La farsa sobre la crisis de representación

El presente análisis, se adentra en el complejo panorama electoral argentino actual, con ausentismo en alza en todo el país y proscripción de la principal figura opositora, centrándose específicamente en la provincia de Buenos Aires, un distrito de crucial importancia estratégica. 

La decisión de Cristina Kirchner de participar en las elecciones de la Tercera Sección bonaerense, subrayaba la relevancia de esta región, que alberga aproximadamente 6,5 millones de habitantes, lo que representa más de un tercio de los 17,5 millones de bonaerenses. 

En términos electorales, esta sección cuenta con 4.846.000 electores habilitados para votar en 13.546 mesas. Por otra parte “La Tercera”, aporta al peronismo bonaerense el 50% de sus votos totales. 

Siendo así, es evidente que el actual bloque en el poder no podía dejar que Cristina Kirchner fuera candidata y probablemente preservara provincia de Buenos Aires para el peronismo: el partido judicial apelando a una sentencia sin sustento, proscribe entonces a la principal opositora. Vivimos a partir de entonces una farsa democrática.

Un Análisis Crítico de la Representación Política en Argentina

Introducción: El Escenario Electoral y la Crisis de Representación

La magnitud de esta base electoral es tal que, según los datos disponibles, dijimos que la Tercera Sección aporta el 50% del total de votos del actual oficialismo provincial.

Esta cifra es fundamental, ya que posiciona a la región no solo como un distrito vasto, sino como un pilar esencial para la estabilidad y legitimidad del gobierno provincial. 

Cualquier variación significativa en sus dinámicas electorales podría, por lo tanto, repercutir en el entramado político a nivel provincial y, por extensión, nacional.

La participación hoy negada de Cristina Kirchner fue concebida como un desafío de proporciones «tan grandes como intransferibles», con el objetivo explícito de «Volver a representar» a su base electoral.

Aquel electorado “propio” que se percibía desanimado tras la debacle distributiva del Frente de Todos que hizo que 4,1 millones de electores que optaron por el Frente en el año 2019, se ausentaran de la elección de medio mandato de año 2021.

Esta situación resalta las elevadas apuestas políticas que se jugaban en la elección bonaerense y la necesidad de una figura de gran volumen político y unificadora, para movilizar a un electorado desilusionado. 

En este contexto, nuestra tesis central es: Con la proscripción de Cristina Fernández el sistema de representación electoral argentino contemporáneo ha degenerado en una «farsa electoral».

Esta afirmación trasciende la mera crítica a los resultados electorales, planteando un cuestionamiento profundo sobre la integridad y la autenticidad de la representatividad del proceso democrático mismo. 

Esta «farsa», está intrínsecamente ligada a la consolidación de un «voto calificado estructural», que parece servir crecientemente a los intereses del «actual bloque en el poder», alineado con una agenda política y económica de neoliberal de ultraderecha.

La lucha por esta región del conurbano (ver mapa) se convierte así en una batalla por el poder político en la provincia.

A continuación, se presenta una tabla con los datos clave que ilustran la importancia de la Tercera Sección bonaerense en el panorama electoral:

Ausentismo Electoral: Un Fenómeno con Profundo Sesgo de Clase

Las seis elecciones del año 2025 ya transcurridas, que representan el 25% del padrón nacional de electores, han revelado un fenómeno electoral novedoso por su espontaneidad, extensión e intensidad: un ausentismo electoral generalizado.

Esta tendencia sugiere un desenganche profundo y expandido a nivel nacional del proceso de votación, muy distinto de patrones anteriores de desacople. 

En este contexto de desconexión, la proyección de participación electoral para el año 2025 en la Tercera sección es crítica, notablemente baja, estimada siguiendo el promedio nacional verificado, en no más del 55% del padrón de 4.846.000 electores habilitados para votar.

Esta alarmante proyección implica que casi la mitad de los votantes habilitados se abstendrían, lo que indica una profunda crisis de participación electoral, tal como se viene observado en las elecciones ya realizadas.

Un punto analítico cuali-cuantitativo crucial es la comparación directa entre los niveles de ausentismo proyectados para el año 2025 y el «voto rechazo», combinado con los votos en blanco y nulos observados durante las elecciones intermedias de octubre del año 2001 previos a la primera crisis de salida del neoliberalismo en democracia.

Este paralelismo histórico es sumamente significativo, dado que las elecciones de octubre del año 2001 ocurrieron apenas dos meses antes de la mega crisis socioeconómica e institucional de diciembre de ese año en Argentina. 

