La Rioja analiza la creación de un Instituto Provincial de Vitivinicultura, con el objetivo de sostener y fortalecer el estatus comercial e internacional de los vinos riojanos frente a los nuevos escenarios regulatorios impulsados por el Gobierno Nacional, el cual generó preocupación en los productores locales.
La iniciativa, llevada a cabo por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, surge a partir de la alerta encendida por las bodegas locales y operadores vitivinícolas extranjeros respecto del impacto que podrían generar las recientes medidas de desregulación promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el marco de las políticas aplicadas por el presidente Javier Milei.
En diálogo con Medios Rioja, el ministro de la cartera, Ernesto Pérez, explicó que el Gobierno provincial iniciará una ronda de consultas con el sector productivo, académico y científico para elaborar una propuesta concreta que será elevada al gobernador Ricardo Quintela en los próximos días.
Una proyecto para cuidar a los productores
Pérez destacó que La Rioja "construyó durante décadas un nombre propio en la vitivinicultura argentina", y aseguró: "Nuestros vinos son embajadores de la provincia en el mundo, y debemos garantizar que sigan siendo sinónimo de calidad y origen”.
“La desregulación nacional puede dejar a los productores sin los marcos de control y certificación que hoy sostienen la confianza de los mercados internacionales", afirmó el funcionario y remarcó que por eso, desde la provincia se avanza "en un esquema propio que preserve la identidad, la trazabilidad y la competitividad de los vinos riojanos”.
Finalmente, el ministro de la cartera de Producción destacó que "defender la producción es defender el trabajo riojano", y concluyó que "la historia de las bodegas y el futuro de un sector que genera desarrollo, arraigo y oportunidades”.
De qué trata la desregulación
Las recientes medidas de Nación desregulan 973 normas del organismo que controla la industria vitivinícola para reducir la intervención estatal. Este cambio estructural implica que el organismo abandona la supervisión directa de actividades como el cultivo, la cosecha, la elaboración y el transporte, y solo se verificará la calidad y autenticidad de los productos finales (vinos y mostos).
El objetivo central de esta reforma es garantizar que los productos sean aptos para el consumo y estén libres de adulteraciones, lo que afecta a toda la cadena vitivinícola, desde productores de uva hasta importadores y laboratorios. Además de reestructurar el papel del organismo fiscalizador, la desregulación introduce un cambio significativo al eliminar el carácter obligatorio de las certificaciones de origen, añada y varietal.
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