A una semana de que la convención encargada de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe comience sus labores, los contactos entre los diferentes espacios políticos se profundizan: entre lunes y martes se concretarán encuentros formales para pulir detalles y lograr los últimos acuerdos.
El 13 de abril pasado, el electorado santafesino eligió a los 69 convencionales que tendrán la histórica misión de modificar la Carta Magna santafesina, vigente desde 1962. Entre los convencionales electos se encuentran figuras de peso político, incluido el propio gobernador Maximiliano Pullaro, legisladores nacionales, ministros y dirigentes de distintos espacios del peronismo, socialismo, el PRO y La Libertad Avanza (LLA).
El cuerpo está integrado por 33 representantes de Unidos para Cambiar Santa Fe: el oficialismo provincial ganó en los 19 departamentos de la provincia por Distrito Único y se impuso en 13 de las 19 pujas departamentales, quedando apenas a dos escaños de alcanzar el quórum propio en la futura convención.
La segunda fuerza más votada fue Más para Santa Fe, la alianza conformada por el Partido Justicialista y encabezada por Juan Monteverde, quien se impuso en las últimas elecciones municipales en la ciudad de Rosario. El espacio que lideró logró ocho convencionales provinciales y cuatro departamentales, gracias a la reelección de senadores justicialistas en Vera, Castellanos, Las Colonias y San Lorenzo. En total, Más para Santa Fe dispone de 12 representantes en la Convención.
Por su parte, LLA alcanzó los 10 convencionales: 8 por distrito único y 2 por departamentos, con victorias clave en Rosario y Belgrano, donde se impusieron a los actuales senadores de Unidos. En cuarto lugar, Somos Vida y Libertad, liderado por Amalia Granata, accedió a 7 bancas. También lograron representación Activemos, espacio que comanda el senador Marcelo Lewandowski, con 4 convencionales, y Frente de la Esperanza, encabezado por Alejandra "Locomotora" Oliveras, que ingresará con 3.
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Si bien Pullaro logró un triunfo importante, su cosecha no le alcanza para tener mayoría propia en el cuerpo que reformará la Constitución y deberá negociar con sectores opositores para aprobar los artículos clave por consenso amplio. En paralelo al trabajo técnico sobre el reglamento y los posibles artículos, surgen diferencias entre las fuerzas sobre temas sensibles como la movilidad jubilatoria, la Justicia, el régimen de autonomías municipales y la inclusión de nuevos derechos.
Según confirmó el medio AIRE, este lunes se llevará a cabo una reunión entre los convencionales del PJ, en la que se ultimarán posiciones. Luego, dos representantes del espacio participarán de un encuentro con convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe.
La Constitución establece que los convencionales no pueden exceder los 60 días de labor desde su constitución. Por eso, la convención concluirá —sin prórroga— el 12 de septiembre de 2025. En caso de necesitar una extensión, deberá aprobarse en el pleno por mayoría. Finalizada la etapa de deliberación, la Convención podrá sancionar una nueva Constitución o modificar la actual, artículo por artículo. Luego, se espera su publicación oficial y entrada en vigencia antes de fin de año.
Reelección del Gobernador en Santa Fe: cuestionamientos de la oposición a Pullaro
La inclusión en el texto constitucional de la posibilidad de un segundo mandato consecutivo para quienes ocupan la gobernación y la vicegobernación fue uno de los asuntos centrales en la campaña electoral de las elecciones de abril y será de los temas más discutidos durante la Convención constituyente. Santa Fe es una de las dos únicas provincias que permite un sólo período para los máximos cargos ejecutivos, además de Mendoza.
La discusión será en dos sentidos: en primer lugar, se debatirá sobre la habilitación para que quien ocupe la gobernación pueda permanecer dos períodos consecutivos. Sobre este punto hay consenso entre las principales fuerzas políticas. Lo que abrirá mayores discusiones es si el actual mandatario radical estará habilitado para ser el primero que pueda buscar su reelección.
De esta manera, habrá una férrea disputa, ya que los principales espacios opositores rechazan esa alternativa con el argumento de que Pullaro juró con la Constitución vigente, que no permite la reelección, por lo que en 2027 no podría competir otra vez por el mismo cargo.
Cuáles son los temas clave que se debatirán en la convención constituyente
La nueva Constitución incorporará el voto a partir de los 16 años. En Santa Fe se permitió el denominado voto joven recién en 2023. Hasta ese momento estaban habilitados para sufragar en elecciones nacionales, pero no en los comicios locales. Ese derecho quedará finalmente incorporado a la Carta Magna.
Asimismo, se buscará darle rango constitucional a la ley de Ficha Limpia, aprobada en Santa Fe en noviembre de 2022 tras un proyecto presentado por el senador provincial Felipe Michlig (UCR). La normativa actual impide candidaturas en el caso de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la libertad o femicidios. Mientras que también se debatirá sobre la eliminación de fueros, un tema que generó debates en los últimos años a partir de la investigación que se abrió contra el senador provincial Armando Traferri.
Otro tema caliente que genera alto interés en la política de toda la provincia es el régimen municipal que quedará establecido en la nueva Constitución. La autonomía podría permitir a las ciudades avanzar con independencia en asuntos administrativos, económicos, institucionales y políticos. Sin embargo, la provincia no podría ceder competencias a los municipios si no los dota de los recursos necesarios, por lo que el nudo del debate estará centrado en quién paga por ese profunda modificación.
En tanto, queda por debatirse el mecanismo para remover jueces que no están involucrados en un juicio político. Podría crearse un tribunal para juzgarlos con representantes de los tres poderes del Estado, además de ámbitos como el académico y colegios de profesionales. También se debatirá el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de Defensa, su autonomía funcional y autarquía financiera.
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