En la Tercera Sección en el año 2001, el Partido Justicialista obtuvo 805.107 votos, lo que representó el 46,43% del total. 

Sin embargo, el segundo lugar fue para los votos anulados, que superaron tanto a los blancos como a los obtenidos por la Alianza.

Este «voto bronca» del año 2001 es una guía para imaginar la extensión de la crisis de representación, que se está desarrollando actualmente en este año 2025.

Esta recurrencia de patrones de descontento electoral sugiere que el alto ausentismo actual no es simplemente una manifestación de apatía, sino una forma más profunda de rechazo comunitario activo o pasivo. 

El hecho de que los votos anulados ocuparon el segundo lugar en el año 2001, indica una fuerte objeción a las opciones políticas disponibles, lo que sugiere un sentimiento similar, aunque quizás menos explícito, en la actualidad en tanto hoy, la ciudadanía ni siquiera concurre a votar. 

Si una parte sustancial del electorado, en particular los más vulnerables, está rechazando el sistema pasivamente a través de la no participación, esto apunta a una crisis fundamental de legitimidad para todo el marco democrático. 

Esto podría ser un precursor de una inestabilidad social más amplia, similar a las condiciones que precedieron a la crisis del año 2001, pero manifestándose a través del desenganche electoral en lugar de protestas abiertas como votar en blanco o anular el voto vía sobres con fetas de salame y la introducción en su interior de figuras de historieta, como hace casi un cuarto de siglo.

El análisis muestra además que, como es habitual, el ausentismo observado en el año 2025 no se distribuye de manera homogénea en todo el electorado. Por el contrario, es particularmente intenso en la base de la pirámide de estratificación social.

Esto indica un claro sesgo socioeconómico en la no participación. Hay una relación directa: «A mayor vulnerabilidad social, más ausentismo electoral».

Esta heterogeneidad señala a los segmentos de la población socioeconómicamente más desfavorecidos como aquellos más desconectados, o que rechazan pasivamente el proceso electoral. 

Esta distribución desigual del ausentismo se destaca como particularmente perjudicial en este caso que analizamos el peronismo bonaerense, debido a la base de apoyo histórico y tradicional del movimiento peronista que, aunque menguante, sigue sustentada en los sectores sociales vulnerables.

Esta circunstancia advierte que el desenganche no es aleatorio, sino que está profundamente arraigado en las condiciones materiales de existencia. 

Implica que aquellos más afectados por las dificultades económicas, la desigualdad social y la falta de oportunidades, son quienes se sienten menos representados o empoderados por el proceso electoral. 

Su no participación es una consecuencia directa de su realidad socioeconómica degradada, lo que indica una desconexión percibida entre la participación democrática en particular la electoral y cualquier mejora tangible en la vida cotidiana. 

Si los segmentos más vulnerables de la sociedad son sistemáticamente excluidos (o autoexcluidos debido a la desilusión) del proceso de votación, el sistema democrático pierde su carácter representativo. 

Esto implica que la agenda política y los resultados de las políticas son cada vez más propensos a ser moldeados por las preocupaciones e intereses de los estratos socioeconómicos más altos, marginando aún más las necesidades de los vulnerables. 

Esto crea un círculo vicioso peligroso, exacerbando las desigualdades existentes y potencialmente conduciendo a un bucle de desenganche y falta de representación, socavando los mismos cimientos de una sociedad democrática.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las prácticas electorales entre los años 2001 y 2025:

El «Voto Calificado Estructural»: Una Democracia Distorsionada

Tal como señalamos antes, se observa la consolidación de un «voto calificado estructural» como una característica definitoria del sistema electoral actual.

Este concepto describe un escenario en el que «el voto positivo crece hacia la cima de la pirámide de estratificación social».

En términos prácticos, esto significa que los individuos que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos tienen una probabilidad demostrablemente mayor de emitir un voto positivo, aumentando así su peso político efectivo.

La consecuencia inmediata y profunda de este fenómeno es la creación de un «fuerte sesgo de clase» en los resultados electorales.

Este sesgo, insistimos, perjudica directamente a los espacios de representación electoral anclados en la base de la pirámide de estratificación.

Impacta negativamente a fuerzas políticas como el peronismo en Buenos Aires, cuya base de apoyo tradicional se encuentra en los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Por el contrario, el sistema «beneficia a los que se ubican en los estratos medios, medios altos y altos», favoreciendo así a los partidos e ideologías políticas que resuenan con estas demografías más pudientes. 

