Lo que empezó el 17 de septiembre en los suburbios del norte de París se convirtió en pocos días en un movimiento nacional. El jueves 1° de octubre, según cifras del propio Ministerio del Interior francés, 1.027 establecimientos secundarios estuvieron afectados por la protesta y 222 de ellos quedaron directamente bloqueados por sus alumnos. Ya no queda un solo departamento del país sin liceos movilizados, y una treintena de campus universitarios se sumaron a la ola. Desbordado, el gobierno decidió cerrar unos 400 colegios el viernes 2. Lo que en Buenos Aires se llamaría una toma de colegios a escala nacional se transformó en la primera gran crisis social del otoño francés, en un comienzo de año que hasta ahora estaba dominado por la interminable discusión del presupuesto y los recortes.
Este martes 6 de octubre, secundarios y universitarios vuelven a la calle en una jornada conjunta a la que la Intersindical —que reúne a los seis principales sindicatos de la rama educativa del país— convocó también a los docentes. El movimiento ya no es una suma de bloqueos aislados: es una generación que le reclama cuentas a un Estado que la abandonó. Los sindicatos afirman haber alcanzado un récord histórico con 1.800 escuelas secundarias bloqueadas en todo el país. 400.000 manifestantes recorrieron las calles de varias ciudades francesas desde esta mañana, de los cuales 100.000 se movilizaron en París, según los organizadores. Muchos padres se solidarizaron y acompañaron a sus hijos en las marchas.
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Ratas, techos caídos y 40 grados en el aula
Para entender la bronca hay que entrar al liceo Paul-Éluard de Saint-Denis, en el conurbano norte de París, convertido en el epicentro del conflicto. Saint-Denis está en Seine-Saint-Denis, el departamento más pobre de la Francia metropolitana, el mismo donde se levantaron las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 2024. A pocos kilómetros de las villas olímpicas, la escuela pública se cae a pedazos.
En el Paul-Éluard las ratas se pasean por las aulas, la luz se corta, las paredes están podridas y las filtraciones del techo forman charcos enormes en los pasillos. Un cielorraso se derrumbó. En el módulo prefabricado instalado como solución provisoria llegó a hacer 40 grados: “Hubo muchos desmayos, pero no había enfermera para atenderlos”, contó un alumno. En los baños, rotos en su mayoría, muchas veces no hay papel higiénico. “Lo tenemos que traer de casa”, explicó una estudiante. El deterioro se mide también en los resultados: en cuatro años, la tasa de aprobación del bac —el examen nacional que cierra el secundario y habilita el ingreso a la universidad— cayó doce puntos, del 96% al 84%.
En todo el país, los secundarios denuncian edificios deteriorados, profesores ausentes que nadie reemplaza durante semanas, jornadas que van de las ocho de la mañana a las seis de la tarde y la presión permanente de Parcoursup, la plataforma digital que desde 2018 decide, mediante algoritmos y expedientes, a qué carrera y a qué universidad puede aspirar cada alumno. Para muchos chicos de los barrios populares, Parcoursup funciona como un embudo que convierte las desigualdades de origen en destino.
“De 8 a 18 horas, ¿es una detención preventiva o qué?”, ironizaba un cartel en Saint-Denis. Otro lo resumía todo con un juego de palabras intraducible: “Queremos el bac, no la BAC”, en referencia a la Brigada Anticriminal, la unidad policial que patrulla los suburbios y que los adolescentes de las banlieues conocen demasiado bien.
De los liceos a las facultades
La protesta se contagió a las universidades justo cuando el gobierno anunció un aumento de los aranceles para las tecnicaturas superiores (BTS) y las clases preparatorias, y confirmó el congelamiento de las APL, las ayudas estatales al alquiler que reciben buena parte de los estudiantes. No es un detalle menor: en un país donde una habitación de estudiante en la región parisina puede costar más de la mitad de una beca, las APL son muchas veces lo que separa seguir estudiando de abandonar. Macron ya las había recortado en cinco euros mensuales al comienzo de su primer mandato, en 2017, en una de las medidas que más contribuyó a instalar su imagen de “presidente de los ricos”.
