La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) solicitó a la Justicia Federal anular la medida cautelar que la obliga a realizar reparaciones urgentes en las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 en Formosa, cuyo plazo de ejecución vence en 90 días. El pedido fue presentado por sus apoderados, Carolina Dionisi y César Ríos, ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Pablo Fernando Morán, según informó el medio Nea Hoy.
En su presentación, el organismo admitió que debe cumplir la resolución, pero argumentó que enfrenta “serias restricciones presupuestarias” y “procedimientos administrativos complejos” que dificultan iniciar las obras. Señaló que el presupuesto total del Distrito 22 Formosa asciende a $93,7 millones, de los cuales sólo $47,7 millones están disponibles para compras y contrataciones de mantenimiento.
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, rechazó los argumentos y los calificó de “falaces”. Recordó que datos oficiales del propio organismo muestran un fuerte deterioro de la red vial: el 29% de las rutas nacionales relevadas en 2024 está en mal estado y otro 23,5% en condiciones regulares.
Citando un informe del Instituto Argentina Grande, Gialluca señaló que en dos años el porcentaje de rutas en mal estado aumentó del 23% al 29%, mientras que la inversión en mantenimiento cayó un 82% en términos reales. Entre enero y mayo de 2025, el gasto en la red vial fue 75% menor al registrado en igual período de 2023, lo que evidencia, dijo, “un freno casi total a la obra pública” en comunicación con medios locales.
El funcionario advirtió que postergar reparaciones encarece los costos futuros y compromete la seguridad vial. Según la Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anual del sistema vial demanda unos 4.200 millones de dólares, mientras que recuperar infraestructura deteriorada podría costar hasta 40.700 millones. “Por cada peso que se ahorra en mantenimiento, el costo de recuperación se multiplica por diez”, subrayó.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno nacional pretenda transferir obras a empresas privadas para ahorrar unos 100 millones de dólares anuales, cuando el Impuesto a los Combustibles Líquidos recauda alrededor de 3.000 millones, fondos que por ley deberían destinarse a la red vial.
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Las consecuencias por el cierre de Vialidad Nacional
El Gobierno dispuso el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente”.
Los trabajadores de Vialidad son los que permiten la conexión de infinidad de ciudades y pueblos, realizan la asistencia y el despeje de caminos cuando se producen catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca y Zárate-Campana. Ahora, en pleno invierno, son quienes hacen el despeje de hielo y nieve en las rutas de la Patagonia y regiones de la Cordillera.
Según explicó Adorni, se abrirá una licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. El anuncio fue precedido por un video que mostró recortes de un programa conducido por el periodista Jorge Lanata referido a la denominada causa "Vialidad".
"De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales", apuntó en un anuncio realizado en Casa Rosada.
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