exclamamos, y denunciaron: "Esto nunca se modifico ni se puso en común en ningún órgano de decisión colectiva".
Del mismo modo detalló que la última vez que la universidad tuvo aranceles fue durante la gestión de Tello Roldan, que fue destituido después de la toma del año 2013 iniciada por estudiantes riojanos. "Fabian Calderón siguió con el arancelamiento un año más hasta que pudo cambiar el Estatuto Universitario, y desde ese momento ningún riojano volvió a pagar algo por estudiar", historizaron.
Finalmente, informaron que hoy se llevó adelante la reunión del Consejo Superior de la universidad, que los estudiantes tienen la posibilidad de participar. En ese marco, los alumnos denunciaron que la institución colocó fuerzas de seguridad y fueron interceptaron durante toda la jornada, hasta que finalizó y pudieron participar.
"El Consejo Superior siempre es público a toda la comunidad universitaria y trasmitido por YouTube, también da la casualidad que las dos veces que se habló del arancelamiento se cortaba justo el wifi", concluyeron.
Ataque libertario a las universidades públicas
Las universidades nacionales se encuentran en una situación crítica desde la asunción del Gobierno libertario, el cual enfrenta fuertes críticas por el desfinanciamiento y las intenciones de arancelar estudios y trámites. La controversia se intensificó en los últimos días, tras la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente Javier Milei.
Si bien la ley fue sancionada luego de que el Senado insistiera en el proyecto vetado, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el Congreso Nacional determine las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias necesarias para afrontar los gastos de su implementación, lo que generó más incertidumbre en el sector y levantó la temperatura en un debate público.
Desde las calles, con marchas en las participaron miles de argentinos, hasta los funcionarios y refrentes políticos opositores al Gobierno nacional insistieron en que las universidades públicas y gratuitas son una tradición de la educación Argentina.
La decisión de suspender la ejecución de la ley se formalizó a través del Boletín Oficial. En el texto de promulgación, el Poder Ejecutivo argumentó que el Congreso no especificó las sumas de crédito necesarias para el incremento presupuestario propuesto, lo que limita a habilitar una readecuación genérica de partidas.
De esta manera, si bien la ley fue promulgada, su efectividad práctica quedó en stand-by, condicionada a que el Poder Legislativo resuelva el mecanismo de financiamiento, lo que mantiene la tensión sobre el futuro presupuestario de las casas de altos estudios en el país.
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