Socialdemocracia y Peronismo

Las bases históricas como herramienta de respuesta para el Gobierno frente al aumento de la virulencia de los ataques antidemocráticos por parte de pequeños grupos y de los medios hegemónicos.

13 de septiembre, 2020 | 11.00

Se multiplica el foquismo destituyente, ganan la calle minúsculos grupos de agitadores aprovechando las restricciones por la pandemia que limitan las respuestas en ese terreno. Los medios amplifican y legitiman cualquier provocación, ocultando a sus promotores, asignándoles una espontaneidad ficticia y presentándolo como una razonable derivación de un autoritarismo estatal. Dar respuesta es ineludible, decidir cómo responder es el desafío.

Impuesto a las Grandes Fortunas

Mirando el bosque

Cada conflicto posee una singularidad que lo distingue, que debe observarse atentamente para desentrañar sus motivaciones, sus razones, sus antagonistas y las posibles vías de solución.

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Esa caracterización no supone ignorar, que con frecuencia una determinada colisión de intereses se verifica en un contexto en donde se registran otras muchas controversias que pueden tener similitudes o presentar aristas que, tanto sea en su origen como en su resolución, importen una cierta identidad o algún nivel de incidencias recíprocas.

Esas eventuales comunidades conflictivas no implican por sí mismas que ostenten un mismo hilo conductor, ni que respondan a un objetivo único ni a un propósito prevalente que –declarado o no- configure la verdadera razón de confrontación.

Prestar atención a cuánto tienen en común, cuánto de autonomía o cuánto de una estrategia más amplia que se vale de una multiplicidad de conflictividades, es indispensable para evaluar y elegir las respuestas más adecuadas para superarlas.

Hace ya unas cuantas semanas que en el país se registran episodios de distinta magnitud que muestran un tinte desestabilizador, promoviendo la violación de la normativa vigente en materia sanitaria, formulando amenazas de creciente violencia, desafiando irracionalmente la autoridad estatal y el regular desenvolvimiento institucional.

La constante presencia, acompañamiento o protagonismo que ostentan dirigentes relevantes de Juntos por el Cambio en acciones de esa índole, el destacado rol que cumplen los medios de comunicación hegemónicos en la construcción de sentido para su validación social y el indisimulado disgusto del poder económico concentrado por las políticas del Gobierno nacional que no se someten a sus mandatos, son reveladores de un proyecto destituyente que exige una mirada más abarcadora de la realidad que no se circunscriba a hechos aislados cuando denotan, por su naturaleza o por el uso que de ellos se hace, una íntima conexión.

La reciente asonada policial

En ese escenario se inscribe el insólito alzamiento de policías bonaerenses, en una escalada que superó todo limite cuando en la madrugada del martes cercaron la Residencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, continuaron durante el día con concentraciones en diferentes municipios y hasta llegaron a instalarse frente en la propia Quinta de Olivos rodeándola con móviles policiales.

Los participantes en su mayoría vestían su uniforme y estaban armados, lo que acentuaba las actitudes –y consignas- amenazantes, claramente sediciosas, con las que pretendían imponer sus alegadas reivindicaciones “laborales”.

La beligerancia extrema que intempestivamente manifestaron, contrastaba con la absoluta pasividad que mantuvieron durante los cuatro años de gestión de la ex - Gobernadora Vidal, a pesar de haber sido en ese período cuando se registró una sustantiva retracción de sus remuneraciones básicas (del 30%) y adicionales de servicio (horas extras), se incumplió la promesa de equiparación salarial con la Policía Federal, se los privó de prestaciones de salud (atención en el Hospital de Alta Complejidad “Churruca”), se verificaron enormes carencias en la provisión de equipamiento. Cuestiones éstas como otras que conformaban su actual pliego de requerimientos, pero que tenían larga data.

A ello debe agregarse que quienes hacían de voceros o representantes de los uniformados eran policías retirados, sumariados o exonerados por imputación de delitos graves, y que en el caso de los congregados en Puente 12 (Autopista Richieri) llegaban al delirio de exigir, como condición para parlamentar, que se apersonara el Gobernador o el Presidente de la Nación.

