En un contexto sumamente complejo por el conflicto entre la Policía de Santa Cruz y el Ejecutivo provincial, el diputado Carlos “Carloncho” Godoy (Unión por la Patria) apuntó contra la administración de Claudio Vidal por la tensión y la prolongación del reclamo: “Hay un ministro de Seguridad y un secretario de Estado de Trabajo que tendrían que haber ejercido el rol de mediadores para acercar a las partes", aseguró.
Durante semanas, el conflicto estuvo atravesado por decretos, intimaciones, amenazas de sanciones y denuncias contra policías autoconvocados. Tras el rechazo definitivo de las propuestas gubernamentales en el ámbito del Consejo del Salario, la negociación no logró alcanzar una firma de conformidad conjunta.
Luego que la gestión de Vidal oficializara un aumento salarial por decreto, los agentes elevaron las medidas en Río Gallegos y siguen encadenados frente a la Casa de Gobierno, en el marco de un invierno con temperaturas bajo cero y lluvias.
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De esta manera, Godoy apuntó contra el gobernador Vidal por la falta de diálogo. "Esto no sucedió y demuestra responsabilidades políticas de funcionarios que no estuvieron a la altura de las circunstancias”, señaló en una entrevista con el programa La Bisagra (Tiempo FM).
El legislador provincial advirtió que el levantamiento de protestas en algunas localidades no responde a un acuerdo, sino al desgaste económico de los agentes, quienes dependen del cobro de horas extraordinarias para cubrir la canasta básica, la provincia tiene el changuito más caro del país. Asimismo, instó al Gobierno provincial a no aplicar sumarios administrativos contra los manifestantes.
Cuestionamientos a la Emergencia Habitacional y la retención de fondos a las intendencias
Respecto a la convocatoria a sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar la declaración de la Emergencia Habitacional, Godoy consideró que la medida refleja una “desesperación e improvisación” por parte del Ejecutivo.
Entre los principales argumentos expuestos por el parlamentario destacan la falta de rendición de cuenta, ya que "en emergencias anteriores otorgadas por la Legislatura no se presentaron los informes ni balances correspondientes".
También expresó su rechazo a otorgar facultades delegadas que permitan contrataciones directas para obras de infraestructura, al señalar que esto diluye los controles del Estado a través del Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo.
El cuestionamiento sobre el manejo de los fondos públicos se profundiza aún más con la reciente decisión judicial que autoriza al gobernador a recortar recursos a los municipios. Los jefes comunales alertaron por el descuento de la coparticipación que afectará directamente al pago de los salarios de los trabajadores sin contemplar la crisis de distintos servicios y la obra pública.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aseguró que el descuento del 20% de la coparticipación planteada por el gobernador impediría afrontar el pago de los haberes, más a allá de la crisis de funcionamiento de distintos servicios y la obra pública.
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