El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó el miércoles por decreto a una consulta popular para reformar el sistema laboral, en lo que la oposición política calificó como un golpe de Estado y un abierto desafío a la institucionalidad y al Congreso, que previamente rechazó la iniciativa.
La consulta, de 12 preguntas, busca limitar la jornada laboral aumentar del 75% a 100% el recargo por trabajo dominical o en festivos, garantizar seguridad social a trabajadores de plataformas de reparto, autorizar citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes, además de promover contratos a término indefinido.
"He firmado el decreto que convoca a la consulta popular", escribió Petro en cuenta de X.
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El mandatario excluyó del decreto que convoca a la consulta las preguntas relacionadas con el sistema de salud que previamente había anunciado.
Petro dijo que retirará la consulta si el Congreso aprueba una reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso y que en su concepto busca mejorar las condiciones de los trabajadores.
"Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legitimo para discutir leyes", explicó el mandatario en su publicación en la red social.
Una comisión del Senado rechazó en marzo el proyecto de reforma laboral, pero posteriormente el legislativo la revivió en un contexto de tensión con el mandatario.
El Senado también rechazó en mayo una consulta popular impulsada por Petro sobre la reforma laboral, marcando una nueva derrota para el Gobierno en el Congreso.
Sin embargo, el mandatario calificó fraudulenta la votación y decidió presentarla de nuevo, como finalmente lo hizo.
Petro asumió en agosto del 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia del país prometiendo impulsar reformas económicas y sociales para reducir la pobreza y la desigualdad en el país de 50 millones de habitantes.
Pero la mayoría de sus propuestas sociales han sido rechazadas en el Congreso, en donde no cuenta con el suficiente apoyo en un escenario de polarización política a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales para elegir su sucesor.
Los partidos políticos de oposición calificaron la decisión de Petro de convocar por decreto la consulta como "un golpe de Estado" que viola la Constitución y rompe la separación de poderes en el país sudamericano.
Analistas advirtieron que la convocatoria a la consulta deberá ser examinada por la Corte Constitucional o podría ser demandada ante otro tribunal que la anularía, en una decisión que abriría un frente de batalla del presidente con el poder judicial.
De realizarse, la consulta necesita la participación de al menos el 33% del censo electoral, alrededor de 13,5 millones de personas. Cada pregunta debe superar ese umbral y tener mayoría por el "sí" para ser aprobada.
Con información de Reuters