Razones y sinrazones

Tratar de explicar esos sucesos por la ausencia de una vía orgánica de canalización de las protestas, que resultaría de impedírsele a los policías sindicalizarse, no tiene el menor asidero a poco que se analicen las características del levantamiento.

Su derecho a formar sindicatos es un tema controvertido, tanto como que ello constituya una efectiva solución para combatir la corrupción tan extendida en las fuerzas de seguridad, ni sea el mejor modo de administrar los conflictos laborales que se susciten en ese ámbito.

Los Convenios de la OIT que garantizan los derechos de libertad sindical y de sindicación (N° 87, art. 9.1 y N° 98 art. 5.1), ratificados por la Argentina, en ambos casos establecen que “La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas” en dichos Convenios.

Pero aún en los países que habilitan su sindicalización las acciones gremiales tienen severas restricciones, en particular en materia de huelga, y en ningún caso autorizan la portación de armas en las movilizaciones de protesta o en la actuación sindical.

Cuesta entender la pasividad demostrada por los Ministerios Públicos (provincial y nacional) ante la ostensible actividad delictiva protagonizada por los policías bonaerenses, como la ausencia de fuerzas federales que –cuanto menos en el caso de la Residencia presidencial- intervinieran para desconcentrar a los manifestantes.

Otro tanto ocurre en orden a las expresiones que asignaban “legitimidad” o “razonabilidad” a los reclamos, porque la forma extorsiva elegida y el menoscabo institucional que significaba no admitían calificaciones semejantes, ni adentrarse en consideración alguna de los requerimientos para catalogarlos, menos todavía darle curso mientras no depusieran la conducta amenazante.

Un horizonte con incertidumbres

La impunidad por actos que no sólo infringieron reglamentaciones básicas a las que deben ajustarse los efectivos policiales, sino que importaron la inobservancia de medidas sanitarias impuestas frente a la pandemia por quienes tienen deberes específicos en el control de su cumplimiento y, principalmente, por el carácter sedicioso de las acciones emprendidas, conforma un precedente potencialmente lesivo para el sostenimiento de la paz social.

La satisfacción de las demandas en tales circunstancias, a su vez, abre alternativas de una multiplicación de reclamos de esa índole en el sector público y también de otros ajenos al campo laboral con motivo de situaciones mucho más acuciantes y que tendrán al Estado por destinatario.

El restarle entidad política, eludir un explícito señalamiento de las responsabilidades que les cabe –por acción o inadmisible omisión- a los sectores de la oposición que atentan constantemente contra la democracia, coadyuva al desconcierto de la población y no favorece a la visibilización de la enorme obra de gobierno que viene desarrollándose, sorteando dificultades de todo tipo.

La apertura al diálogo, el respeto por las ideas divergentes y por los derechos de las minorías son actitudes valorables, en tanto y en cuanto las contiendas se ajusten a las reglas de la democracia, no pretendan violentar la voluntad de las mayorías expresadas en las urnas o recurran a métodos y persigan objetivos reñidos con los valores que justifican aquellas prácticas.

La instalación de un clima caótico, permanentemente renovado, con el que se insiste en esmerilar la figura presidencial y recrudece ante cada evidencia de los éxitos de gestión que la fortalecen (reestructuración de la deuda con los bonistas privados, buenas perspectivas en la negociación con el FMI, reducción del riesgo país a menos de la mitad en sólo unos días, continuidad del sostenimiento de los programas de asistencia, mantenimiento de la priorización de la salud sobre la economía sin que ésta se derrumbe catastróficamente como se anunciaba), no puede subestimarse a la luz de la historia y de lo que viene ocurriendo en la Región.

