El presidente de la CIDH expresó su "preocupación" por Argentina y los DD.HH.: "Escepticismo, cuando no negacionismo”

“Hemos visto con preocupación que ha habido un intento por disminuir la fortaleza institucional en Argentina”, sostuvo en entrevista con El Destape, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero. El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue clave para el país cada vez que las instituciones locales hicieron oídos sordos a los reclamos populares, así como a las denuncias por violaciones a los derechos humanos desde la última dictadura cívico militar hasta el presente de la gestión libertaria que atenta contra la libertad. Los derechos de las mujeres, del colectivo LGBTIQ+, la represión de la protesta social y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, en la mira ante la advertencia de retrocesos durante el primer año del gobierno de Javier Milei.

A lo largo del extenso documento, presentado este jueves, la Comisión hizo un exhaustivo análisis sobre la situación de los derechos humanos en la región realizado a partir del diálogo con la sociedad civil como con los Estados. En particular, en el capítulo 4A, en donde se puede encontrar un análisis sobre las observaciones del contexto general y de cómo ven lo que sucede en cada uno de los 33 países del continente americano sobre la base del Plan Estratégico 2023-2027, que incluye como ejes transversales: institucionalidad democrática; institucionalidad de derechos humanos; enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad; seguridad y violencia; acceso a la justicia e independencia judicial; desarrollo y derechos humanos.

En cuanto a la situación en Argentina, la CIDH realizó cuatro audiencias durante el año pasado vinculadas a la libertad de expresión, los recortes en políticas de memoria, género y trabajadores de la economía popular. En tanto, en particular el eje está puesto en las “consecuencias de las medidas de reorganización y reducción del Estado”, dispuesto por la gestión mileísta. A entender de la Comisión, esto afecta en diversos ámbitos: “Ha debilitado la lucha contra la violencia y discriminación por razones de género e impactado de manera especial al disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, sostuvieron en el informe. A ello, se sumaron los discursos de los funcionarios nacionales que “niegan la existencia de la violencia de género, lo que envía un mensaje descalificador que puede impulsar la violencia”.  

Además observaron retrocesos en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que caracterizaron como “esenciales para abordar el legado de violaciones de derechos humanos en el país”. Y también reportaron 31 detenidos durante las manifestaciones contra la Ley Ómnibus, con un total de 285 heridos -incluidos 35 periodistas- afectados por balas de goma y gases lacrimógenos, en el marco de un “uso desproporcionado de la fuerza pública”.

Los derechos de los pueblos indígenas, también están presentes en el informe porque la gestión mileísta decidió derogar el decreto que prorrogaba la figura de “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. Esto, afirmaron, “representa un retroceso normativo” sumada a la “inseguridad jurídica” en las que los colocaron al haber reabierto los relevamientos territoriales técnicos jurídicos-catastrales que ya habían finalizado.

En el análisis general, la CIDH planteó un panorama que llama a encender las alarmas: notó un creciente cuestionamiento de las instituciones democráticas por parte de la población, un incremento de la polarización, un debilitamiento de la independencia judicial, aumento de las acciones de militarización y el uso excesivo de la fuerza ante manifestaciones, la suspensión de garantías y una “tendencia generalizada a la reducción del espacio cívico”, aparecen como características comunes entre la mayoría de los países. Si se hace un repaso rápido, algunos de los ítems resuenan en El Salvador y Ecuador con extensos estados de excepción para combatir la criminalidad, la polarización como herramienta de división por parte de líderes de extrema derecha.

“La polarización exacerbada impacta en las democracias, al poner a la institucionalidad en un segundo plano, frente a las afiliaciones partidistas y afectivas. Con la consecuente pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y la generación de condiciones para el surgimiento de diversas formas de violencia política”, señalaron en ese apartado del informe.

El trabajo, en tanto, fue llevado adelante en un contexto regional e internacional de deslegitimación del trabajo colectivo por parte de líderes de extrema derecha: “Espero que esto no trascienda, que se quede en un tema más discursivo y que, al final, no derriben, no destruyan, no minen la institucionalidad internacional en materia de derechos humanos”, sostuvo Caballero en esta entrevista.

¿Notaron una recurrencia mayor de presentaciones por parte de las organizaciones argentinas ante la CIDH?

José Luis Caballero: Mire, ha habido una vitalidad desde hace mucho tiempo por parte de la sociedad argentina hacia la Comisión Interamericana por entender su papel en la defensa de los derechos humanos. Desde el cambio de gobierno en ese país, se ha acercado mucho la sociedad civil. Hemos tenido una presencia muy activa en los períodos de elecciones y en temas que tienen que ver con género, políticas públicas en materia de igualdad, derechos sociales y la protesta social. Y también, respecto a la institucionalidad democrática porque hemos visto con preocupación que ha habido un intento por disminuir la fortaleza institucional en Argentina, como el cierre del organismo contra la discriminación (INADI), también hay un desafío con la Defensoría del Pueblo (NdR: que no tiene designación hace 15 años). Con Argentina tenemos una relación muy clara, muy puntual. El Estado nos ha escuchado, ha venido a las reuniones, ha estado atento también a los comunicados que han salido y cuando se ha solicitado información y en eso estamos viendo esta situación con preocupación porque sí hay un riesgo de regresiones.

En el informe marcan una alerta sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que el país supo construir a lo largo de su democracia, ¿qué vieron al respecto?

