El Tribunal Supremo de España se dispone a llevar a juicio al fiscal general del Estado por presunta filtración de información confidencial en un caso de fraude fiscal en el que está implicada la pareja de una destacada figura de la oposición, según un documento judicial visto por Reuters el lunes.
El caso está en el centro de las fricciones entre el gobierno español, de centroizquierda, y la líder derechista de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se acusan mutuamente de corrupción.
La decisión del juez instructor de abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no tiene precedentes desde el retorno de España a la democracia en 1978.
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El gobierno nombró a García Ortiz, de 57 años, para el cargo en agosto de 2022. Miembro de una asociación de juristas progresistas, tiene experiencia en derecho medioambiental y dirigió la acusación pública en el sonado vertido de fuel del Prestige.
En su auto, el juez Ángel Hurtado dijo que hay pruebas suficientes para proceder contra García Ortiz por las acusaciones de compartir con los medios de comunicación el contenido de un intercambio de correos electrónicos entre el abogado que representaba al novio de Ayuso, Alberto García Amador, y la fiscalía regional. La decisión de Hurtado aún puede ser recurrida.
En el correo electrónico filtrado, el abogado de García Amador ofrecía la admisión de su cliente de dos cargos de fraude fiscal a cambio de un acuerdo negociado con la fiscalía madrileña para evitar penas de cárcel. García Amador declaró con posterioridad ante el tribunal que no tenía conocimiento del acuerdo propuesto.
Hurtado, que inició el caso en octubre, dijo que el correo electrónico contenía información personal sensible, protegida por la confidencialidad entre abogado y fiscal, y afirmó que García Ortiz actuó siguiendo instrucciones de la oficina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "ganar la narrativa".
El juez dijo que García Ortiz borró datos de sus dispositivos móviles durante la investigación, lo que calificó de acto de "obstrucción a la justicia". García Ortiz se niega a dimitir y ha defendido en reiteradas veces su inocencia e imparcialidad.
(Editado en español por Carlos Serrano)
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