Esta dinámica reconfigura principalmente el panorama político, inclinando la balanza de la representación hacia la defensa asimétrica de intereses socioeconómicos, en particular los representados por la ultraderecha.

Si bien el sufragio universal garantiza formalmente un voto a cada ciudadano adulto, el «voto calificado estructural» socava exitosamente el espíritu de este principio. 

Implica que el peso político real de las diferentes clases y/o segmentos sociales ya no es igual en la práctica. 

Los votos de los menos vulnerables, que tienen más probabilidades de participar, adquieren un peso efectivo desproporcionadamente mayor en la configuración de los resultados electorales. 

Esto constituye una forma sutil pero potente de privación de derechos, donde existen derechos formales para todos, pero la influencia política práctica está sesgada por el estatus socioeconómico. Este mecanismo crea un círculo vicioso peligroso. 

Si los resultados políticos están cada vez más determinados por las preferencias de los segmentos sociales más acomodados, es muy probable que los gobiernos elegidos promulguen políticas que favorezcan a estos grupos, lo que podría exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes. 

Esto, a su vez, aliena aún más a los sectores vulnerables y desenganchados, solidificando su no participación y afianzando el «voto calificado estructural» como una característica permanente del sistema. 

Se perpetúa así la «farsa electoral» en lugar de desafiarla, lo que lleva a un sistema donde las formas democráticas enmascaran una creciente disparidad en el poder y la influencia política.

La Proscripción de Cristina Kirchner: Un Golpe a la Opción Preferencial de los pobres

El inicio de este artículo subraya el valor estratégico crítico de la decisión de Cristina Kirchner de encabezar la lista peronista en Buenos Aires. Su participación fue considerada una estrategia adecuada para reforzar la «sustentabilidad del actual ejecutivo provincial.

Esto dijimos, se debe principalmente a que la Tercera Sección por sí sola es responsable de aportar la mitad del total de votos del actual oficialismo bonaerense.

La participación activa de Cristina Kirchner en la Tercera sección fue, por lo tanto, percibida como una amenaza para el bloque en el poder ya que el «principal beneficiario» resultaba el peronismo bonaerense, advirtiendo la capacidad única de la líder del peronismo para movilizar una porción significativa del electorado en estado de desconexión y apatía.

El «bloque en el poder», a diferencia de muchos dirigentes incluso peronistas, leyó bien esta circunstancia y buscó impedir activamente la participación electoral de Cristina Kirchner.

Esta obstrucción se manifestó a través de la intervención del «partido judicial» y conllevó una vergonzosa campaña mediática de extorsión sobre la Corte, para que resolviera contra Cristina Kirchner en tiempo y forma, mediante la sentencia de culpabilidad en la no menos vergonzosa “Causa Vialidad”.

Esta circunstancia, repetida en cada coyuntura electoral, sugiere un proceso legal con motivaciones políticas, más que uno puramente jurídico imparcial, cuyo objetivo es influir en los resultados electorales, va más allá de la maniobra política convencional. 

La referencia explícita a un «partido judicial» sugiere una estrategia deliberada para eliminar a un oponente político poderoso por medios no electorales, utilizando eficazmente al aparato judicial como una “extensión” del poder económico dominante, en lugar de “árbitro independiente”. 

Esto socava principalmente los principios de una competencia electoral justa, la separación de poderes y el estado de derecho, difuminando las líneas entre las esferas legal y política. Crea un campo de juego desigual donde los fallos judiciales son percibidos como políticamente motivados. 

Cuando el poder judicial es percibido como un «partido» o una herramienta de «extorsión», la confianza pública en la independencia, la imparcialidad y la integridad de las instituciones democráticas entre ellas la justicia, se erosionan gravemente. 

Esto contribuye significativamente a la «crisis de representación» general y a la percepción de una «farsa electoral», ya que los ciudadanos pierden confianza no solo en la utilidad y equidad de los resultados electorales, sino también en los pilares fundamentales del propio sistema democrático. 

Esta erosión de la confianza puede tener efectos perjudiciales duraderos en la cohesión social y la estabilidad política.

La forzada declaración de “culpabilidad” contra Cristina Kirchner es, en este contexto, una acción directa que angosta las chances electorales del peronismo bonaerense.

Más ampliamente, esta proscripción deja sin derecho a elegir a los ciudadanos que ven en Cristina Kirchner su opción preferencia, un 30% de electores a nivel nacional, y a un notable 45% en la provincia de Buenos Aires.

