La Cámara alta del Parlamento italiano dio el miércoles su aprobación definitiva a un amplio decreto de seguridad contra las protestas públicas, los carteristas y los ocupas, y que prohíbe el llamado cannabis "legal".
Las medidas, impulsadas por el gobierno de coalición de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni, han sido criticadas por grupos de la oposición y defensores de los derechos civiles por considerarlas excesivamente represivas.
El Senado aprobó el decreto con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, tras una tormentosa sesión que se suspendió temporalmente cuando los legisladores de la oposición protagonizaron una protesta en el hemiciclo al grito de "vergüenza, vergüenza".
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"Desafiamos a un gobierno que quiere encarcelar a los niños, a los estudiantes que hacen huelga y a los manifestantes frente a las fábricas", declaró a la prensa Francesco Boccia, senador principal del Partido Democrático, de centroizquierda.
El decreto tipifica como delito el bloqueo de carreteras y las pintadas en bienes públicos, con lo que se dirige a los manifestantes contra el cambio climático que en Italia han interrumpido a menudo el tráfico o arrojado pintura contra monumentos.
Introduce nuevos delitos contra las revueltas en las cárceles y los centros de detención de inmigrantes, castigando incluso los actos de resistencia pasiva, y contra las personas que ocupan propiedades privadas, como viviendas sociales.
Prohíbe el comercio de "cannabis light", o cáñamo, que a diferencia de la marihuana no tiene propiedades psicoactivas, lo que enfureció a los empresarios locales, que afirman que la medida costará miles de puestos de trabajo y pondrá en peligro millones de euros de inversiones.
El proyecto de ley suprime la exención de prisión para las mujeres condenadas embarazadas o con bebés, ya que, según sus defensores, la minoría étnica romaní se aprovechaba de esta norma para eludir el castigo por carterismo en serie.
"Es inútil decir que este decreto es inhumano, porque las mujeres que tienen hijos para robar no son dignas de tenerlos", declaró Gianni Berrino, senador del partido de Meloni, Hermanos de Italia.
El decreto también introduce sanciones más duras para los manifestantes que se enfrenten a la policía, causándoles lesiones, y ofrece cobertura legal de hasta 10.000 euros (11.385 dólares) a los oficiales del ejército o de la policía que sean sometidos a investigación o enviados a juicio.
La coalición de Meloni ganó las elecciones con contundencia en septiembre de 2022 y sigue subiendo en las encuestas tras prometer mano dura en materia de ley y orden.
(1 dólar = 0,8783 euros)
(Editado en español por Carlos Serrano)
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