JLC: Eso tiene que ver con informes que nos ha hecho llegar el Estado, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y en el avance que ha hecho en esto. Sin embargo, creemos que hay retroceso, lo ha observado la sociedad civil y la Comisión Interamericana también. Esos retrocesos tienen que ver con el debilitamiento en la capacidad de litigio en los casos de crímenes de lesa humanidad, la disolución de los espacios institucionales especializados. Hay en la región un escepticismo fuerte para mantener el trabajo de memoria, verdad y justicia y creo que ese escepticismo, cuando no negacionismo, está conduciendo a que la Comisión Interamericana haya visto con preocupación lo que ha pasado en la región y en Argentina. Entendemos que se disolvió un equipo de análisis documental de las Fuerzas Armadas que trabaja con documentación de inteligencia a través de un recorte presupuestario, por ejemplo.

¿Y creen que eso puede impactar en el resto de la región de una forma negativa?

JLC: Argentina es una pieza clave en los temas de justicia transicional. Ha sido una pieza clave para resolver las violaciones graves a derechos humanos a través de un cambio democrático. Eso lo documentó la Comisión Interamericana, que con sus visitas desde 1979 ha colaborado para el desarrollo de la democracia. Entonces, Argentina no puede alejarse del fortalecimiento de ese tema en el devenir de los derechos humanos en la región. Yo espero que esto pueda irse reconduciendo porque la Comisión sí tiene una voz muy alta en el tema Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, Perú, Chile, en los contextos o en los países que han hecho trabajo en favor de las violaciones graves a derechos humanos para documentarlas, para llevarlas a la justicia y a las garantías de no repetición.

En los últimos meses, la CIDH se expidió sobre la libertad de expresión en Argentina en donde manifestó su preocupación sobre la violencia registrada en el despliegue de fuerzas de seguridad e hicieron alusión también a la tradición de la participación ciudadana como fundamental para el fortalecimiento de la democracia. ¿Notan un patrón o una sistematicidad en el accionar de las autoridades argentinas que permite también advertir un posible retroceso?

JLC: Sí, lo hemos estado valorando mucho, sobre todo, en términos periodísticos y de protesta social. La libertad de expresión no solamente es la participación de los periodistas, sino también la participación de personas manifestantes. Las y los periodistas, los manifestantes están teniendo que enfrentar, y lo hemos y lo ha advertido la Comisión Interamericana y lo advirtió en el informe de 2024, el uso desproporcionado de la fuerza pública, como fue en las movilizaciones contra la famosa ley ómnibus, la Ley Bases, en donde se reportó el uso de armas no letales y quedó documentado que varios periodistas estuvieron o fueron heridos. Recuerdo que el 11 de septiembre hubo protestas también de jubilados, de personas jubiladas con respecto a la movilidad jubilatoria. Esto vemos que es muy continuo.

Al referirse a la protesta social, el Gobierno plantea que predomina el derecho a circular por la vía pública antes que el derecho a la protesta, ¿cómo entienden esto desde la CIDH?

JLC: Los derechos humanos trabajan y se ejercen en conjunto y hay un principio muy claro, que es el de interdependencia de los derechos humanos. Es decir, no hay jerarquización entre los derechos, no hay que elegir entre los derechos. Yo creo que el marco civilizatorio potenciado por el derecho internacional de los derechos humanos, y de manera particular por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de más de seis décadas y en este informe, tiene que ver y es un ejemplo de que todos los derechos se han desarrollado en estándares de juicio y que no deben reprimirse. El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática. La libertad de conciencia, de pensamiento, de opinión, de manifestación, de reunión para la manifestación, de reunión para hablar de los asuntos públicos, de reunión para pronunciar en contra de una política pública, eso es un tono alto de la exposición, desde luego. Y quienes se expresan son las ciudadanas y los ciudadanos y quienes se expresan a través de información que puede ser veraz, son quienes ejercen el periodismo para documentar esto y otras cosas. Entonces toda esa cobertura la tiene el derecho a libertad de expresión.

En el ámbito internacional, son varios los líderes de extrema derecha, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; o Milei, que buscan deslegitimar el lugar de las organizaciones internacionales. ¿Cómo abordan este contexto desde la CIDH?

JLC: Eso está pasando por Estados Unidos y más allá de Estados Unidos. Hay una tendencia internacional a desconocer este desarrollo civilizatorio de los últimos 75 años, a desconocer de alguna manera los esfuerzos que el multilateralismo ha desarrollado, los avances a través de los tratados internacionales de derechos humanos, la eficacia de los mecanismos internacionales de protección. Hay una tendencia que vemos con preocupación, que está en el discurso. No está en los hechos porque finalmente los Estados siguen comprometidos de alguna manera. Por ejemplo, ahora que se presentó el informe anual, los Estados estuvieron, se comprometieron con el trabajo de la Comisión Interamericana. Entonces, es una tendencia discursiva y una práctica que nos preocupa porque realmente en la región la Comisión Interamericana ha sido una institución que ha posibilitado el cambio a la democracia y el cambio en hacia los derechos humanos en muchos gobiernos a lo largo de todos estos años. Pero yo espero que esto no trascienda, que se quede en un tema más discursivo y que, al final, no derriben, no destruyan, no minen la institucionalidad internacional en materia de derechos humanos. Es un patrimonio que debemos cuidar y la Comisión, trabaja, hace diplomacia y tiene todos sus mecanismos para lograr la propia fortaleza de los derechos, que es su fin último. Y eso yo creo que también tiene que permear en el trabajo de la OEA, en las decisiones que tengan que servir para el fortalecimiento de la comisión y de la OEA con quien integre la Comisión Interamericana en las próximas elecciones de comisionados.