Mientras se profundiza la crisis social y económica, y a contramano de las promesas en off the record de sus funcionarios, el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con las auditorías de las pensiones por discapacidad, diseñadas durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con el confesado y espurio objetivo de recortar al máximo posible la cantidad de beneficiarios.
En medio del escándalo y la investigación judicial por el presunto esquema de coimas que, desde la Andis y a partir de sobreprecios en los medicamentos para personas con discapacidad, llegaba a la Casa Rosada, el Gobierno había dispuesto una suspensión de las auditorías nunca confirmada oficialmente pero sí anunciada internamente entre los trabajadores de la Agencia y promocionada en la prensa hace dos semanas a través de declaraciones extraoficiales. Poco más de dos semanas después de aquella decisión, el panorama volvió a cambiar.
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A fines de la semana última, cuando el dólar escalaba al techo de la banda y el Banco Central de Santiago Bausili se colaba en el podio argentino de venta de reservas de la historia reciente, los trabajadores de la Andis recibieron la novedad: "Vamos a seguir dando de baja pensiones", les avisaron. La presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2026 había dado una pauta: en ese texto, el Gobierno prevé que entre este año y el próximo habrá 155.606 pensiones menos (sobre un total de 1.133.549 en la actualidad).
En paralelo, este lunes, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su ejecución, luego de que ambas cámaras del Congreso hayan rechazado el veto presidencial. Por lo que la situación para las personas que perdieron y podrían perder su pensión en lo que va de la gestión libertaria aparece cada vez más compleja, tanto política como judicialmente. Ni el Congreso logra -por ahora- revertir la situación para ellos. En la única provincia adonde por ahora la Andis va a desandar las bajas ya definidas es en Formosa, donde una presentación judicial de la Defensoría del Pueblo respaldada por la provincia logró la orden de restitución de más de 14.500 pensiones que el gobierno nacional debería haber reinstalado hace más de un mes y que recién está empezando a devolver estos días.
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"El proceso de auditoría continúa", les informaron en las últimas horas las autoridades de la intervención a los trabajadores de la Andis, según contaron fuentes de la Agencia a El Destape. Tras las revelaciones sobre cómo esas auditorías estuvieron diseñadas para que las personas con discapacidad no puedan aprobarlas y el detalle de cómo las notificaciones eran enviadas a domicilios inexistentes o desactualizados, las nuevas autoridades insistieron despreocupadamente ante los trabajadores: "El concepto es que si no le llegó la notificación, el pensionado dejó de cobrar, por lo que se va a presentar lo mismo".
Una novedad de la nueva etapa de auditorías pasa por el convenio que firmaron la Andis y el PAMI, para que sea la obra social de los jubilados y pensionados la que lleve adelante las evaluaciones en todo el país. El involucramiento de una tercera institución en el esquema implica que Andis le envía a PAMI los listados de pensionados a auditar, PAMI le devuelve a Andis los turnos asignados, Andis los comunica a los beneficiarios que luego se tienen que presentar ante PAMI o eventualmente alguna dependencia subcontratada por PAMI para ser auditados.
El eslabón clave de la cadena continúa siendo la notificación. Un resorte que continúa en manos de Andis y que hasta aquí logró el recorte de 111.463 pensiones porque, principalmente, sus beneficiarios nunca se enteraron de la notificación para presentarse a la auditoría. Y en esta etapa, como en la anterior, "a aquellos que no se presentan a revalidar sus estudios se les suspende la pensión", informaron las autoridades de Andis.
En medio de todo, además, el desbande interno en la Agencia podría complicar las cosas. Tras la salida de Spagnuolo, la intervención, la investigación judicial y los despidos y reasignaciones de sedes y funcionarios, los sistemas informáticos de la Agencia están paralizados por la renuncia en muy malos términos de uno de sus responsables. Es decir que el Gobierno continúa avanzando en dar de baja pensiones pero por estos días no podrá concretar el paso administrativo para anularlas hasta que no logre que vuelvan a funcionar los sistemas que dejó inútiles un empleado enojado.
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