“Las similitudes entre lo que vivimos en nuestras facultades y lo que sufren los secundarios son enormes”, dijo una militante estudiantil de la Universidad Paris-VIII, también ubicada en Saint-Denis. La convergencia entre liceos y universidades es justamente lo que más temen los gobiernos franceses: la historia reciente del país demuestra que cuando la juventud escolarizada sale a la calle de manera masiva, el poder suele retroceder.
Pasó en 1986, cuando la movilización estudiantil contra la reforma universitaria Devaquet, y la muerte del joven Malik Oussekine bajo los golpes de la policía, obligaron al gobierno de Jacques Chirac a retirar el proyecto. Volvió a pasar en 2006, cuando meses de bloqueos de liceos y facultades enterraron el Contrato de Primer Empleo de Dominique de Villepin, que precarizaba a los menores de 26 años. Y quedó grabado en la memoria colectiva en diciembre de 2018, cuando 151 secundarios de Mantes-la-Jolie que protestaban contra Parcoursup y la reforma del bac fueron detenidos y obligados a permanecer arrodillados, con las manos en la nuca, frente a policías que los filmaban. Esa imagen persigue desde entonces a la relación entre Macron y la juventud de los suburbios.
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Un gobierno sin respuesta
Frente a este cuadro, la respuesta oficial fue mínima. El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció una “gran plataforma de consulta” en línea para que los alumnos expresen “sus expectativas, sus inquietudes y sus propuestas”, pidió a los directores reunir a los consejos de vida colegial y convocó a los sindicatos. También propuso dictar clases a distancia allí donde los bloqueos impidan el dictado presencial, una decisión que dejó librada a cada establecimiento. El resultado es una cacofonía: algunos colegios cierran, otros abren a medias, otros siguen bloqueados, y nadie sabe muy bien quién decide qué.
La propuesta de una consulta en línea, a chicos que reclaman techos que no se caigan y enfermeras que los atiendan, fue recibida como una provocación. “Los secundarios merecen una propuesta política y no una maniobra destinada a romper su movilización”, respondieron los docentes del liceo René-Cassin de Gonesse reunidos en asamblea.
En Argenteuil, una profesora del liceo Braque describió un clima “muy tenso” frente a su establecimiento: “La presencia policial es completamente intimidante, son hombres armados, muchos colegas estaban llorando. Pedimos simplemente que los chicos pudieran reunirse en plenario, tranquilos, dentro del liceo. Nos lo negaron”.
El primer ministro Sébastien Lecornu montó el jueves 1° de octubre una célula interministerial de crisis. De ella no salió ninguna medida política: ni un euro adicional para los edificios escolares, ni un anuncio sobre los cargos docentes vacantes, ni una revisión de los aranceles. Salió, en cambio, con más mano dura.
Balas de goma en la cara, manos arrancadas
Los episodios de violencia policial se acumulan día tras día. El lunes 28 de septiembre, en Saint-Ouen-l’Aumône, al noroeste de París, un chico de 14 años recibió en pleno rostro una granada lacrimógena disparada a muy corta distancia por un policía con un lanzador Cougar, a pocos metros de su colegio. El miércoles 30, en Tours, un menor de 16 años resultó herido, probablemente por un disparo de LBD, las balas de goma de la policía francesa. En Sevran, una representante de padres recibió un disparo de LBD en las piernas.
El jueves 1°, en Argenteuil, otro adolescente de 16 años fue herido en el ojo por una granada lacrimógena, según denunció el diputado insumiso Paul Vannier. “Dijo ‘ayúdenme’, no veía nada. Lo cargamos entre dos, llamamos al SAMU, perdía el conocimiento”, relató a Mediapart una compañera. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), la “policía de la policía”, abrió investigaciones por tres de estos casos. Otro chico perdió la mano por la explosión de una granada llamada “de dispersión” y una adolescente fue manoseada por un policía mientras la apretaba contra el suelo, lo que fue debidamente denunciado.
