¿Un “Guantánamo” europeo?

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles en Estrasburgo el nuevo reglamento sobre retornos de migrantes con solicitudes de asilo rechazadas, una reforma que autoriza a los países miembros a firmar acuerdos para instalar centros de internamiento fuera del territorio de la Unión Europea. El texto salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra
y 30 abstenciones, en una votación que ha vuelto a poner de relieve la división entre la izquierda europea y una mayoría formada por la derecha y la ultraderecha, afirma la AFP.

La norma busca revertir un dato que las fuerzas partidarias de una política migratoria más estricta consideran alarmante: actualmente solo alrededor del 20% de las órdenes de
expulsión dictadas contra personas extranjeras en situación irregular se ejecutan de manera efectiva. Para corregirlo, la Comisión Europea presentó hace un año una propuesta que permite a los Estados crear los llamados centros de retorno, instalaciones situadas en terceros países donde podrían recluirse personas a la espera de su expulsión.

Grecia es uno de los países que con más interés observa esta posibilidad, con la expectativa de contar con un centro de este tipo a partir de 2027. Alemania, Austria, los Países Bajos y Dinamarca también estudian fórmulas similares, y medios franceses han apuntado a Ruanda, Uganda y Uzbekistán como posibles destinos para estos centros. 

El reglamento sobre los dichos centros llega apenas días después de la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del Pacto sobre Migración y Asilo, la reforma más profunda del sistema de asilo europeo en una década, adoptada por el Consejo en 2024 y aplicada ya en los 27 Estados miembros. El pacto sustituye 27 marcos nacionales distintos por un conjunto único de normas que combina un control reforzado de las fronteras exteriores - con un procedimiento fronterizo de hasta siete días antes de admitir a una persona en territorio europeo y una base de datos Eurodac ampliada -, con procedimientos de asilo más rápidos para quienes proceden de países considerados que pasan de seis a tres meses.

Una de sus piezas centrales es además la emisión automática de una orden de retorno en cuanto se rechaza una solicitud de asilo, el mecanismo que ahora completa el reglamento
sobre los centros. El pacto prevé también un sistema de solidaridad entre Estados para repartir la presión migratoria, aunque su aplicación avanza con dificultades: el objetivo de reubicar a 21.000 solicitantes en 2026 apenas cubre, por ahora, la mitad de lo comprometido, y países como Hungría y Eslovaquia no han ofrecido ninguna plaza. La propia Comisión Europea ha reconocido que la implementación será gradual y que ningún país está aún completamente preparado.

El acuerdo político entre los Veintisiete y la Eurocámara que dio origen al reglamento se había cerrado hace dos semanas, por lo que la votación de este miércoles era el último
paso para su validación definitiva.  Es una etapa histórica para Europa, la prueba de que el cambio es posible, celebró el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy, de Los
Republicanos, integrado en el grupo conservador del Partido Popular Europeo. El ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, calificó la votación de avance mayor
para reforzar el control de las fronteras y de la inmigración.

Las críticas, sin embargo, no se hicieron esperar desde la izquierda. La eurodiputada ecologista francesa Mélissa Camara denunció lo que consideró el error imperdonable e histórico de renunciar a los derechos y a la dignidad de las personas exiliadas para aprobar, a su juicio, un texto guiado únicamente por la xenofobia. En el centro del hemiciclo, el grupo liberal Renew (al que pertenece el partido de Macron) llegó dividido a la votación: una parte de sus diputados intentó, sin éxito, excluir del reglamento a las familias con menores para evitar su traslado a países terceros lejanos.

El eurodiputado belga Yvan Verougstraete, también de Renew, votó en contra y advirtió que la eficacia no puede justificar lo injustificable", anunciando que su partido presionará para que Bélgica se sume a España entre los Estados opositores al texto en el Consejo de la UE.

La extrema derecha, por su parte, celebró el resultado como una victoria ideológica. El líder del Reagrupamiento Nacional francés, Jordan Bardella, aseguró en la víspera de la votación que su grupo, Patriotas por Europa, había sido el aguijón ideológico de toda la negociación.

El reglamento se inscribe en una tendencia que ya han ensayado, con resultados desiguales, otros países europeos. El Reino Unido tuvo que abandonar su proyecto de expulsar a migrantes en situación irregular hacia Ruanda, mientras que los centros gestionados por Italia en Albania han chocado con recursos judiciales que han frenado e incluso anulado varios traslados de solicitantes de asilo. Organizaciones humanitarias como France Terre d'Asile han calificado el nuevo reglamento de violencia fría, y voces de la izquierda europea, como el ex ministro francés Benoît Hamon, lo han descrito como una política de expulsión de carácter xenófobo. 

Los centros de retorno, destinados a las personas a las que se les ha denegado el derecho de asilo y a las personas en situación irregular, podrían, a la larga, chocar con «la protección por rebote desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace unos años», subraya Serge Slama, profesor de Derecho Público en la Universidad de Grenoble-Alpes. Se trata en este caso de los «derechos absolutos» que impiden la expulsión de una persona a su país de origen si corre el riesgo de sufrir la muerte o la tortura. « Será necesario que los terceros países que acojan estos centros de retorno ofrezcan garantías suficientes en este ámbito ».

Pese a estas advertencias, el texto avanzó con una holgada mayoría, en lo que sus críticos interpretan como un síntoma de que el endurecimiento de la política migratoria ha
dejado de ser terreno exclusivo de la extrema derecha para instalarse en el centro del debate político europeo.

La Unión Europea puede darse por satisfecha de haber logrado ponerse de acuerdo sobre unas medidas infames e indignas. Pero se equivoca en un punto: está allanando el camino hacia un nuevo tipo de estancamiento político y hacia tragedias humanas, cuyos efectos se dejarán sentir rápidamente, tanto en Francia como en otros lugares.