Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el gobierno de Javier Milei difundió un mensaje oficial contra los feminismos con agravios y datos falsos. En tanto, durante la gestión libertaria se registró un aumento de los femicidios en Argentina -con un promedio de una víctima fatal cada 33 horas en 2025- y un marcado retroceso en políticas de género, incluyendo el desmantelamiento de programas de asistencia y prevención. Organizaciones como Amnistía Internacional y observatorios especializados advierten que la reducción de recursos estatales dejó a mujeres y diversidades más expuestas a la violencia.
En este marco, a través de la cuenta de la Casa Rosada en X, se publicó un video que cuestiona la existencia de “estructuras políticas millonarias” y acusa a las políticas de género de ser una “estafa”. El mensaje sostiene que la creación del Ministerio de la Mujer en 2019 no fue un avance, sino “el comienzo del saqueo”, deslegitimando una conquista histórica de los movimientos feministas. En paralelo, el gobierno utilizó ejemplos de causas judiciales contra dirigentes políticos para reforzar su narrativa de desprestigio hacia las políticas de género.
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El ajuste del gobierno de Milei contra mujeres y disidencias
Sin embargo, los datos muestran una realidad alarmante: en 2025 se registraron 262 víctimas fatales por violencia de género, un incremento respecto a 2024. Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, hubo un femicidio cada 36 horas en los primeros ocho meses de 2025, lo que evidencia un agravamiento de la violencia.
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La Casa del Encuentro también reportó que, en promedio, se producen cinco femicidios por semana en Argentina, cifra que se mantiene en 2026. Estos números reflejan que, lejos de mejorar, la situación de las mujeres y diversidades se deterioró durante la gestión de Milei. Organizaciones sociales señalan que el desmantelamiento de programas de asistencia y prevención fue un factor determinante en este retroceso.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno bloqueó el acceso a la salud sexual y reproductiva, dejando de comprar insumos para garantizar el derecho al aborto. Además, se redujo el financiamiento de la Línea 144, herramienta clave para la atención de víctimas de violencia de género.
En este contexto, el 8M se convierte en una jornada de denuncia contra el gobierno, que no solo recorta programas sino que además estigmatiza a los movimientos feministas. La movilización convocada desde el Congreso hasta Plaza de Mayo busca visibilizar que, mientras el Ejecutivo ataca con agravios y datos falsos, las mujeres y diversidades enfrentan un escenario de mayor violencia y menos derechos.
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