La provincia gobernada por Leandro Zdero registra uno de los salarios docentes más bajos del país. Así lo revela un informe de la Fundación Libertad, basado en datos del Ministerio de Capital Humano de marzo de 2026. El análisis que se difundió este mes tomó como referencia el salario bruto de un maestro de grado de Educación Primaria con jornada simple y diez años de antigüedad, cargo para el cual el promedio nacional se ubicó en $1.199.964.
En la cima del ranking se posicionan Neuquén con $2.296.123; Santa Cruz con $1.818.697, y Tierra del Fuego con $1.561.921. Luego sigue Córdoba con $1.447.030; Río Negro con $1.357.243; Santa Fe con $1.353.706 y San Juan con $1.345.549.
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La brecha en el NEA también se evidencia al medir el poder de compra. Un relevamiento de la consultora Empiria, basado en datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, situó a Chaco y Corrientes entre las provincias donde el salario docente tomado como referencia alcanza para cubrir el equivalente a solo 3,5 canastas básicas.
Cinco cláusulas gatillo sin aplicar
Los educadores de la provincia del Chaco continúan en un litigio legal contra el mandatario provincial. Con sueldos pulverizados, y cinco cláusulas gatillo no aplicadas, el reclamo salarial se mantiene en el Poder Judicial y alcanza a 45 mil trabajadores de la educación.
Implementada en Chaco a partir de 2019 durante la gobernación de Jorge Capitanich, la cláusula gatillo surgió como una herramienta de ajuste automático para proteger las escalas salariales del magisterio frente a la carrera inflacionaria del IPC. Pero su aplicación se interrumpió formalmente en junio de 2025 bajo la gestión de Zdero, lo que se transformó en la principal causa de tensión con los sindicatos de la educación.
En diálogo con Radio Libertad, el secretario de Coordinación Económica de Chaco, Guillermo Agüero, dijo que la cláusula "no será abonada al sector docente", dado que "no hay condiciones fiscales para sostener aumentos sin poner en riesgo los servicios básicos esenciales". La medida despertó una reacción inmediata por parte de los gremios quienes denuncian incumplimiento de acuerdos y anticiparon medidas de fuerza.
A la fecha, con la liquidación de agosto ya procesada, la dirigencia sindical señala que se omitieron cinco pautas consecutivas de actualización. Este escenario motivó a los gremios y sectores de la oposición a calcular un retroceso salarial cercano al 40%, aunque dicho porcentaje responde a estimaciones sectoriales y no a mediciones oficiales del Poder Ejecutivo.