El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel notificó que, a partir de este 1 de enero de 2026, prohibirá el funcionamiento de un 15% de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Gaza, de las que dependen cientos de miles palestinos. Para justificar la decisión, el gobierno israelí alegó que no superaron los nuevos estándares de "investigación de antecedentes", un argumento abstracto que ya había utilizado para sancionar a la mayor agencia de la ONU en el devastado territorio palestino, la Unrwa.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran actores claves como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam. El conflicto central radica en una nueva normativa israelí que exige a estas organizaciones la entrega de listas completas con los nombres de todo su personal, incluidos los trabajadores palestinos locales. Las agencias humanitarias rechazaron de plano la exigencia. Argumentan que entregar esa información no solo viola las leyes europeas de protección de datos, sino que expone a sus empleados locales a represalias directas y pone en riesgo su seguridad física.
El argumento se sustenta en que en los últimos dos años de bombardeos y ataques israelíes, uno de los grupos más golpeados fueron los trabajadores humanitarios.
Ajeno a toda esta evidencia, el gobierno israelí justificó su decisión de la misma manera que justificó los ataques a la ONU: acusó a miembros del staff de Médicos Sin Fronteras de "cooperar con Hamas" y otros grupos armados. La organización médica, una de las más grandes que actúan en el terreno desde el inicio de la guerra, desmintió categóricamente las acusaciones y aclaró que nunca emplearían a sabiendas a personas involucradas en actividades militares. En el caso puntual de MSF, la negativa a entregar las listas se amparó también en la legislación francesa, que les prohíbe explícitamente compartir información confidencial de su personal bajo estas condiciones.
El "desastre" humanitario
Pese a todo el repudio que está generando, la directiva israelí fue tajante: los cientos de trabajadores humanitarios patrocinados por estas agencias que actualmente se encuentran en Gaza deberán evacuar el territorio antes del 1 de marzo.
Ante este escenario, desde MSF lanzaron una advertencia desesperada. "Cualquier reducción de la asistencia humanitaria en Gaza sería un desastre", señalaron en un comunicado, en el que subrayaron que cientos de miles de vidas dependen exclusivamente de la ayuda externa para sobrevivir.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intentaron minimizar el impacto de la medida. Señalaron que el flujo de ayuda "no se verá afectado" por el cambio, dado que, según su versión, a estas organizaciones ya no se les permitía ingresar insumos desde el anuncio del cese al fuego, en una nueva evidencia de que Israel sigue manteniendo su bloqueo militar sobre Gaza para profundizar la crisis humanitaria existente, aún luego que la comunidad internacional denunciara que estaba cometiendo un genocidio contra la población palestina.
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