El histórico juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien la Fiscalía acusa de intento de Golpe de Estado en 2022, empezó este martes con fuertes medidas de seguridad y la ausencia del propio Bolsonaro. El juicio, que también investiga el intento de subvertir los resultados de la elección presidencial, se extenderá hasta el 12 de septiembre.
"La función del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción, ignorando presiones internas o externas", subrayó el juez Alexandre de Moraes en el marco de la audiencia de apertura del juicio. Moraes afirmó que la impunidad "deja cicratrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia".
Por su parte, el fiscal general, Paulo Gonet, defendidó a su turno que no castigar los intentos de romper con el orden constitucional en Brasil "intensificará los impulsos autoritarios y pone en peligro un modo de vida civilizado" y sostuvo que "no se necesita un papel" para empezar un Golpe de Estado. "Las reuniones relacionadas con el golpe, verificadas durante las investigaciones, son suficientes", afirmó el fiscal.
Las autoridades brasileñas reforzaron la seguridad en la sede del Tribunal Supremo hasta que termine el histórico juicio. Según indicaron los médicos del ex presidente, Bolsonaro no asistió a esta primera audiencia debido a su "delicado estado de salud" tras sufrir un ataque con arma blanca en 2018.
El caso por intento de Golpe
Miles de simpatizantes del ex presidente, insatisfechos con los resultados de las elecciones irrumpieron el 8 de enero de 2023 en la plaza de los Tres Poderes -sede del Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el palacio presidencial de Brasilia-, en Brasilia. Según la acusación de la Fiscalía, el asalto golpista, que tuvo ecos de la violencia desatada en el Capitolio estadounidense por los seguidores del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, causó pérdidas estimadas en más de 20 millones de reales brasileños.
El caso se remonta a las operaciones de allanamiento llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en los domicilios de los presuntos implicados en una trama ilícita de falsificación de cartillas de vacunación de la COVID-19 que salpicó a Bolsonaro y que permitieron incautar material como teléfonos móviles, donde aparecieron los primeros indicios del complot golpista.
Gonet presentó un informe de 272 páginas en febrero en el que acusaba a Bolsonaro de instrumentalizar el aparato estatal y llevar a cabo un plan "deliberado", bajo el nombre 'Puñal Verde y Amarillo', con el objetivo de atacar las instituciones democráticas y el proceso de traspaso de poder para impedir que Lula asumiera el cargo tras ganar los comicios presidenciales.
La Fiscalía brasileña acusa a Bolsonaro de escalar su discurso de ruptura con la democracia desde julio de 2021 al expresar su descontento, por ejemplo, con el sistema de voto electrónico o con las decisiones de los tribunales, unas denuncias de fraude electoral que fueron alimentadas en parte gracias a las redes sociales.
El plan golpista -revelado en su mayor parte por el que fuera 'mano derecha' del ex presidente, Mauro Cid, quien llegó a un acuerdo para colaborar con la Justicia para ver reducida su pena en caso de ser condenado- incluso preveía el asesinato de autoridades públicas como el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin y De Moraes, además de a Lula, a quien los golpistas pretendían envenenar.
Además, Bolsonaro habría participado directamente en la elaboración de un decreto 'golpista' que fue presentado a altos mandos de las Fuerzas Armadas en una supuesta reunión llevada a cabo en casa del exministro de Defensa Walter Braga Metto con el objetivo de presionar a los militares y cuyo borrador fue encontrado en el domicilio del ex ministro de Justicia Anderson Torres.
Los delitos que le impuntan
Bolsonaro y los otros implicados en la trama están acusados por abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado, delitos contemplados en el artículo 359 del Código Penal por el que podrían enfrentarse a penas de entre tres y 12 años de prisión.
Otros cargos por los que se les acusa son participación en una organización criminal armada, que contempla penas de tres a ocho años de cárcel; daños a la propiedad pública, por el que pueden ser condenados a penas mínimas de seis meses a tres años y deterioro del patrimonio, que contempla condenas de uno a tres años.
En caso de ser declarado culpable, el ex presidente Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario con tobillera electrónica, podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión, además de ser inhabilitado de forma indefinida para ocupar cargos públicos.
Con información de EuropaPress
Cerrar sesión