Es crucial destacar que estos ciudadanos son explícitamente descritos como «mayormente vulnerables», lo que vincula directamente la proscripción política con el sesgo de clase inherente al «voto calificado estructural» y el fenómeno más amplio del desenganche electoral entre los más desfavorecidos.

La combinación entonces de un 45% de ausentismo electoral promedio (con sesgo de clase) y la proscripción de Cristina Kirchner, quien es la opción preferida para el 30% a nivel nacional y el 45% en Buenos Aires (en su mayoría ciudadanos vulnerables), es que una porción muy sustancial del electorado no participa o se le impide votar por su candidato preferido. 

La pregunta que surge es, «¿Qué se elige cuando se elige en este país?», y resulta central analizarla. 

Ciertamente el efecto combinado del alto ausentismo particularmente intenso entre los grupos vulnerables y la eliminación de un líder opositor preferido entre esos mismos segmentos, distorsiona esencialmente el concepto de elección democrática. 

Si un gran segmento de la población, el más postergado, está efectivamente excluido o desempoderado de expresar su voluntad, la «elección» de los candidatos restantes no puede considerarse genuinamente representativa de la población en general. 

Esta confluencia de factores si se sostiene en el tiempo lleva a un sistema de preferencia sesgado, donde por ejemplo, a nivel nacional los «ganadores» lo hagan con un programa de ultraderecha y puedan surgir con una “representatividad” que no supere el 15% del padrón nacional de electores.

Esto implica una forma de «consentimiento modelado» o una «dictadura por otros medios», donde se mantienen las formas externas de la democracia (se celebran elecciones) pero el contenido de la soberanía popular se vacía, ya que un segmento social extenso no es representado. 

Afirmamos en esta dirección que no hay nada de casual en este “voto calificado estructural”: El modelo socioeconómico del gobierno actual solo cierra en dictadura o con restricciones que transforman a la democracia ‘representativa’ en esta farsa que hoy padecemos.

Esta es la implicación más profunda: un autoritarismo funcional o una democracia severamente restringida que se disfraza de gobernanza representativa.

Implicaciones: Democracia Restringida y Modelo Socioeconómico

La pregunta quedó ya planteada: «¿Qué se elige cuando se elige en este país?», y sirve como punto focal para esta sección. 

Encapsula la profunda crisis de legitimidad y representación, desafiando la esencia misma de un proceso democrático real y bajo las condiciones descritas, se obliga a reflexionar sobre si el acto de votar aún supone un mandato popular genuino.

Una consecuencia directa y alarmante del «voto calificado estructural» y la proscripción de figuras claves de la oposición, es la aparición proyectada de candidatos presidenciales etiquetados como «ganadores», que promuevan un programa de ultraderecha.

Es crucial que se insista en que estos «ganadores» lograrán una «representatividad menguada del padrón nacional de electores».

Esta penuria de representatividad revela un grave déficit democrático, lo que indica que un gobierno podría ser elegido y gobernar con el apoyo activo de una minoría estrecha del total de electores habilitados. 

Esta circunstancia es «el sueño húmedo del actual bloque en el poder: Que sólo voten los propios a los propios, lo que sugiere una estrategia deliberada para reducir el electorado y asegurar resultados favorables.

Es indudable que hay un vínculo directo y explícito entre la «farsa electoral» y el proyecto socioeconómico del gobierno de ultraderecha.

Este proyecto económico específico requiere de la baja participación electoral y la proscripción de la principal figura opositora para poder enfrentarse con oportunidades de triunfo a elecciones estratégicas, como las de Buenos Aires. 

Esto implica que el modelo económico no puede soportar un amplio escrutinio democrático. 

El propósito subyacente de estas elecciones distorsionadas, desde la perspectiva del gobierno, es mostrar “a los mercados” que el modelo socioeconómico que hoy que encabeza Javier Milei y conduce Caputo, es “electoralmente sustentable”.

Esta validación externa es crucial para su agenda. La sustentabilidad electoral sesgada y excluyente, a su vez, les permite profundizar la entrega de recursos naturales y la toma de deuda, lo que habilita la articulación entre la manipulación electoral e implementación de políticas económicas específicas, potencialmente impopulares. 

Esta es una observación central: El modelo socioeconómico actual, caracterizado por políticas de entrega de recursos naturales y toma sistemática de deuda, es principalmente incompatible con una democracia verdaderamente representativa y participativa. 

Para que este modelo sea implementado y sostenido, los mecanismos democráticos deben ser restringidos, eludidos o transformados en una «farsa». 