“Teníamos la impresión de que la consigna era buscar el incidente. No había ninguna estrategia de apaciguamiento”, contó a Mediapart Mathieu Moreau, profesor en Saint-Ouen-l’Aumône y testigo del disparo contra su alumno. Y agregó una frase que dice mucho sobre el daño institucional: “Cuando en clase de educación cívica les hablamos de las instituciones que los protegen, quedamos como payasos”.
Solo el jueves pasado hubo 1.949 detenidos en todo el país y llegan hoy a 6.000. El Ministerio del Interior contabiliza 715 policías y gendarmes heridos; el de Educación, 215 alumnos y 85 miembros del personal lesionados desde el inicio del movimiento. Hubo también incendios en las fachadas de liceos en Rouen y Nantes, un director herido en el Pas-de-Calais y agresiones contra personal educativo, hechos que el gobierno utiliza para reducir todo el movimiento a “violencias urbanas”, la fórmula con la que el poder francés suele despolitizar cualquier protesta que nace en los barrios populares.
“Claro que siempre va a haber un grupito de vándalos para armar lío, pero ¿por qué tenemos que ser responsables nosotros?”, se preguntaba Iliass, alumno de último año en Sevran. “No tenemos enfermera en el liceo y no había nadie para curar a un compañero herido”.
“Cruzamos una línea roja. Están dejando tuerta a la juventud como hicieron con los chalecos amarillos”, denunció Ryad Rani, presidente de la Unión Sindical de Liceos. La comparación no es retórica: durante la revuelta de los chalecos amarillos, entre 2018 y 2019, una veintena de manifestantes perdieron un ojo por disparos de LBD o granadas, y Francia fue señalada por organismos internacionales por el uso desproporcionado de la fuerza. Siete años después, las mismas armas apuntan a chicos de 14 y 17 años.
Para la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, “lo que condeno primero es la estrategia del gobierno que condujo a estas violencias. Nunca se maneja así una movilización de secundarios o estudiantil. Es totalmente irresponsable”. El sindicato docente Snes-FSU, mayoritario en el secundario, fue más lejos: “Este gobierno está acorralado y solo sabe responder con violencia a la bronca social, incluso la de la juventud. Lo que se daña es la confianza en la democracia”.
Milei en el Elíseo
Ese mismo jueves, mientras la policía gaseaba a los secundarios de Saint-Denis, Emmanuel Macron recibía en el Palacio del Elíseo a Javier Milei, acompañado por gobernadores, ministros y empresarios, para hablar de superávit, ajuste y negocios. La coincidencia tiene algo de alegoría. De un lado de París, un presidente que lleva casi diez años recortando servicios públicos y que enfrenta la rebelión de los hijos de los barrios donde esos recortes golpean más fuerte. Del otro, su invitado, que hizo del ajuste sobre la educación pública una bandera y que respondió con represión a las marchas federales universitarias que en 2024 llenaron las calles de la Argentina.
¿Le habrá sugerido Milei a su anfitrión que el protocolo antipiquetes que impuso Patricia Bullrich en la Argentina es la receta eficaz contra este tipo de revueltas? No hace falta. La lógica ya está en marcha en Francia: criminalizar la protesta, señalar a un enemigo político y ofrecer, en lugar de presupuesto, detenciones.
La fábrica del enemigo interno
En lugar de abrir el diálogo, el gobierno eligió un culpable. Al término de la célula de crisis, Matignon, la sede del primer ministro, afirmó, invocando a “los servicios de inteligencia”, que los bloqueos son una “maniobra organizada por LFI y sus proxies de la ultraizquierda”. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, condenó una “violencia desenfrenada, instrumentalizada en parte con fines políticos por alcaldes y diputados de la República”. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, convocó a los 36 fiscales generales del país a una videoconferencia sobre “la firmeza de la respuesta penal”. La extrema derecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella replicó el libreto en las redes sociales, encantada de ver al gobierno adoptar su propio vocabulario.
