La tensión diplomática entre Madrid y Roma escaló a su punto más crítico tras el colapso de las negociaciones para preservar la libre circulación comunitaria. El Gobierno español anunció que restablecerá de forma temporal los controles fronterizos interiores para todos los viajeros procedentes de Italia, en respuesta directa a la negativa del Ejecutivo transalpino de levantar sus propias restricciones sobre las conexiones aéreas y marítimas con España.
Las nuevas inspecciones españolas entrarán en vigor a partir de la medianoche de este sábado 8 de agosto y se mantendrán operativas hasta la medianoche del 7 de septiembre. Fuentes gubernamentales informaron que se realizarán comprobaciones aleatorias de identidad y pasaportes a todos los pasajeros, requiriendo visados o permisos de residencia en el caso de los ciudadanos de terceros países. Desde La Moncloa justificaron la activación del protocolo en la "persistente presión migratoria irregular" que atraviesa el territorio italiano, aplicando un criterio de proporcionalidad luego de que venciera el ultimátum de tres días otorgado a Roma para restituir la normalidad en el espacio Schengen.
Horas antes, la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había rechazado de forma categórica el emplazamiento de Madrid, advirtiendo que el Palazzo Chigi "no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional". La administración italiana ratificó que mantendrá suspendidos los acuerdos de libre tránsito al menos hasta el 15 de agosto, fecha en que las fuerzas de seguridad monitorean posibles llamados en redes sociales para intentar cruces masivos e irregulares desde Marruecos. Asimismo, las autoridades romanas supeditaron cualquier revisión futura a la eliminación completa de las amenazas terroristas y los riesgos de migración no autorizada hacia el continente.
Pese al cruce de medidas restrictivas, ambas administraciones intentaron acotar el impacto del contencioso político asegurando que el canal diplomático bilateral permanece abierto. Desde el Gobierno italiano enfatizaron que las inspecciones no buscan entorpecer el tránsito legítimo de ciudadanos comunitarios ni dañar la relación con un país aliado, una premisa que contrapone la realidad operativa que afrontarán miles de pasajeros en los principales aeropuertos y terminales marítimas de ambos países durante la temporada alta de viajes en Europa.
Con información de EuropaPress.