En esta visión, la democracia no es un marco para el desarrollo económico equilibrado, sino un obstáculo para una agenda económica potencialmente impopular.

Concluimos con una advertencia severa y ominosa: La deuda acumulada, facilitada por estas políticas, todos sabemos, finalmente será impagable y desatara otra mega crisis cuyas proporciones son todavía inimaginables.

Esto establece un vínculo causal directo entre la trayectoria económica actual, habilitada por la «farsa electoral», y una catástrofe nacional inminente de una escalada sin precedentes. 

El modelo solo cierra en dictadura o con restricciones que transforman a la democracia ‘representativa’ en esta farsa que hoy padecemos.

Esto no es simplemente una crítica, sino una tesis: El actual proyecto político-económico inherentemente necesita un estado crecientemente autoritario para implementar su agenda, es demandante de un consenso no sesgado. 

La «farsa electoral» no es, por lo tanto, una disfunción accidental, sino una adaptación estructural deliberada diseñada para eludir la rendición de cuentas democráticas e imponer una visión económica específica, perjudicial para amplios sectores ciudadanos.

Resumiendo: La Consolidación de la «Farsa Electoral»

El sistema electoral argentino ha consolidado definitivamente un «voto calificado estructural». Este cambio se presenta como el resultado acumulativo de varios factores interconectados: un ausentismo electoral generalizado y elevado, particularmente agudo entre las poblaciones socialmente vulnerables.

Un sesgo de clase pronunciado evidente en los patrones de votación positiva, donde los estratos socioeconómicos más altos ejercen una influencia desproporcionada; y la «proscripción» estratégica de figuras opositoras influyentes en particular sobre segmentos vulnerables, como es el caso de Cristina Kirchner.

Estos elementos convergen para producir una democracia que, si bien mantiene la apariencia externa de representación, ha degenerado efectivamente en una «farsa», donde la voluntad popular genuina se diluye o elude sistemáticamente.

La consecuencia inmediata de este sistema distorsionado es un panorama político donde los «ganadores» que defienden agendas de ultraderecha pueden ascender al poder con niveles alarmantemente bajos de representatividad, potencialmente no superando el 15% del padrón nacional de electores antes del ballotage que los suplementará parcialmente.

Esto destaca un grave déficit democrático, donde la voluntad de una minoría puede dictar la política nacional. 

Este escenario, en el que el proceso electoral se manipula para asegurar que «solo votan los ‘propios'», se identifica explícitamente como el «sueño húmedo del actual bloque en el poder».

Esto sugiere un objetivo estratégico deliberado detrás de las distorsiones electorales como el ausentismo y las proscripciones.

La comparación explícita del ausentismo del año 2025 con el «voto rechazo» del año 2001, se combina con la una deuda «impagable» que conducirá a «otra mega crisis». 

Existe un patrón histórico discernible en el que el desenganche y la distorsión electoral significativa preceden a las principales crisis nacionales. 

El comportamiento electoral pasado (específicamente en el año 2001) es una «guía» para comprender el sentido de la actual «crisis de representación».

Esto implica que las distorsiones electorales actuales (alto ausentismo y el «voto estructural calificado» junto a la proscripción) no son meramente síntomas de una crisis política existente, sino más bien indicadores o precursores potentes de un colapso más profundo económico y social. 

La «farsa electoral» actúa así como una alarma anticipatoria, señalando una inestabilidad sistémica más amplia que podría reflejar o incluso superar la experiencia crítica del año 2001.

La advertencia final y más grave del trabajo presente es que el modelo socioeconómico actual, que es habilitado por la «farsa» electoral, es inherentemente insostenible. 

Predice que este camino conducirá a una deuda que, todos sabemos, finalmente será impagable y desatará otra mega crisis cuyas proporciones son todavía inimaginables.

Esta declaración final subraya un vínculo causal profundo: la manipulación política del sistema electoral no es simplemente una falla democrática interna, sino un precursor directo de una crisis nacional integral, que abarca dimensiones económicas, sociales y potencialmente políticas. 

Un modelo económico que, por su propia naturaleza, requiere restricciones democráticas conduce a distorsiones electorales. 

Estas distorsiones, a su vez, permiten la implementación de políticas (como la acumulación de deuda insostenible y la extracción de recursos naturales) que están inherentemente destinadas a causar otra «mega crisis». 

Se crea un ciclo perpetuo en el que la democracia es continuamente socavada o vaciada, para sostener una agenda económica en última instancia insostenible, lo que lleva a un estado persistente de «farsa electoral».