La acusación no resiste la confrontación con los hechos. Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, repitió una y otra vez a los jóvenes que “no sirve de nada prender fuego”, les pidió usar exclusivamente “métodos de lucha no violentos” y les advirtió: “Si no, jugamos en contra de nosotros mismos”. Al mismo tiempo, asumió sin rodeos el apoyo político al movimiento: “Estamos orgullosos de estar en las puertas de los liceos”, dijo, calificó de “inofensivos” a los secundarios movilizados y responsabilizó a Lecornu por una represión desproporcionada.
Lo que se vio en Saint-Denis el jueves, con profesores y concejales de izquierda tomados del brazo para formar un cordón entre la policía y los alumnos, se parece más a una protección que a una manipulación. El coordinador de LFI, Manuel Bompard, devolvió la acusación con una frase que resume el debate: “Los proxies son Lecornu y los sucesivos gobiernos” que recortaron la inversión en educación.
La estrategia oficial no es nueva. Desde hace años, el macronismo construye a La Francia Insumisa como un adversario fuera del “arco republicano”, con el mismo vocabulario que antes reservaba a la extrema derecha. Atribuirle la autoría de una revuelta escolar cumple una doble función: le quita a los secundarios su condición de actores políticos y le permite al gobierno eludir la discusión sobre las causas.
“Estamos acá para reclamar”
Los propios alumnos rechazan el papel que les asigna el poder. “Esperamos que nos escuchen y que se terminen todas las fake news que dicen que bloqueamos para faltar a clase, que somos incapaces, que no podemos pensar por nosotros mismos”, gritó por megáfono una alumna del liceo Paul-Éluard frente a sus compañeros. “No estamos acá para eso. Estamos acá para reclamar”.
El reclamo es concreto y verificable. Los techos que se caen, las ratas en las aulas, los baños sin papel, los módulos prefabricados convertidos en hornos y los docentes que faltan durante meses no los organizó ningún partido. Son el resultado de años de ajuste sobre la escuela pública, en particular en los territorios que más la necesitan. Ningún servicio de inteligencia hace falta para constatarlo: basta con entrar a un liceo de Seine-Saint-Denis.
Llamado a una nueva jornada de movilización el jueves 8 de octubre
Apenas comenzada la marcha en París, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios ya habían llamado a continuar con el movimiento de bloqueo de los colegios secundarios. Para Suzanne Nijdam, de la FAGE, la principal organización estudiantil, «se necesita que se libere el presupuesto» para poner fin al movimiento. «Es una cuestión de presupuesto, se está sacrificando a la juventud», declaró a la prensa al inicio de la manifestación parisina. Es «ilusorio» pensar que las clases se reanudarán a partir de mañana, como lo mencionó el ministro de Educación, declaró por su parte Sophie Vénétitay, secretaria general del SNES-FSU, el principal sindicato de la educación secundaria. Cuando Édouard Geffray anuncia una reanudación gradual, está, según ella, «desconectado de la realidad».
Estos son los 10 puntos específicos que reclaman los estudiantes:
- Un plan de emergencia para renovar los edificios:
- Contratación masiva de personal:
- Una reforma de los horarios escolares:
- El fin de la selección y de Parcoursup:
- Una nueva democracia estudiantil en la preparatoria
- La revalorización de las becas y el regreso de las APL
- La comida a 1 euro para todos
- Transporte público gratuito
- Una inversión masiva en salud mental
- El fin de la represión policial y disciplinaria
El gobierno de Lecornu, sin mayoría en la Asamblea Nacional y atrapado en una negociación presupuestaria que lo obliga a recortar, eligió el camino que le parecía más barato: la represión y la estigmatización. Puede resultarle caro. La historia francesa enseña que los movimientos secundarios son difíciles de apagar con gases, y que las imágenes de adolescentes heridos tienden a ampliar la protesta en lugar de contenerla.
Por ahora, la respuesta de un gobierno que prefiere granadas y fiscales antes que presupuesto dice mucho sobre el lugar que Macron y Lecornu le reservan a la juventud de los barrios populares. Esa juventud, que ya no confía en las instituciones que deberían protegerla, acaba de demostrar que puede paralizar el país. La pregunta es si el poder está dispuesto a escucharla antes de que la próxima granada deje una herida irreparable.