La Justicia estadounidense condenó al Estado venezolano -y sus representantes- por torturas a tres estadounidenses durante su detención en Caracas en 2022. En la acusación inicial de la Fiscalía, aparecía el nombre de Delcy Rodríguez, la presidenta interino que asumió tras el secuestro y detención de Nicolás Maduro en una cárcel neoyorquina por cargos de narcotráfico. En un giro que vuelve a demostrar la cercanía política actual entre la Casa Blanca y el gobierno chavista, el Departamento de Justicia -del que dependen los fiscales- pidió remover el nombre de la mandataria de la denuncia y condena. El argumento es que "goza de inmunidad ante acciones civiles en Estados Unidos".
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En 2022, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval por presunto espionaje contra el país caribeño. Kenemore, empresario estadounidense residente en Colombia, fue secuestrado cerca de la frontera venezolana y entregado a las autoridades de ese país a las pocas horas. Saad y Marval, amigos y socios, estaban en viaje de negocios en Venezuela -según declararon- cuando fueron detenidos por la policía militar. Los tres fueron finalmente liberados en 2023 durante una negociación entre Washington y Caracas, todavía durante la administración de Joe Biden. Maduro aceptó liberarlos a cambio de la libertad de Alex Saab, un empresario colombiano y ex ministro de Industria de Venezuela a quien la Justicia norteamericana lo detuvo por lavado de dinero y bajo sospecha de ser el testaferro del líder chavista.
El año pasado, la tríada de norteamericanos demandó a un grupo de altos funcionarios venezolanos, incluida la actual presidenta Delcy Rodríguez, al afirmar que fueron sometidos a torturas "físicas y psicológicas" durante su permanencia en prisión, entre las que hubo supuestamente "electrocución, posturas de estrés y palizas" que "todavía hoy les causan angustia y trauma a ellos y a sus familias", según denunciaron sus abogados. También hay fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan denuncias similares de abusos.
Finalmente el juez de Miami, Darrin P. Gayles, dictó una sentencia en rebeldía contra Maduro, Saab y otros cinco acusados, así como contra el presunto “Cártel de los Soles”, por no haber respondido a la demanda. Hora el Departamento de Justicia del gobierno de Trump pidió que la actual presidenta venezolana sea excluida del fallo. Argumentó que, como jefa de Estado debidamente reconocida por Washington, actualmente "goza de inmunidad ante acciones civiles en Estados Unidos". Sus demandantes refutan esta afirmación y piden su inclusión inmediata en el fallo.
La indemnización que aprobó la Justicia
En paralelo, un juez federal otorgó 314 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a los tres implicados, como una forma de indemnizarlos por la resolución judicial. Varios expertos afirmaron que este caso representa la sentencia más cuantiosa hasta la fecha hecha por la Justicia de Washington, en medio de una catarata de demandas presentadas por estadounidenses encarcelados en Venezuela, que también solicitan indemnizaciones en virtud de la Ley Antiterrorista, una legislación poco usada que permite a las víctimas estadounidenses de grupos considerados "terroristas" por la Casa Blanca, de confiscar los bienes de sus victimarios.
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