Acaban de cumplirse 90 años del primer golpe de Estado en la Argentina, que abrió el cauce a sucesivas irrupciones dictatoriales en el siglo XX, en el cual los medios periodísticos cumplieron un papel fundamental en el desgaste del gobierno de Yrigoyen como dan cuenta editoriales, artículos de opinión y noticias engañosas publicadas por los diarios de la época. La connivencia de cierta dirigencia política tuvo su expresión más emblemática en Alvear, que precediera en la Presidencia al mandatario derrocado y pertenecía a su mismo Partido, quien desde su residencia en París opinó:

“Mi impresión, que trasmito al pueblo argentino, es de que el ejército, que ha jurado defender la Constitución, debe merecer nuestra confianza y que no será la guardia pretoriana ni que esté dispuesto a tolerar la obra nefasta de ningún dictador”.

La cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, completó la tarea acordándole legitimación a los actos de las autoridades de facto.

Identidades políticas

El pensamiento liberal representó una exacerbada manifestación del individualismo, en el cual las libertades formales se erigían con prescindencia de su efectiva consagración general que garantizara igualdad y equidad social.

Desde su perspectiva doctrinaria la mayor amenaza provenía de la acción del Estado, en cuanto excediera funciones básicas como custodio de aquel bien superior, y de toda actuación popular colectiva que pretendiera otro tipo de participación que no fuera la electoral –restringida y a menudo amañada-, desconociendo otras representaciones democráticas que las de los Partidos Políticos que ostentaban similares limitaciones participativas y notorios vicios en su funcionamiento.

El Peronismo surgió como ideología claramente antagónica al liberalismo, en una etapa en la que éste atravesaba su máxima degradación, no ciñéndose a una conformación partidaria sino como espacio político en el cual encontraran cauce diferentes representaciones populares y sectoriales, con un fuerte componente nacional y antiimperialista. Postulando una indispensable presencia del Estado, con una decisiva intervención reguladora para alcanzar equilibrios entre el Capital y el Trabajo en miras a la Justicia Social.

La socialdemocracia supuso una reformulación del antiguo liberalismo, que desde la segunda mitad del siglo pasado se impuso particularmente en Europa –y se proyectó a Latinoamérica- emergiendo como alternativa al marxismo y saldando en alguna medida las carencias de contenidos sociales, pero sin avanzar en transformaciones estructurales ni en un empoderamiento popular que eran refractarios a su propia esencia.

Los acercamientos en ciertos postulados de democracia social no salvaron las diferencias identitarias con el Peronismo, en cuanto a su condición de Movimiento no sujeto a una organicidad como Partido, a su base popular expresada en Organizaciones Sindicales y Sociales con proyección política de mayor densidad que el aparato partidario y que, aun reconociéndose policlasista, encuentra su razón de ser en la vocación de representar a la clase trabajadora, como de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de realización de los más humildes.

Acciones desestabilizadoras y gobernabilidad

Las crisis de gobernanzas emergen en todo el mundo occidental, los países centrales han virado decididamente hacia posiciones más conservadoras respondiendo a las demandadas del Neoliberalismo, abandonando paulatinamente los enunciados progresistas y poniendo en evidencia el riesgo de que se instalen regímenes autoritarios, xenófobos y racistas.

En Latinoamérica el panorama no es más alentador, por el contrario, la injerencia norteamericana es cada vez más desembozada, con clara dirección al sometimiento incondicional de los Estados y, sin renunciar a eventuales intervenciones armadas, promueven recurrentemente operaciones de desestabilización de los Gobiernos que resisten sus embates y se proponen un desarrollo soberano.

Las acechanzas referidas, ya concretadas en países vecinos, también se verifican en la Argentina y han adquirido una sistematización alarmante. A la par, los efectos de la pandemia han puesto de manifiesto en las capas medias de la sociedad un alto grado de irresponsabilidad social y de despreocupación política por los riesgos que corre la democracia.

Frente a esa peligrosa combinación de individualismo desaprensivo e incremento de la virulencia de los ataques antidemocráticos, con un Estado altamente demandado que recién comienza a reconstruirse de la devastadora ola Neoliberal, el mayor respaldo que el Gobierno puede recibir proviene de sus bases históricas: los sectores populares y sus organizaciones constituidas en un frente sindical, social y político activo. En definitiva, respondiendo con más política participativa y más peronismo.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.