Estados Unidos redefine América Latina y reactiva la Doctrina Monroe

La publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para América, difundida por la administración de Donald Trump a fines de este año, marca un punto de inflexión. No se trata de un ajuste técnico ni de una actualización retórica. El documento propone un cambio de lógica: América Latina deja de ser un espacio de cooperación para convertirse en una extensión directa de la seguridad interna estadounidense. El hemisferio es redefinido como zona vital en la disputa global del siglo veintiuno.

El texto abandona la posición “multilateral” que Washington promovió durante décadas y recupera una visión jerárquica. Estados Unidos se reserva el rol de conductor político, económico y militar del continente. El objetivo declarado es “restaurar la preeminencia estadounidense” frente al avance de China, Rusia e Irán. El resultado es una doctrina que reactiva, sin ambigüedades, la lógica de la Doctrina Monroe bajo parámetros actuales.

La estrategia introduce una noción de soberanía ampliada. Migración, narcotráfico, energía, infraestructura y tecnología pasan a ser considerados asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta expansión conceptual habilita una mayor intervención en países de América Latina y el Caribe, tratados como piezas funcionales de un esquema defensivo propio. El hemisferio ya no es un espacio compartido: es una retaguardia estratégica.

Desde esa base emerge lo que puede leerse como un “Corolario Trump”. Washington se arroga el derecho de supervisar y vetar la inserción de actores como Rusia y China e Irán en la región. No se trata de responder a crisis puntuales, sino de establecer un marco permanente. La seguridad estadounidense queda ligada al control político, económico y tecnológico del continente.

El esquema opera en tres planos. En el geopolítico, Estados Unidos se presenta como garante del orden hemisférico frente a la competencia china. En el geoeconómico, busca desplazar inversiones y tecnologías chinas, rusas e iraníes de sectores estratégicos. En el militar, amplía la justificación para despliegues navales, control de rutas y acciones contra actores no estatales en terceros países.

Dos verbos ordenan la estrategia: alistar y expandir. Alistar implica integrar a gobiernos latinoamericanos en la arquitectura de seguridad estadounidense. Esto exige compromisos concretos. Control migratorio para actuar como filtro previo del sistema estadounidense. Cooperación contra cárteles con inteligencia compartida y eventual uso de fuerza. Integración económica selectiva, con preferencia por empresas y cadenas de valor alineadas con Washington.

Este mecanismo reconfigura el mapa político regional a partir de una lógica funcional. Algunos países son concebidos como socios estratégicos y reciben cooperación y beneficios económicos; otros ocupan un rol de contención (especialmente en materia migratoria y de seguridad); mientras que aquellos con vínculos estrechos con potencias como China, Rusia e Irán quedan bajo presión diplomática o son definidos como amenazas hemisféricas. El resultado es una fragmentación creciente de los espacios de articulación regional y una reducción de los márgenes de autonomía estratégica.

Expandir, el segundo pilar, profundiza la militarización y la competencia con China. La estrategia prevé más operaciones navales en el Caribe y el Pacífico, refuerzo de bases y control de rutas marítimas. En paralelo, impulsa una ofensiva geoeconómica para desplazar a empresas chinas de infraestructura, energía, telecomunicaciones y puertos, en especial en países con recursos críticos como el litio.

La dimensión tecnológica concentra una presión inédita. Estados Unidos exige bloquear el ingreso de empresas chinas en redes 5G, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia. Para muchos países, la disyuntiva es concreta: asumir mayores costos económicos o enfrentar represalias políticas. La soberanía tecnológica queda subordinada a una disputa global que no se define en la región, pero se libra en su territorio.

Las implicaciones son profundas. La competencia entre Estados Unidos y China en términos de estados, pero del G2 como disputa de proyectos estratégicos, se profundiza en la región y atraviesa directamente a América Latina. La militarización aumenta y con ella los riesgos de inestabilidad. Las alternativas de financiamiento se reducen y las dependencias estructurales se refuerzan. Al mismo tiempo, se debilitan los espacios multilaterales y se consolida una lógica bilateral asimétrica.

La Doctrina Monroe regresa, pero transformada. Ya no se presenta como “principio defensivo”, sino como una reedición de un proyecto de dominio hemisférico en un mundo en disputa. América Latina vuelve a ser tratada como retaguardia estratégica. La pregunta abierta no es si esta doctrina tendrá efectos, sino cuánto margen conservarán los países de la región para decidir cómo y con quién vincularse en un escenario de competencia sistémica creciente.